Diálogo Laboral: ¿Quiénes lo distorsionan?

La discusión en torno al llamado Diálogo Laboral, con que se pretende mejorar las condiciones de negociación de los trabajadores con sus empleadores, mediante el fortalecimiento de los sindicatos, ha demostrado que el problema está en que los actores involucrados no saben negociar y producen mucho ruido en términos comunicacionales.
Es claro que sólo un mínimo de los trabajadores en Chile está sindicalizado o está en sindicatos débiles o atomizados dentro de una misma empresa, porque está tiene un centenar de razones sociales que impiden a éstos exigir sus derechos. En la mayoría de los casos, se les despide por intentar organizarse.
El Diálogo Laboral pretende cambiar este tipo de prácticas –poco éticas, de claro tinte abusivo y explotador, además de subdesarrollado – mediante la disminución de las asimetrías y distorsiones, entre trabajadores y empleadores en cuanto a la negociación colectiva interempresas. Para esto es clave, fortalecer los sindicatos existentes, y más importante aún, permitir a los trabajadores, sindicalizarse.
Sin embargo, la respuesta inmediata de un sector del empresariado, no fue a favor del diálogo, sino a plantear una oposición rotunda ante la iniciativa, diciendo que “en Chile puede ser muy nefasta”[1] y calificando el actuar del ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade como “acciones laborales de fuerza”[2].
Por lo mismo, y tras darse a conocer las actas de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), el gobierno ordenó a Andrade restringir el proyecto de negociación colectiva, que incluía la negociación colectiva y la eliminación del reemplazo en caso de huelga.
Consecuente a su postura contraria a cualquier tipo de diálogo, la misma Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), en cuanto a las modificaciones a la ley laboral que propone el multidisciplinario Consejo asesor para la equidad, las calificó de "inadecuadas e inconvenientes"[3].

Sin embargo, durante la cena de la Sociedad de Fomento Fabril, el mismo Alfredo Ovalle, aseguró que algunos empresarios "muy pocos son malos", en alusión al discurso con respecto al Diálogo Laboral, hecho por la Presidenta Michelle Bachelet durante el mismo evento, donde se planteaba el rol de los empresarios en cuanto a mejorar las condiciones laborales y de negociación de los trabajadores.

Pero ésto genera una dualidad en torno al tema del Diálogo, que claramente produce ruido -hablando en términos comunicacionales- entre los actores involucrados. Por un lado se crítica la Política Pública y el debate, ejerciendo la discrecionalidad en torno a éste; y por otro se asume una posición de autovaloración en cuanto al rol que se cumple, pero sin hacerlo efectivo.

Considerando lo anterior, es claro que cuando el ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, ha indicado que existe contradicción en el discurso del gran empresariado[4] ante las propuestas del Gobierno de mejorar el diálogo laboral, está señalando que éste en la praxis no es claro, pues han dado a entender que no pretenden escuchar a los trabajadores, menos negociar con ellos.
Contradictorio discurso, porque son ellos quienes constantemente enarbolan el discurso del Estado de Derecho, la legalidad y la institucionalidad, cuando de otras cuestiones se trata, pero pretenden dejar a criterio personal el respeto de los derechos de los trabajadores y no a criterios legales.

El mismo criterio se aplicó cuando se habló de sueldo ético, al decir que era un tema de conciencia y no de legalidad, como si todos los empleadores respetaran los derechos de sus trabajadores.

Incluso, los medianos y pequeños empresarios son constantemente víctimas de esa visión, que genera abuso y el no cumplimiento de acuerdos, y peor aún, ineficiencia económica.

Lo peor, es que la clave del tema, establecer nexos comunicativos, se rompe, debido al excesivo ruido que generan estas actitudes, que demuestran un falta de criterio cuando se trata de negociar.

[1] Alfredo Ovalle, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC).
[2] Fernando Léniz. La Tercera, 30 de septiembre 2007
[3] La Tercera, 2-10-2007.
[4] El pequeño y mediano no se sienten representados por éstos.

[5] Pedro Corona, presidente de la Cámara Nacional de Comercio.

