Andrés Navarro, el mecenas ofendido de Lagos

La interpelación, hecha por Andrés Navarro, al ex presidente, Ricardo Lagos, donde le recordaba el haber aportado económicamente a su campaña, vuelve al tapete la necesidad de transparentar el financiamiento de las campañas políticas, para evitar la confusión de intereses.

En nuestro país no existe transparencia en el financiamiento de las campañas políticas, por lo que no se sabe quienes entregan dinero, en cuánta cantidad y tampoco se sabe quienes lo reciben y en qué lo usan.

La interpelación hecha por Andrés Navarro a Lagos, demuestra que existe una alta posibilidad de que esta falta de transparencia, termine por anteponer intereses particulares por sobre el Bien Común.

Lo central sin embargo, es que los votantes comunes y corrientes, aquellos que carecen del poder y dinero suficientes, se encuentran en una clara desventaja en varios sentidos:

-En primer lugar, en cuanto a la elección misma, pues el nivel de información, entre el elector común y el financista, es profundamente asimétrico, lo que implica que los últimos tendrán más posibilidades de elegir un candidato acorde a sus intereses en comparación a los primeros, que sólo estarían eligiendo en base a la buena fe.

-Segundo, como financistas y candidatos manejan mayor información mutua y de relevancia, en comparación al elector común, la representatividad de los últimos en cuanto a sus intereses será más débil que la de los primeros, lo que claramente es profundamente antidemocrático.

-Tercero, y quizás lo más grave es que las asimetrías de información y capital, terminan por favorecer a quienes más dinero puedan donar, entregándoles la posibilidad de ejercer mayor presión sobre los candidatos una vez electos, en favor de sus intereses particulares y personales, en desmedro del interés común y colectivo. Es decir, se constituye una Plutocracia.

En definitiva, el mecenas político adquiere la posibilidad de presión previa y posterior con respecto a un candidato, es decir en su condición de candidato y de funcionario público, lo que genera mayores probabilidades de corrupción, clientelismo, concesiones poco transparentes, pagos irregulares y nepotismo.

Por lo mismo, se hace necesario limitar el nivel de gasto electoral y transparentar el financiamiento de las campañas, dando a conocer públicamente quienes son los financistas, a quienes entregan dinero, en qué cantidades y con qué fines.

Sólo así podremos saber si nuestros políticos y candidatos electos, legislan y actúan en base a principios, ya sea éticos o legales, y no en base a la cantidad de dinero que quieren asegurar para la próxima reelección o para sus bolsillos, defendiendo los intereses de sus mecenas.

América Latina, Mercado y Estado

Actualmente en Latinoamérica, la matriz Neoliberal -originada a partir del desmantelamiento del modelo Estatal/Popular- se encuentra ante una revaloración de este último, debido a las demandas sociales, políticas y económicas que no ha logrado resolver del todo.
El proceso de transformación del Estado, iniciado por el paso desde una matriz estatal/popular -característica a mediados de los 50´ del siglo pasado- a una neoliberal, a través de las políticas de liberalización y desmantelamiento iniciados en los 7º´, implicó que la política pierda su lugar privilegiado como eje fundamental de la sociedad.
El Estado dejó de ser el centro constitutivo de lo social, en base al principio que planteaba que sería el modelo económico -y no la actividad política ejecutada a través del Estado- el que en definitiva resolvería las demandas sociales, políticas o económicas, no resueltas por la antigua matriz estatal-popular.
En otras palabras, la nueva matriz centraba en el tipo de modelo económico, el Mercado, -sin importar el tipo de modelo político- su eje para la resolución de los problemas sociales.
En este sentido, el Estado sólo debía ser el garante de la implantación del nuevo modelo económico y no un actor importante en la resolución de dichas demandas a través de sus políticas públicas.
Por lo tanto, ya no se esperaba del Estado mismo ni de los partidos políticos, sino del Mercado como modelo en sentido global, la resolución de los problemas sociales como la pobreza.
Sin embargo, lo que en principio buscaba romper la relación de dependencia entre los ciudadanos, los partidos y el Estado, para resolver dichos problemas, en muchos casos terminó por generar profundos problemas de representación política y desigualdad económica.
Esto ha incentivado en el último tiempo crecientes demandas por redistribuir el poder económico, político y social en Latinoamérica, debido a los problemas sociales que aún aquejan a millones en el continente, lo que se traduce en la incapacidad de resolverlos, por parte de la matriz imperante.

