El riesgo para las elites es su propia ley de hierro

La ley de hierro de la oligarquía (Robert Michels) plantea que una organización eficiente siempre necesitará un liderazgo fuerte, que irremediablemente irá en desmedro de la democracia interna de ésta.
La constitución de ese liderazgo se basará en la creciente concentración de la cúpula dirigente en términos cuantitativos, en base a la competencia entre las mismas elites, que se centra esencialmente en el control de los bienes con que cuenta la organización –ya sean estos patrimoniales, políticos o simbólicos- y que son siempre limitados.
En esa pugna, las elites dirigentes más fuertes se van posicionando sobre otras, las absorben, las cooptan, las reducen, las reposicionan o las disuelven, reduciendo su número dentro del campo de competencia.
La inevitable concentración (reducción) de los cuadros dirigentes en cualquier elite, indefectiblemente generará rupturas internas entre éstas, debido a la profundización de la dicotomía entre eficiencia –en cuanto a mantener el poder, obtener dividendos electorales y bienes políticos que se vuelven cada vez más escasos- y democracia interna –en cuanto a mantener vías de comunicación entre las bases y las distintas cúpulas dirigentes-.
El agotamiento interno de las elites –por el paso del tiempo, por malos cálculos políticos, por deterioro del discurso común o por disminución en los bienes a repartir, y más importante aún, por falta de nuevos cuadros o miembros- no sólo generará paulatinamente falta de cohesión entre sus miembros dirigentes, sino que irremediablemente afectará la legitimidad de la elite en su totalidad, con respecto a las bases.
Este fenómeno es apreciable a nivel de coaliciones de gobierno, partidos políticos, dirigencias deportivas, vecinales, o de cualquier índole.
A nivel político partidario, este fenómeno puede ocurrir simultáneamente en una coalición, cuyos partidos entran en una fase aguda de concentración –agotamiento- de la elite dirigente, que luego se expande a todo el conglomerado y sus suborganizaciones.
Las pugnas internas al interior de algunos partidos en torno a los liderazgos y el control de la organización, con resultados de expulsión, renuncias solidarias o auto impuestas, además de indicios de fraccionamiento, generará rápidamente una especie de efecto en cadena, donde otros actores de otros partidos, entrarán en dicha lógica de poder, que luego se expandirá a nivel de puestos de gobierno –bienes que se vuelven escasos-.

El caso de las renuncias en bloque en la DC luego de la expulsión de Zaldívar y la reciente proclamación de Jorge Arrate como precandidato del PS, son claro reflejo de este fenómeno, que termina por afectar a la Concertación como coalición gobernante proyectable en el tiempo.

El mismo fenómeno, ha impedido a la Derecha acceder al poder, puesto que las pugnas internas en torno a los liderazgos, terminan por debilitar a cualquier posible candidato.

En este sentido, si la Concertación quiere mantener el poder, obtener dividendos electorales y bienes políticos, sin afectar su democracia interna, entonces debe renovar total e inevitablemente sus cuadros dirigentes. Ya no basta con rotarlos.

La indigenización mapuche

Los últimos acontecimientos relacionados con el tema mapuche, han demostrado que la estructura política e institucional chilena en su totalidad, es incapaz de absorber las demandas de dichos sectores y de insertar a los mapuches como actores políticos y sociales, que presentan un claro proceso de indigenización.

Los mapuches, histórica y discursivamente han sido considerados un sector social concebido como minoritario, anacrónico, contrario a los “valores nacionales y el progreso post independentista del Estado Republicano”*, siendo así excluidos y marginados de todos los procesos de cambio posteriores en Chile, ya sean políticos, económicos o sociales.
Como raza, como grupo social, como etnia, parecían confinados a los libros de historia, los museos y sus comunidades rurales.
En la realidad, nunca, desde la Independencia, fueron considerados como parte del escenario de la vida nacional.