Oposición cooperativa v/s oposición desestabilizadora

El Bacheletismo Aliancista acuñado por el ex candidato presidencial, Joaquín Lavín, plantea un dilema en cuanto a cómo realizar la política; entre ejercer una oposición cooperativa o una desestabilizadora, con respecto al gobierno de turno.

Lo más novedoso de esta distinción (división), es que surge en el seno de la Derecha chilena, marcada históricamente desde la independencia, por un hacer político -en cuanto oposición- sumamente duro, desestabilizador, poco cooperativo y carente de proyectos país. Lo que podemos llamar la oposición desestabilizadora.

La Tesis del desalojo, enarbolada por Andrés Allamand, se circunscribía perfectamente en esa forma de ejercer oposición, centrándose esencialmente en las fallas del gobierno -muchas de ellas ciertas y graves- pero sin proponer nada diametralmente distinto en términos Políticos (con mayúscula refiriéndome a la Real Politik).

Esa estrategia del continuismo, se ve reflejada en el discurso de la "alternancia", que no es más que la pretensión de reemplazar a los actores que administran el Estado y detentan el poder, pero que en ningún caso plantea resolver demandas sociales como la mala distribución de la riqueza.

El máximo objetivo -y marco de acción de esta política- es lograr la desestabilización del gobierno mediante la deslegitimación del sector gobernante con respecto a la ciudadanía en general.

Quijotadas

El Bacheletismo-Aliancista o el Aliancismo-bacheletista, rompe con esa lógica de oposición desestabilizadora y plantea -ambiciosamente- transformarla en una de carácter cooperativo, al modo de países europeos como Francia, Alemania, aunque es probable que el foco esté centrado en el modelo estadounidense de hacer política, entre republicanos y demócratas. Quizás esa es la pretensión de Lavín.

En este sentido, una oposición cooperativa, a diferencia de la desestabilizadora, debe plantear un proyecto país, con cambios o reformas profundas, más allá de la sola transferencia del poder, y por lo tanto, extenderse más allá de los gobiernos de turno y las elites políticas que controlan el Estado en un momento determinado.

Por lo tanto, esta cooperación no debe ser similar al Consenso entendido en Chile (haciendo vista gorda a contradicciones como la desigualdad social, la precariedad del trabajo, entre otras), sino más bien acordando enfrentar esos problemas en conjunto, pero teniendo presente que son reales, profundos e imperiosos de resolver.

En este sentido, el Bacheletismo-aliancista, parece tener más concordancia con el Pacto Social que propuso la Presidenta Bachelet, que con la lógica de oposición que ha tenido la Derecha en el último tiempo.

Tal pretensión puede tener altos costos para el ex candidato -quedar absolutamente solo-, considerando la rigidez ideológica de su partido (UDI) y lo poco conveniente que es está posición para RN en estos momentos (sólo en estos momentos) cuando la lógica de la oposición desestabilizadora se hace útil.

Sólo en estos momentos, porque cuando el gobierno de turno está bien, entonces la oposición se vuelve parasitaria, se quiere ser del gobierno, aunque no se esté de acuerdo con éste.

Sería bueno recordar que Piñera se mostró, en algún momento, incluso dispuesto a establecer relaciones de gobernanza con Soledad Alvear, en plena campaña electoral.

Quizás sería mejor recordarle a Piñera sus asados con Michelle Bachelet en el lago Caburga.

¿Izquierdización o desderechización?

Después del Congreso Ideológico de la Democracia Cristiana, y los diversos planteamientos que se hicieron durante la jornada realizada durante el fin de semana, se ha comenzado a hablar de una izquierdización del “centro político” que representaría la DC.
La pregunta es qué entienden por izquierdización y centro, los actores que han emitido éstas declaraciones de sumo alarmistas e incluso exageradas.

Lo más importante de todo lo anterior, es evitar catalogar apresurada, peyorativa, errada y tendenciosamente, propuestas de políticas o reformas, que pueden ser beneficiosas para la sociedad en general, en el corto o largo plazo.

Debe quedar claro que el epílogo -peyorativo- de “izquierdización” tiene su raíz en un discurso que, erróneamente, considera a cualquier planteamiento que proponga cambiar (o simplemente reformar) el sistema económico, laboral, electoral, previsional, impositivo o salarial, como una amenaza al Estado de Derecho, el sistema económico y político, la estabilidad y el orden.