Esto incide en el surgimiento de una revaloración por parte de algunos actores, de la antigua matriz estatal-popular, a través de la cual plantean reasignar al Estado el rol como centro de lo político y social, para el desarrollo de reformas para la resolución de las demandas sociales.
En muchos casos, se plantea incluso una reversión total del modelo económico, y por lo tanto, de todo el eje social, constituido a partir de la nueva matriz socio-política, lo que genera asperezas entre quienes buscan mantenerlo y quienes propugnan cambios, ya sea profundos o superficiales.

Se produce la pugna entre la política -materializada en la institución del Estado- y la economía -materializada en el Mercado- en cuanto a la preponderancia e importancia para resolver los problemas sociales no resueltos.
Es probable que esta revaloración continué su expansión mientras las demandas políticas, económicas y sociales no sean del todo resueltas.
El dilema de todo esto es cómo generar una conjunción entre el papel del Estado como eje social, y un modelo de Mercado que genere equidad distributiva, dentro de un marco donde se respeten las libertades y derechos individuales, sin caer en la cooptación, el clientelismo, la corrupción y el anquilosamiento político o económico.

Justicia como Equidad o Cohesión Social ¿Qué va primero?

La XVII Cumbre Iberoamericana de Naciones, tiene como principal desafío el compatibilizar crecimiento económico, con mejores democracias y mayor equidad social. Sólo así se podría alcanzar una verdadera Cohesión Social.

Actualmente, en muchos sentidos América Latina carece de cohesión social; a nivel de acceso a bienes básicos, educación, atención médica, o participación política es claramente escasa, incluso a nivel de barrios, la segregación es notoria.
El lema de la actual Cumbre, donde se congregan diecinueve Estados de América Latina, además de España, Portugal y Andorra, es la Cohesión Social. En este sentido, la pregunta clave es:

¿La entienden de la misma forma todos los asistentes a la Cumbre?

La respuesta es no, pues parecen existir dos usos en pugna constante acerca de lo que implica la Cohesión Social, basados en la constatación del consenso y el conflicto en la sociedad.

En el primer uso, la cohesión social se traduce en una visión que prioriza ciertas libertades -no todas- y se centra en el desarrollo económico, descuidando gravemente otras fuentes importantes para la libertad y el desarrollo de una nación.

Lo anterior se traduce en rigidez institucional y social, donde se termina por mantener las condiciones actuales, desiguales y poco inclusivas, dentro de marcos legales, económicos, políticos y estatales, supuestamente legítimos y naturalizados, sin propiciar cambios beneficiosos ni profundos a nivel social.

En este sentido, discursivamente se hace constante omisión del conflicto social que genera el problema de la desigualdad, sin afrontarlo ni corregirlo, ya sea para mantener las estructuras económicas, los privilegios o simplemente para mantener en el poder político.

La Cohesión Social se traduce entonces en una esquizofrenia del consenso-conflicto, puesto que cualquier intento por reformar algún aspecto de lo social, económico o político que genera roces, es considerado conflictivo y riesgoso para el Estado de Derecho, la Libertad, el desarrollo económico, para el consenso social que en realidad no es tal.

Este primer uso, valora la estructura de una sociedad estratificada, donde ciertas elites controlan y dirigen todas las esferas del poder, las cuales hegemonizan, mientras el resto de la sociedad queda dispuesto a sus decisiones, mediante un falso consenso electoral.

El segundo uso tiene relación con la pretensión -en muchos casos radical- de ampliar las esferas del poder político, económico y social, por ciertos sectores de la sociedad, originado por la mala distribución de la riqueza, la desigualdad social, económica y política.