La situación actual mapuche, de clara indigenización, rompe con una lógica institucional y discursiva que se sedimento desde los inicios de la nueva república chilena, cuando la educación, el derecho, y la política como bases del Estado, fueron reduciendo la presencia de la cultura indígena –incluida la mapuche- dentro del ideario nacional, bajo el discurso de lo criollo como constitutivo de lo chileno –entre lo español y lo indígena- y las posteriores pretensiones de “mejorar” la raza por parte del Estado chileno, como una forma de desligarse del pasado indígena, a través de “la extinción "natural" del componente indígena, gracias al despliegue de las "contenidas capacidades nacionales inmovilizadas por el lastre" indígena.” (Ballon Aguirre)

Bajo ese discurso, se estructuró entonces una institucionalidad, que eliminó al sujeto indígena como potencial actor político, económico y social, excluyéndolo de la educación y el acceso a bienes y espacios que el Estado y otras esferas generaban, atomizando sus comunidades y reduciéndolas a grupos familiares carentes de capacidad para generar una organización amplia bajo criterios etnográficos. Como grupo social activo, los mapuches parecían haber sido disueltos.

Sin embargo, en los últimos años, y en un fenómeno similar al ocurrido en México por ejemplo, las comunidades mapuches parecen haber tomados conciencia de sí y para sí como sujetos sociales, ampliando sus niveles de organización, sus pretensiones de participación como grupo, y articulando sus demandas frente al Estado chileno de manera creciente.
Al parecer, el mayor acceso a información y bienes, generado por el mayor acceso a la educación de las generaciones más jóvenes de mapuches, ha permitido este proceso de indigenización, entendido como la asunción de un grupo –amplio o pequeño- con su identidad y raíz cultural, como base de su actuar social.

En este sentido, “no debe considerarse la indigenización como una cualidad exclusiva de lo indígena sino como un atributo de cualquier grupo…cuando se reafirma culturalmente.” (Ballon Aguirre)
Paradójicamente, la misma lógica institucional que históricamente los atomizó, parece haber aumentado las expectativas en torno a sus demandas y también su conciencia como grupo en los últimos años, sobre todo cuando bajo los parámetros del derecho, se pretendió establecer una igualdad legal inclusiva, mediante una especie de discriminación positiva, que en definitiva terminaría por absorber en la sociedad chilena a la etnia mapuche.
Contradictoriamente, eso no ocurrió y los sectores mapuches se vieron con mayores incentivos para desarrollar sus organizaciones, revalorar sus aspectos culturales y articular sus demandas, que van desde la propiedad de la tierra hasta la no discriminación en general.

En este sentido, al igual que en México, el mayor problema se presenta a nivel de actores políticos, puesto que los modelos político-partidarios de las principales coaliciones chilenas, “resultarán afectados ante una irrupción que no encajaba en el embalaje tradicional de sus ideologías” (Ballon Aguirre).

La irrupción del mapuche como sujeto activo en cuanto a sus demandas, descoloca a los actores políticos institucionales, que no saben cómo cooptarlos y por lo tanto, no ven más opción que deslegitimar su incursión como actor social y político, penalizando y judicializando sus demandas, y asumiéndolas como totalmente ilegítimas.
Lo anterior, porque las dos principales coaliciones no tienen una postura clara frente a las demandas indígenas, más allá de la apelación ambigua al estado de derecho. Peor aún, no conciben al sujeto indígena como actor político en la institucionalidad imperante.

En este sentido, el llamado conflicto mapuche no sólo se produce entre la etnia y el Estado, sino también a nivel institucional e interno chileno, donde los diversos actores, políticos y no políticos, irán adoptando posiciones que en definitiva irán cambiando el carácter del fenómeno.

El conflicto mapuche es más bien reflejo de un conflicto institucional chileno, entendido como un alerta a los valores de una sociedad muchas veces discriminadora, poco inclusiva, racista, clasista, con pocas oportunidades y muy elitista.

*Los valores nacionales relacionados con lo criollo y post-colonial y el desarrollo de una república de orden liberal.