En realidad, cuando algunos actores hablan de izquierdización, más bien están confundiendo el mantenimiento de ciertos privilegios, con la protección a la democracia, el mantenimiento del centro político, la estabilidad macroeconómica, el orden social e institucional.

Por esto, dentro de éste discurso, cualquier reforma en éstas dimensiones, por ínfima que sea, y aunque esté a favor de la salud, educación, la vivienda y el estómago de los más desvalidos, siempre es vista como riesgosa, ilegítima y contraria a la propiedad, la inversión y la "buena imagen del país".

No confundir bolsillos con Bien Común

El cónclave de la DC, propuso una reforma el sistema político –incluso la creación de un parlamento unicameral-, eliminación del lucro en la educación subvencionada, y enfrentar los altos niveles de desigualdad. Todo esto, fue catalogado de “izquierdización riesgosa” por algunos líderes de la oposición al gobierno concertacionista.
No se trata aquí de reconocer o no, si se es de izquierda o derecha, sino de entender cuándo usamos éstas distinciones, con qué objeto y cuál es la relación entre éstas y las políticas públicas o proyectos de país que se defienden en determinados momentos.

He ahí la clave de todo el asunto.

Reformar el sistema político, no necesariamente es una política de izquierda. Cualquier país medianamente desarrollado puede pretender dichos cambios en favor de mayor eficiencia política y legislativa, dentro de un marco institucional de negociación eficaz.

Lo anterior, es aún más claro en cuanto a superar los niveles de desigualdad y mejorar la equidad económica, política y cultural en una sociedad, lo que en definitiva se traduce en más eficiencia productiva-adaptativa, crecientes niveles de consumo y mayor emprendimiento a nivel general.

En este sentido, todos los países desarrollados han debido pasar por fases de profundas reformas -de "izquierdización" si usamos el lenguaje de los exagerados-, en que los gobiernos han debido sortear la reacción de ciertas elites y oligarquías, para poder avanzar en sus propuestas y mejorar las estructuras e instituciones de toda la sociedad.

En la mayoría de los casos, esas propuestas, en sus inicios fueron consideradas utópicas, extremas e izquierdizadas, incluso destructivas. En mirada retrospectiva, en su mayoría son consideradas buenas decisiones, que favorecieron el bien común.

Chile, tampoco ha estado ajeno a ese tipo de situaciones. Un ejemplo, la nacionalización y chilenización del cobre, hoy en día, no sería considerada una propuesta riesgosa o izquierdizada.

Sin embargo, en los años en que se propuso dicha política, muchos actores dijeron que eso era extremo, populista, además de riesgoso para la inversión y la estabilidad política del país.

Lo clave en todo esto, es que no se debe confundir la estabilidad del sistema con la rigidez institucional de éste, política y económicamente.

Tampoco se debe confundir el balance de poder, con el stato quo político y social. La democracia es dinámica, no rígida, esa es su virtud.

En todo caso, si mejorar las condiciones de vida, trabajo, sueldo, vejez, educación y participación política de la ciudadanía, son símbolo de izquierdización, entonces la política chilena aún está muy a la derecha.

Partidos más, partidos menos...

Una verdadera democracia no se basa simplemente en la existencia de muchos partidos, sino más bien de una institucionalidad -formal e informal- que permita generar incentivos para que la ciudadanía, como base del sistema electoral, quiera y pueda participar del juego democrático.

En el último tiempo -como una especie de punto de fuga ante el anquilosamiento del sistema electoral chileno en términos de participación e inclusión- se han propuesto diversos nuevos partidos, que plantean romper con las lógicas partidarias negativas existentes, que tanto desprestigio han traído a la política en general.

En la mayoría de los casos, los líderes de éstos embriones de partido, provienen del mismo aparataje partidario que critican, y del cual hicieron usufructo desarrollando sus carreras políticas.

Dichos proyectos se basan en una crítica focalizada en la clase política, las estructuras en que se sustentan -clientelismo, nepotismo, plutocracia- y una constante apelación a la ciudadanía como actor necesario y principal de la vida política.