En este sentido, siempre está relacionado al primero, puesto que surge como respuesta ante el anquilosamiento y la falta de instancias de diálogo y acuerdos entre los diversos actores sociales, debido a la poca inclusión política y social.

Por lo mismo, la Cohesión Social también se hace parte de la esquizofrenia del consenso, puesto que éste segundo uso, pasa a convertirse en un discurso debilitado por las elites dominantes, lo que genera una radicalización del mismo.

En muchos casos este discurso, puede agudizar o desencadenar el conflicto social de forma aguda, lo que en definitiva termina por hacer imposible la cohesión, pues terminan por agotarse los incentivos para su desarrollo, por parte de los actores que pueden generarlo.

Ambos discursos conviven en una misma situación social de consenso-conflicto, haciendo que la verdadera Cohesión Social no se desarrolle.

Justicia Distributiva
Podemos decir entonces, que la Cohesión Social no debe ser entendida como una sociedad estratificada, ni tampoco como una sociedad militarizada, sino más bien como una donde las diferencias sociales y económicas entre los sujetos sean bajas, pues existen oportunidades y accesos iguales para toda la población. En definitiva, una sociedad equitativa y desarrollada.

Lo anterior no implica que, como algunos ignaros mal entienden, todos deban ganar el mismo dinero o perder su propiedad, sino más bien que se desarrollen prácticas, instituciones e instancias donde se ejerza la cohesión social, en un marco cooperativo, solidario y también competitivo.

La Cohesión Social entonces, requiere el desarrollo de la Justicia, entendida como equidad, siguiendo a John Rawls. Es decir, se hace posible sólo en un escenario equitativo y sin desigualdades sociales, económicas y políticas profundas.

Lo anterior, porque las fuentes de conflicto social, han sido disminuidas o abolidas, dentro de un sistema donde, tanto la libertad como la igualdad de los sujetos, están garantizadas.

Pastilla del día después: Libertad de conciencia para no venderla, pero sí para fabricarla

En las últimas semanas se ha hablado a destajo de la “libertad de conciencia” para plantear que el Gobierno chileno estaría en contra de ésta, al obligar a las farmacias a tener en su stock de productos, la llamada Píldora del día después. Lo contradictorio es que ninguno de los que cuestiona la medida, critica a los laboratorios por fabricarla.
Cuando el Ministerio de Salud amenazó con sancionar a las farmacias que se negasen a vender la Píldora del día después- por estar dentro del Formulario Nacional de Medicamentos- lo primero que algunos hicieron para criticar la medida, fue hacer mofa de la tremenda sintonía, que dijo tener la Presidenta Bachelet, con el Papa luego de su visita al Vaticano.

Incluso algunos, que antes pedían aplicar el máximo rigor de la ley, acusaron de dictatorial la medida por su carácter de obligatoria.
El principal argumento, utilizado a destajo por quienes criticaron la orden del Ministerio de Salud, ha sido hablar de la libertad de conciencia, a la que tendrían derecho las farmacias –aún cuando éstas en realidad no la tienen por ser personalidades jurídicas y no naturales-.
El argumento parece ser eficaz pero es profundamente contradictorio en varios puntos:

Primero, es extraño que los dueños de las farmacias, sí tengan las píldoras guardadas en sus bodegas, aún cuando no tenían pensado venderlas por un tema de “conciencia”. Sería como tener droga guardada para venderla, aunque en realidad no quiera.

Segundo, muchos han confundido la libertad de conciencia con la de empresa, aunque en ningún caso se ha pasado a llevar la segunda, puesto que no se obliga a vender, sino que a tener en el stock de productos disponibles. No se obliga ni a promocionar, ni a ofrecer, sólo a tenerla disponible para quien la solicite.

Tercero, se ha dicho que la orden no tienen respaldo legal, y que exigir un stock de productos, no tiene valor, lo que estaría dejando al arbitrio del Estado y no del público qué se vende y qué no.

Este argumento, es de doble filo, puesto que si se le resta importancia a la normativa emanada de la autoridad, entonces se abre la posibilidad de que arbitrariamente en el futuro, las farmacias se nieguen por diversas motivaciones ideológicas o económicas, a vender otros medicamentos, poniendo en riesgo la vida de las personas.

Cuarto, los espontáneos defensores de la libertad de conciencia, en ningún caso han cuestionado a los laboratorios y farmacéuticas que fabrican el producto, que –bajo un razonamiento lógico- serían los principales culpables por hacer que exista la Píldora.

Sin embargo, hacerlo demostraría que en muchos casos, son los privados, y no el Estado, los culpables de ciertos males, lo que haría estragos en su discurso anti-Estado, intervención y regulación.

Más débil se vuelve el argumento -sobre todo para criticar la tremenda sintonía de Bachelet con el Papa- si se considera que el 29 de octubre el mismo Pontífice se reunió con los químicos farmacéuticos del mundo, para defender la libertad de conciencia.
Lo contradictorio es que es muy probable que estuvieran representantes de los grandes laboratorios, que en ningún caso han suspendido la producción de la Píldora para luego comercializarla, aún después de haber estado en el Vaticano.

Tremenda sintonía entre las farmacéuticas y el Papa.

La confianza en la Medicina agoniza

Actualmente, la actividad médica ya no concibe al enfermo como paciente, sino como consumidor, haciendo que las bases filosóficas y éticas en que se sustentaba la Medicina, como la confianza, la filantropía y el compromiso ético, estén perdiendo fuerza.

Antiguamente, la relación entre paciente y médico se basaba en la confianza que depositaba el primero con respecto al segundo, en cuanto a su propia vida. Es decir, la Medicina surgió como un acto de buena fe entre los seres humanos, donde lo que se transaba en términos simbólicos, era el bien más preciado que tiene un ser, la vida.

Esa transacción no significaba la perdida de la existencia por parte del enfermo, sino su retorno y recuperación, a través de la ayuda del sanador, curandero o médico.

El enfermo entonces, bajo absoluta confianza como receptor de la atención médica, se volvía un sujeto pasivo con respecto a su propia salud y vida, delegándole a otro sujeto activo la tarea de mejorarla y preservarla.

En ningún caso este proceso estaba mediado por transacciones monetarias específicas, sino más bien simbólicas como el prestigio, la buena fe, cuyo fin esencial era la sobrevivencia.

Vida sin cheque en garantía
El paso desde la concepción de pacientes a clientes, plantea una ruptura en la base fundante de dicha relación entre médicos y personas, al desvanecer la idea de compromiso permanente, desinteresado y focalizado en un único fin -preservar la vida- por parte de los primeros, y un vacío en cuanto al valor del sujeto mismo como receptor de la Medicina.

Lo esencial, es que el nuevo consumidor de salud, queda en un limbo entre su antiguo epíteto de paciente y su nueva condición de cliente, debido a que se mantienen las estructuras simbólicas y discursivas de la relación entre paciente-médico, pero dentro de un marco institucional donde la base de dicho nexo no es la vida en sí, sino la transacción de un bien material o monetario.

La relación médico-paciente, originalmente basado en la buena fe y la primordial mantención de la vida, se convierte en un nexo contractual definido esencialmente por la capacidad de pago del paciente.

El médico entonces ejerce su ética y responsabilidad, no en base a la vida de sus pacientes, sino más bien en base al pago que éstos generan para recibir atención médica.

En el ámbito de las consultas particulares, ésta noción se exacerba, generando vacíos en cuanto a los derechos a los que debe acceder todo paciente, como consumidor, y los deberes del médico con éstos, desde el respeto y buen trato hasta una atención ética por parte de los facultativos y su equipo en general.

En este sentido, el paciente, aunque ahora es considerado un consumidor, en la práctica carece de los instrumentos legales, institucionales y discursivos para ejercer tal condición.
En otras palabras, en cuanto a sus derechos, el paciente es aún considerado un sujeto pasivo, impedido de ejercerlos y reclamarlos.

Esa es la contradicción del discurso médico imperante.