Por lo anterior, los futuros partidos están marcados por rupturas -en muchos casos irreconciliables- entre sus líderes y sus antiguas bancadas, donde también se ven "arrastrados" un número no menor de militantes. Son conocidos los casos de Ávila, Flores o Schaulsohn, y los proyectos País V y el ahora en boga Chile Primero.

Debido a ese proceso de "arrastre y desmembramiento" de militantes, lo que se produce es una reestructuración de las relaciones clientelares existentes en el partido nodrizo, que se posicionan como las principales en el nuevo, en torno al líder rupturista.

Así, militantes de menor importancia en el partido tradicional, tienen la chance de obtener una posición de prominencia en la nueva organización política, debido a la mayor cercanía con el nuevo líder único y la menor cantidad de miembros la ser un partido en ciernes.

Lejos de ser esto una apertura democrática -como algunos podrían pensar- lo que se produce es simplemente un subconjunto del partido mayor, donde se repiten las mismas lógicas elitistas, sectarias, de nepotismo y clientelismo.

En términos de comportamiento político, tanto los líderes como los militantes que vienen con éste, arrastran las prácticas desarrolladas en el viejo partido y terminan por reproducirlas y sedimentarlas en el nuevo, dejando -en muchos casos- fuera de la toma de decisiones a los realmente nuevos miembros.

La mejor lógica para ampliar la democracia es fortalecer la Sociedad Civil y organizarla en pro de demandas específicas.

Trabajo, la mejor prevención del delito

El anuncio de las políticas anti-delincuencia se han centrado mayoritariamente en acciones posteriores a la comisión de un delito, y poco a prevenir éstos, aún cuando se sabe que el trabajo carcelario es una variable importante en cuanto a la disminución de la delincuencia.

En este sentido, la problemática referida al tiempo-hombre que se desperdicia con los reclusos en las cárceles es creciente, si consideramos que en 1990 había 22.500 reclusos en todo el país, en el año 2000 su número se elevó a 34.000, lo que significa un crecimiento del 51%.
El deterioro de la infraestructura carcelaria ha generado problemas de sobrepoblación, aglomeraciones y malas condiciones para los reclusos, a pesar de los recursos invertidos en cárceles concesionadas.

En la mayoría de los casos, quienes se encuentran cumpliendo condenas o están recluidos en las cárceles, están desperdiciando su capacidad productiva, y esa inactividad, caracterizada por el hacinamiento, en la mayoría de los casos reduce las posibilidades de reinserción social, y produce la sensación -que es bastante cierta- de que existe un usufructo injustificado del aparato estatal, por parte del mismo delincuente.
Para muchos, la población penal es mano de obra potencial inutilizada, improductiva y mantenida por el Estado mediante altos costos que podrían ser aprovechados con otros fines sociales a corto y largo plazo.
Se hace necesario entonces investigar y buscar formas de aprovechar esa potencialidad laboral en pro del bien común y en ayudar a otros grupos menos favorecidos, como los niños en riesgo social.
Si consideramos que la capacidad del sistema penitenciario chileno está diseñada para recibir a 21 mil internos y que en la práctica alberga a 34 mil, “Esa situación de hacinamiento y la falta de una política clara en materia carcelaria son factores que en gran medida explican situaciones tales como el alto nivel de reincidencia, que supera el 50%”, señalan Folch y Guzmán.

Por lo tanto, ofrecer alternativas y políticas que planteen formas de trabajo carcelario supervisado, que fomente el aprovechamiento de la población penal en actividades productivas, tanto internas como externas a la cárcel misma es imprescindible en estos momentos.
Se hace imperioso renovar la infraestructura carcelaria penitenciaria, no sólo para el control de la población penal sino también, y más importante aún, para propiciar el desarrollo de talleres laborales que fomenten el trabajo carcelario a nivel general.

Éste debe ser visto no como un castigo, sino como un beneficio, tanto para el recluso, como para su familias y la sociedad en general.

Eso, según Folch y Guzmán, exige “la modificación del actual Reglamento Penitenciario, para establecer un marco legal único e integrador, que regule la relación entre las empresas y Gendarmería, por una parte, y entre ésta y los reclusos, por otra”.
El tema del Trabajo Carcelario, y la utilización de la población penal como mano de obra, en muchos casos a concesión, requiere considerar:

1- Las posibilidades de constituirlo como un “pago” a la sociedad, en lo relativo al costo mismo que implica la mantención de la población penal y no en el sentido mismo de la pena.