Política, Presidentas y Discurso de Poder

Más allá de las evaluaciones y consideraciones que existan en torno a sus liderazgos y gobiernos, la existencia de mujeres presidentas en Latinoamérica, indica que el discurso del poder, esencialmente masculino, está en transformación.

Primero fue Michelle Bachelet, y ahora Cristina Fernández. La elección de la última como presidenta de la República Argentina, demuestra que las bases constitutivas del discurso del poder están cambiando en todo el continente.

A diferencia de lo que algunos piensan, la elección de la señora K, como presidenta dista mucho de la situación de Evita Perón. Esto, porque la segunda, desenvolvió su cargo en una época donde ejercían supremacía total los parámetros discursivos de poder de orden masculino.

Cristina Fernández, al igual que Bachelet, también opera bajo dichos parámetros, aunque ahora éstos son atravesados por diversos discursos que plantean una desestructuración de sus bases constitutivas como eje del actuar político.

Lo anterior no implica que algunos aún conciban la Política como una actividad de exclusividad para los hombres, sino más bien, que la Política se vuelve volátil como significante, en cuanto a cuáles son las formas en que se lleva a cabo, y quienes son sus legítimos sujetos de acción.

En otras palabras, se produce la pugna por definir del discurso Político en cuanto al poder en base al género.

En este sentido, como hablamos de un discurso que se vuelve relativamente volátil, no podemos referirnos en términos absolutos a las posiciones que juegan los actores en torno a éste, menos aún basándonos en su género.

Así, en muchos casos veremos que las mujeres ejercen con mayor fuerza una actitud definida como "machista", tratando de llevar la política a sus parámetros tradicionales. En otros, veremos que los hombres, visualizan cómo algo positivo potenciar el balance de género en cuanto a definir los nuevos parámetros en que se actúa en Política.

La actividad política puede verse fortalecida o debilitada por esta transformación discursiva; y eso dependerá de la capacidad de los actores de visualizar los dividendos que la misma discusión genera y de la forma en que se constituirá finalmente el nuevo discurso del poder.

El cómo se constituya dicho aparataje discursivo definirá finalmente a los sujetos y prácticas de la futura Política. Lo único claro es que ese resultado se apreciará en varias generaciones más.

Diálogo Laboral: ¿Quiénes lo distorsionan?

La discusión en torno al llamado Diálogo Laboral, con que se pretende mejorar las condiciones de negociación de los trabajadores con sus empleadores, mediante el fortalecimiento de los sindicatos, ha demostrado que el problema está en que los actores involucrados no saben negociar y producen mucho ruido en términos comunicacionales.
Es claro que sólo un mínimo de los trabajadores en Chile está sindicalizado o está en sindicatos débiles o atomizados dentro de una misma empresa, porque está tiene un centenar de razones sociales que impiden a éstos exigir sus derechos. En la mayoría de los casos, se les despide por intentar organizarse.
El Diálogo Laboral pretende cambiar este tipo de prácticas –poco éticas, de claro tinte abusivo y explotador, además de subdesarrollado – mediante la disminución de las asimetrías y distorsiones, entre trabajadores y empleadores en cuanto a la negociación colectiva interempresas. Para esto es clave, fortalecer los sindicatos existentes, y más importante aún, permitir a los trabajadores, sindicalizarse.
Sin embargo, la respuesta inmediata de un sector del empresariado, no fue a favor del diálogo, sino a plantear una oposición rotunda ante la iniciativa, diciendo que “en Chile puede ser muy nefasta”[1] y calificando el actuar del ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade como “acciones laborales de fuerza”[2].
Por lo mismo, y tras darse a conocer las actas de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), el gobierno ordenó a Andrade restringir el proyecto de negociación colectiva, que incluía la negociación colectiva y la eliminación del reemplazo en caso de huelga.
Consecuente a su postura contraria a cualquier tipo de diálogo, la misma Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), en cuanto a las modificaciones a la ley laboral que propone el multidisciplinario Consejo asesor para la equidad, las calificó de "inadecuadas e inconvenientes"[3].

Sin embargo, durante la cena de la Sociedad de Fomento Fabril, el mismo Alfredo Ovalle, aseguró que algunos empresarios "muy pocos son malos", en alusión al discurso con respecto al Diálogo Laboral, hecho por la Presidenta Michelle Bachelet durante el mismo evento, donde se planteaba el rol de los empresarios en cuanto a mejorar las condiciones laborales y de negociación de los trabajadores.

Pero ésto genera una dualidad en torno al tema del Diálogo, que claramente produce ruido -hablando en términos comunicacionales- entre los actores involucrados. Por un lado se crítica la Política Pública y el debate, ejerciendo la discrecionalidad en torno a éste; y por otro se asume una posición de autovaloración en cuanto al rol que se cumple, pero sin hacerlo efectivo.

Considerando lo anterior, es claro que cuando el ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, ha indicado que existe contradicción en el discurso del gran empresariado[4] ante las propuestas del Gobierno de mejorar el diálogo laboral, está señalando que éste en la praxis no es claro, pues han dado a entender que no pretenden escuchar a los trabajadores, menos negociar con ellos.
Contradictorio discurso, porque son ellos quienes constantemente enarbolan el discurso del Estado de Derecho, la legalidad y la institucionalidad, cuando de otras cuestiones se trata, pero pretenden dejar a criterio personal el respeto de los derechos de los trabajadores y no a criterios legales.

El mismo criterio se aplicó cuando se habló de sueldo ético, al decir que era un tema de conciencia y no de legalidad, como si todos los empleadores respetaran los derechos de sus trabajadores.

Incluso, los medianos y pequeños empresarios son constantemente víctimas de esa visión, que genera abuso y el no cumplimiento de acuerdos, y peor aún, ineficiencia económica.

Lo peor, es que la clave del tema, establecer nexos comunicativos, se rompe, debido al excesivo ruido que generan estas actitudes, que demuestran un falta de criterio cuando se trata de negociar.

[1] Alfredo Ovalle, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC).
[2] Fernando Léniz. La Tercera, 30 de septiembre 2007
[3] La Tercera, 2-10-2007.
[4] El pequeño y mediano no se sienten representados por éstos.

[5] Pedro Corona, presidente de la Cámara Nacional de Comercio.

Oposición cooperativa v/s oposición desestabilizadora

El Bacheletismo Aliancista acuñado por el ex candidato presidencial, Joaquín Lavín, plantea un dilema en cuanto a cómo realizar la política; entre ejercer una oposición cooperativa o una desestabilizadora, con respecto al gobierno de turno.

Lo más novedoso de esta distinción (división), es que surge en el seno de la Derecha chilena, marcada históricamente desde la independencia, por un hacer político -en cuanto oposición- sumamente duro, desestabilizador, poco cooperativo y carente de proyectos país. Lo que podemos llamar la oposición desestabilizadora.

La Tesis del desalojo, enarbolada por Andrés Allamand, se circunscribía perfectamente en esa forma de ejercer oposición, centrándose esencialmente en las fallas del gobierno -muchas de ellas ciertas y graves- pero sin proponer nada diametralmente distinto en términos Políticos (con mayúscula refiriéndome a la Real Politik).

Esa estrategia del continuismo, se ve reflejada en el discurso de la "alternancia", que no es más que la pretensión de reemplazar a los actores que administran el Estado y detentan el poder, pero que en ningún caso plantea resolver demandas sociales como la mala distribución de la riqueza.

El máximo objetivo -y marco de acción de esta política- es lograr la desestabilización del gobierno mediante la deslegitimación del sector gobernante con respecto a la ciudadanía en general.

Quijotadas

El Bacheletismo-Aliancista o el Aliancismo-bacheletista, rompe con esa lógica de oposición desestabilizadora y plantea -ambiciosamente- transformarla en una de carácter cooperativo, al modo de países europeos como Francia, Alemania, aunque es probable que el foco esté centrado en el modelo estadounidense de hacer política, entre republicanos y demócratas. Quizás esa es la pretensión de Lavín.