Es decir, el trabajo debe ser visto como un beneficio tanto para el recluso como para la sociedad en su totalidad, y la estadía en la cárcel, si bien es forzada, debe ser retribuida por los gastos que esto mismo implica.
2- Determinar la viabilidad de conformar el Trabajo Carcelario como un sistema cuyo objetivo es la obtención de recursos que serán destinados a niños con riesgo social y para las familias de los reclusos, bajo asesorías por parte del Estado.

¿Cuán viable es un Política Pública que considera la utilización de la masa penal como mano de obra a concesión a empresas, mediante la racionalización del uso de la cárcel tanto para procesados como para condenados?

Pacto Social ¿Sin lo social?

Durante la misa del Tedeum, realizada el martes 18 de septiembre, la Iglesia Católica -siguiendo la línea de los dichos del obispo Goic- recalcó la necesidad de establecer un nuevo Pacto Social, con el propósito de conciliar el crecimiento económico y la equidad.

La centralidad del llamado radicaba en los últimos hechos de violencia acaecidos durante el pasado 11 de septiembre, que alcanzaron su tope máximo con la muerte de un carabinero -situación que no ocurría desde 1987-.

Sin embargo, aunque no explícitamente, el arzobispo estableció una relación -no causal- entre la violencia desatada y la desigualdad económica existente. Implícitamente, abordó la idea de frustración relativa de Ted Gurr, cuya dimensión subjetiva es clave en la percepción de cierta realidad. Aumentan las expectativas, pero la adquisición de bienes se mantiene, lo que según Gurr ocurre en sociedades en fases de cambio.

Chile, en este sentido, parece estar entrando en una nueva y profunda fase de cambios, donde los ejes centrales serán la equidad económica y el cumplimiento de las expectativas democráticas. Es decir, la gente quiere más bienes, pero también más participación y ojalá más tiempo libre, en definitiva, más calidad de vida. En este sentido, muchos casos, las personas se sienten profundamente frustradas, y engañada por el sistema en general.

Por lo tanto, la idea de responder a esa decepción, se engloba en el establecer un Nuevo Pacto Social, que no es otra cosa que un nuevo acuerdo político y económico entre las partes constituyentes del sistema, los actores que operan en éste, en cuanto a su rol e importancia en el mantenimiento y transformación del mismo. Es decir, un acuerdo entre las elites y la sociedad civil -hoy dispersa-.

Pero, si se quiere hacer un buen pacto, que resuelva la frustración relativa en la sociedad, es clave hacerlo con y para la Sociedad Civil-aunque esté desparramada- y no para proteger los intereses de las elites políticas, económicas, religiosas o militares.

Por lo tanto, lo social es esencial en aquel Nuevo Pacto, entendido no sólo como lo referido a lo popular y distributivo en términos económicos, sino también en cuanto a lo productivo, lo político y lo cultural; pero sobre todo en cuanto a la participación de la sociedad en su totalidad en dicho proyecto.

Un Pacto Social, no es tal si se realiza entre las elites, en reuniones cerradas o en hoteles lujosos por un par de meses. Un pacto social es un proceso que incluye a todos los estamentos de una sociedad, es transgeneracional y está por sobre la ideología, la religión, la raza o cualquier diferencia.

En otras palabras, es momento que empecemos a construir nosotros -todos- el país que queremos...porque hace años ya que dejamos atrás la Colonia, cuando las plutocracias decidían por el resto. La gente si sabe lo que quiere, sólo hay que despertarla, hacerla hablar y escucharla.

América Latina...reflexionado la Independencia

El 2010 Chile celebrará 200 años de su Independencia del otrora Imperio Español. Otros tantos países latinoamericanos también se aprontan a celebrar el bicentenario de su emancipación en fechas cercanas.

Tal como se planteó en el encuentro Lateinamerika Tag, en la Universidad de Frankfurt el año pasado -donde asistí como ponente- la pregunta central al momento de pensar hoy en nuestro continente es ¿Hacia dónde va Latinoamérica? ¿Hacia dónde vamos?