En este sentido, una oposición cooperativa, a diferencia de la desestabilizadora, debe plantear un proyecto país, con cambios o reformas profundas, más allá de la sola transferencia del poder, y por lo tanto, extenderse más allá de los gobiernos de turno y las elites políticas que controlan el Estado en un momento determinado.

Por lo tanto, esta cooperación no debe ser similar al Consenso entendido en Chile (haciendo vista gorda a contradicciones como la desigualdad social, la precariedad del trabajo, entre otras), sino más bien acordando enfrentar esos problemas en conjunto, pero teniendo presente que son reales, profundos e imperiosos de resolver.

En este sentido, el Bacheletismo-aliancista, parece tener más concordancia con el Pacto Social que propuso la Presidenta Bachelet, que con la lógica de oposición que ha tenido la Derecha en el último tiempo.

Tal pretensión puede tener altos costos para el ex candidato -quedar absolutamente solo-, considerando la rigidez ideológica de su partido (UDI) y lo poco conveniente que es está posición para RN en estos momentos (sólo en estos momentos) cuando la lógica de la oposición desestabilizadora se hace útil.

Sólo en estos momentos, porque cuando el gobierno de turno está bien, entonces la oposición se vuelve parasitaria, se quiere ser del gobierno, aunque no se esté de acuerdo con éste.

Sería bueno recordar que Piñera se mostró, en algún momento, incluso dispuesto a establecer relaciones de gobernanza con Soledad Alvear, en plena campaña electoral.

Quizás sería mejor recordarle a Piñera sus asados con Michelle Bachelet en el lago Caburga.

¿Izquierdización o desderechización?

Después del Congreso Ideológico de la Democracia Cristiana, y los diversos planteamientos que se hicieron durante la jornada realizada durante el fin de semana, se ha comenzado a hablar de una izquierdización del “centro político” que representaría la DC.
La pregunta es qué entienden por izquierdización y centro, los actores que han emitido éstas declaraciones de sumo alarmistas e incluso exageradas.

Lo más importante de todo lo anterior, es evitar catalogar apresurada, peyorativa, errada y tendenciosamente, propuestas de políticas o reformas, que pueden ser beneficiosas para la sociedad en general, en el corto o largo plazo.

Debe quedar claro que el epílogo -peyorativo- de “izquierdización” tiene su raíz en un discurso que, erróneamente, considera a cualquier planteamiento que proponga cambiar (o simplemente reformar) el sistema económico, laboral, electoral, previsional, impositivo o salarial, como una amenaza al Estado de Derecho, el sistema económico y político, la estabilidad y el orden.

En realidad, cuando algunos actores hablan de izquierdización, más bien están confundiendo el mantenimiento de ciertos privilegios, con la protección a la democracia, el mantenimiento del centro político, la estabilidad macroeconómica, el orden social e institucional.

Por esto, dentro de éste discurso, cualquier reforma en éstas dimensiones, por ínfima que sea, y aunque esté a favor de la salud, educación, la vivienda y el estómago de los más desvalidos, siempre es vista como riesgosa, ilegítima y contraria a la propiedad, la inversión y la "buena imagen del país".

No confundir bolsillos con Bien Común

El cónclave de la DC, propuso una reforma el sistema político –incluso la creación de un parlamento unicameral-, eliminación del lucro en la educación subvencionada, y enfrentar los altos niveles de desigualdad. Todo esto, fue catalogado de “izquierdización riesgosa” por algunos líderes de la oposición al gobierno concertacionista.
No se trata aquí de reconocer o no, si se es de izquierda o derecha, sino de entender cuándo usamos éstas distinciones, con qué objeto y cuál es la relación entre éstas y las políticas públicas o proyectos de país que se defienden en determinados momentos.

He ahí la clave de todo el asunto.

Reformar el sistema político, no necesariamente es una política de izquierda. Cualquier país medianamente desarrollado puede pretender dichos cambios en favor de mayor eficiencia política y legislativa, dentro de un marco institucional de negociación eficaz.

Lo anterior, es aún más claro en cuanto a superar los niveles de desigualdad y mejorar la equidad económica, política y cultural en una sociedad, lo que en definitiva se traduce en más eficiencia productiva-adaptativa, crecientes niveles de consumo y mayor emprendimiento a nivel general.

En este sentido, todos los países desarrollados han debido pasar por fases de profundas reformas -de "izquierdización" si usamos el lenguaje de los exagerados-, en que los gobiernos han debido sortear la reacción de ciertas elites y oligarquías, para poder avanzar en sus propuestas y mejorar las estructuras e instituciones de toda la sociedad.

En la mayoría de los casos, esas propuestas, en sus inicios fueron consideradas utópicas, extremas e izquierdizadas, incluso destructivas. En mirada retrospectiva, en su mayoría son consideradas buenas decisiones, que favorecieron el bien común.

Chile, tampoco ha estado ajeno a ese tipo de situaciones. Un ejemplo, la nacionalización y chilenización del cobre, hoy en día, no sería considerada una propuesta riesgosa o izquierdizada.

Sin embargo, en los años en que se propuso dicha política, muchos actores dijeron que eso era extremo, populista, además de riesgoso para la inversión y la estabilidad política del país.

Lo clave en todo esto, es que no se debe confundir la estabilidad del sistema con la rigidez institucional de éste, política y económicamente.

Tampoco se debe confundir el balance de poder, con el stato quo político y social. La democracia es dinámica, no rígida, esa es su virtud.

En todo caso, si mejorar las condiciones de vida, trabajo, sueldo, vejez, educación y participación política de la ciudadanía, son símbolo de izquierdización, entonces la política chilena aún está muy a la derecha.

Partidos más, partidos menos...

Una verdadera democracia no se basa simplemente en la existencia de muchos partidos, sino más bien de una institucionalidad -formal e informal- que permita generar incentivos para que la ciudadanía, como base del sistema electoral, quiera y pueda participar del juego democrático.

En el último tiempo -como una especie de punto de fuga ante el anquilosamiento del sistema electoral chileno en términos de participación e inclusión- se han propuesto diversos nuevos partidos, que plantean romper con las lógicas partidarias negativas existentes, que tanto desprestigio han traído a la política en general.

En la mayoría de los casos, los líderes de éstos embriones de partido, provienen del mismo aparataje partidario que critican, y del cual hicieron usufructo desarrollando sus carreras políticas.

Dichos proyectos se basan en una crítica focalizada en la clase política, las estructuras en que se sustentan -clientelismo, nepotismo, plutocracia- y una constante apelación a la ciudadanía como actor necesario y principal de la vida política.

Por lo anterior, los futuros partidos están marcados por rupturas -en muchos casos irreconciliables- entre sus líderes y sus antiguas bancadas, donde también se ven "arrastrados" un número no menor de militantes. Son conocidos los casos de Ávila, Flores o Schaulsohn, y los proyectos País V y el ahora en boga Chile Primero.

Debido a ese proceso de "arrastre y desmembramiento" de militantes, lo que se produce es una reestructuración de las relaciones clientelares existentes en el partido nodrizo, que se posicionan como las principales en el nuevo, en torno al líder rupturista.

Así, militantes de menor importancia en el partido tradicional, tienen la chance de obtener una posición de prominencia en la nueva organización política, debido a la mayor cercanía con el nuevo líder único y la menor cantidad de miembros la ser un partido en ciernes.

Lejos de ser esto una apertura democrática -como algunos podrían pensar- lo que se produce es simplemente un subconjunto del partido mayor, donde se repiten las mismas lógicas elitistas, sectarias, de nepotismo y clientelismo.

En términos de comportamiento político, tanto los líderes como los militantes que vienen con éste, arrastran las prácticas desarrolladas en el viejo partido y terminan por reproducirlas y sedimentarlas en el nuevo, dejando -en muchos casos- fuera de la toma de decisiones a los realmente nuevos miembros.

La mejor lógica para ampliar la democracia es fortalecer la Sociedad Civil y organizarla en pro de demandas específicas.