Podríamos sumarle ¿Qué queremos para nosotros, nuestros países, nuestros pueblos?

Es claro que los movimientos independentistas iniciados en el siglo XIX permitieron romper con un orden imperial envejecido y debilitado. Sin embargo este quiebre no fue radical en ningún sentido, puesto que aunque ya declaradas las independencias, en muchos países aún seguían operando las estructuras institucionales y sociales heredadas del tiempo colonial.

En este sentido, la ruptura con lo colonial comenzó y se desarrolló esencialmente en términos políticos -en cuanto al ejercicio del poder por parte de las elites en pugna- pero no institucionales, sociales ni económicos -el entramado más complejo de roer-.

Lo anterior ha marcado la historia de nuestros países y su desarrollo posterior en todo sentido, estableciendo las estructuras sociales, económicas, políticas y culturales de nuestros pueblos.

En muchos casos, como producto y herencia del tipo de elite que lideró la independencia en América Latina, y que posteriormente se sedimentó en el poder, dichas estructuras aún siguen existiendo en algunas regiones, a través de ciertas prácticas de claro raigambre colonialista, que se siguen ejecutando en muchos rincones de nuestro continente, e impiden un mayor avance.

Entonces, podríamos preguntarnos ¿Cuánto del antiguo orden aún existe en América Latina? ¿Cuán independientes somos a casi doscientos años de habernos liberado del yugo español?

El negociador con las Farc ¿Qué piensa en realidad?

La influencia de Hugo Chávez en Latinoamérica - se esté a favor o en contra de ella- parece no ser menor en el último tiempo, sobre todo ahora que, bajo el beneplácito del propio presidente colombiano Álvaro Uribe, se le ha permitido al primero, asumir el rol de negociador con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

La posición de mediador, en este caso puntual, no sólo implica el intercambio de prisioneros, sino también proyectar un nivel de diálogo y negociación en el tiempo, más allá del mismo trueque humanitario.

En este sentido, hasta el momento ningún actor -ni la Iglesia, ni Estados Unidos, ni las grandes ONG´s- han logrado establecer un diálogo sostenido entre el estado colombiano y la guerrilla, que permita un termino definitivo del conflicto, cuyo origen data desde hace más de 50 años.

La posición de Chávez en este sentido, es mucho más ventajosa que la de los anteriores "negociadores", no sólo por una cierta afinidad ideológica y política con las Farc, sino también por una postura similar frente a Estados Unidos y al propio estado colombiano.

Sin embargo, lo anterior no ha implicado impedimento para que el presidente venezolano negocie con su par colombiano y se posicione como negociador entre éste y las Farc, pero tampoco significa que Chávez apoye la política de Uribe.

En medio de las críticas a lo que algunos llaman una limpieza de imagen del gobierno de Venezuela -que tendrían un alto nivel de riesgo en términos de fracaso- existe una proyección política -aunque insospechada y para muchos irrisoria- que no ha sido considerada, incluso por el propio Chávez; la idea de la creación de una brazo político y electoral de las Farc, que operé en el sistema electoral e institucional colombiano.

Al modo de Batazuna en España, el brazo político de ETA, Chávez podría instar a la creación de uno similar para las Farc, a través del cual posicionar e insertar su ideal político en Colombia, sin alterar el juego electoral y partidario.

En este sentido, la creación de un brazo político de las Farc, no sólo significaría un triunfo simbólico y mediático para Chávez -y ahí sí que sería una propaganda enorme- como un actor de consenso en el escenario latinoamericano, sino también su inserción ideológica en un partido no venezolano, y por lo tanto, el inicio de la concreta internacionalización de su ideario bolivariano.

Al parecer Chávez está comprendiendo que una buena forma de sustentar su proyecto es atraer a sus vecinos a éste, no por la fuerza, sino a través de las urnas, en el juego político que tanto crítica.

Chile...país de polizontes

La mala distribución de la riqueza y la desigualdad han estado en la discusión pública por varias semanas bajo una idea central, el sueldo ético, que engloba y articula la mayoría de la demandas sociales que actualmente la difusa Sociedad Civil reclama. Sin embargo, el concepto puede perder su potente valor articulador, no por falta de legitimidad, sino por la actitud de polizonte de la mayoría de los ciudadanos.

En un artículo anterior explique el concepto de polizonte (freerider) -acuñado por Olson- en términos simples se refiere a quien trata de aprovecharse de los esfuerzos de los demás sin pagar el costo de la movilización colectiva.

Hoy, la mayoría de los ciudadanos y actores sociales -incluso políticos y empresarios- enarbolan el concepto del sueldo ético como máxima del compromiso social presente, pero bajo distintos criterios en cuanto a la génesis de tal apoyo y la praxis para su constitución como hecho social concreto.

En otras palabras, no existe conexión entre los medios y el fin que implica el uso del concepto Sueldo Ético como eje de demandas sociales. Como diría Gramsci, sólo se trata de buenas voluntades.

Así, algunos lo usan sólo como un criterio disimulado, ya sea para ganar adhesión política o para evitar el maltrato al Estado de Derecho y por ende a sus intereses particulares, pero en ningún caso como una idea articuladora de un medio de acción política para dar respuesta a las dichas demandas sociales que enmarca.

La política entonces, como un espacio exclusivo en cuanto al aspecto volitivo y de acción, se concibe -erróneamente- como un símil del ámbito diplomático, donde el stato quo se mantiene inalterado.

Este fenómeno de confusión, ocurre en la mayoría de la población, sin distinción de credo, ideología, raza, condición sexual, posición de clase, etc.

La mayoría de la Sociedad Civil -o lo que podríamos considerar como tal- ha demostrado actuar como polizonte en cuanto al tema de desarrollar un sociedad más justa a través de medios políticos.

Algunos por mantener el stato quo, otros por temor o por simple desinterés, pero parece que todos se quedan en buenos deseos.

Si no hay conciencia, debe haber ley

El debate en torno al sueldo ético, ha ido dando paso a una serie de debates, declaraciones y también denuncias -como los últimos artículos en el diario La Nación- que no hacen más que reflejar que el problema de la desigualdad es real. Lo más importante de todo esto, es que permitirá a los ciudadanos comunes, ver quienes realmente tienen, no sólo la voluntad política sino también la conciencia, para querer cambiar la desigualdad social.

La desigualdad, tal como lo planteó Alejandro Goic, es concreta, de tal forma, que en muchos casos, deberíamos llamarla de otra forma -aunque a algunos quisquillosos no les guste la palabra explotación-.

En este sentido, el debate ha avanzado, se mantiene en la agenda, y ha quedado demostrado que no es necesario ser doctor en economía para darse cuenta que en Chile, la riqueza está muy mal distribuida.

Pero, por la complejidad del tema, han surgido diversas posiciones y debates, el más importante: si el Sueldo Ético es una cuestión de conciencia o una materia legal.

Es aquí donde la ciudadanía puede dirimir quienes quieren mantener el régimen de sueldos actual y los que buscan mejorarlos. Sin embargo, para distinguir, no deben basarse en criterios izquierda-derecha o empresario-trabajador, pues hasta eso está algo difuso.

El primer grupo, plantea que lo planteado por Goic es una recomendación, ni siquiera un llamado de atención, sino más bien un consejo orientador, y por lo tanto una apelación a las conciencias.

Como tal, no plantea obligatoriedad, sino que queda a la libertad de cada empleador.

El segundo grupo, plantea que es necesaria la legislación, puesto que la realidad chilena está demostrando que las conciencias no siempre escuchan, operan y actúan en favor del bien común. Por lo tanto, se hace necesario hacer que las conciencias sordas, escuchen, ya no a Goic, sino a la ley.

Las reacciones de los diversos sectores políticos han hecho que el Gobierno haya llamado a conformar una instancia transversal para que todos los actores involucrados puedan entregar sus puntos de vista acerca de cómo abordar el tema de los sueldos justos y éticos.

Se considera establecer un diagnóstico de la situación de empleo y sueldo de los ciudadanos y posteriormente considerar las propuestas.

Es de esperar que no nos quedemos solamente con un diagnóstico, que se puede establecer sin saber nada de economía.