Sí la (P) política está enferma, no hay que oxigenarla, hay que desahuciarla

En el último tiempo se ha puesto de moda un nuevo discurso para-político, similar y por qué no decirlo, heredero de otros anteriores, como el de la alternancia en el poder, el del consenso, y el de la frase “las instituciones funcionan”. Este nuevo discurso, resumido en la frase “Oxigenar la Política”, al igual que sus predecesores, es útil y transversal a los principales sectores políticos, debido a que es un simple recurso retórico volátil y sin fondo.
En los últimos años, se ha hecho común escuchar que la Política está desprestigiada, que está sucia, que hay que cambiarle la cara, y con eso las caras de quienes están en el poder, en los partidos.
El pragmatismo político y tecnocrático, que surgió como remedio al colapso previo, y que buscaba reemplazar a los grandes y utópicos paradigmas de antaño, parece también agotarse en su propia fórmula, y ha terminado por sumarse como un síntoma más, de una enfermedad que parece crónica, y que se manifiesta en una creciente desafección política.
Pero ¿Está realmente enferma la Política? ¿No es acaso una variante de la Política, la política partidaria esencialmente, la que está agotada, y no su totalidad como actividad social?
La Política en su mayor amplitud, es una dimensión presente en todo ser humano, que está constantemente operando en nuestras vidas. Continuamente estamos haciendo Política, al vender, al comprar, al conquistar o dejarnos conquistar, al terminar una relación, al volver a ésta, al competir en un deporte, al organizar un asado, una fiesta o un concurso, al discutir, al aprender, etc. En definitiva, somos animales políticos constantemente, se quiera o no.
Por otro lado, la política (con minúsculas) es aquel campo de actividad, que se nos hace creer que es el único y supremo para establecer la representación, la participación y la toma de decisiones sociales y que sin embargo, es una actividad limitada que funciona, se desarrolla y reproduce en base a una lógica específica, con sistemas de ideas específicos, y sustentado en un marco institucional determinado.
Esa lógica específica, ha hecho que el campo político (sobre todo el partidario como eje de representación y control del Estado) –en casi cualquier parte del mundo e histórica y frecuentemente- siempre pase a estar controlado por ciertos grupos, que con el paso del tiempo adoptan el carácter de elites políticas y económicas, que posteriormente se constituyen y sedimentan como oligarquías, que centran sus pugnas en torno a tener o no, el control total del Estado. En este sentido, nunca se alejan del todo del poder, que quede claro.

“Oxigenar el poder”

“Oxigenar la Política”, así como la retórica de los consensos, la alternancia, los independientes y la institucionalidad, es un discurso que surge dentro de las mismas elites que controlan y hacen usufructo del campo político -sobre todo el central- y cuyo propósito es mantener y proteger la estructura institucional y discursiva que sustentan dicho control, que en ciertos casos muestra fisuras en su hegemonía, cuando el resto de la sociedad civil manifiesta su desconfianza en la clase política.

En este sentido, no es la Política la que está enferma, sino que es específicamente el campo político partidario el que se agota en sus propias lógicas, contradicciones e incoherencias, perdiendo fuerza y legitimidad como espacio representativo y de participación política.

Es decir, se debilita el recurso discursivo e institucional en el que se sustenta el dominio del campo político como eje de lo político, por parte de los partidos políticos, sus coaliciones, sus centros de estudios y organismos asociados.

Si la gente vota menos, se inscribe menos, y confía menos, entonces el poder político-partidario en general pierde su hegemonía como medio de representación y legitimidad, en cuanto a la toma de decisiones.

Al igual que el surgimiento de nuevos partidos, que retóricamente plantean “romper las lógicas de los partidos tradicionales”, pero que en la práctica las aplican desde su génesis, el discurso de la oxigenación, sólo busca fortalecer y proteger la estructura institucional en que se supone debe estar circunscrita la participación política ciudadana, que es la base del poder para el sistema de partidos.

Sobre todo, sirve para fortalecer a ciertas elites -da lo mismo el bando-, que dentro del campo político, son más débiles que otras, o aún contando con suficiente poder, no han podido acceder al control del Estado, los partidos o algunos organismos.

Quienes lo enarbolan como bandera, bajo ningún punto de vista pretenden el ingreso de nuevos actores a sus círculos o el traspaso del poder a base del surgimiento de nuevas elites.

Por lo mismo, la "oxigenación" es una idea volátil y sin fondo, que no plantea cambios en las estructuras institucionales del poder, sino más bien el reforzamiento de éstas.

La "Oxigenación de la Política" no pretende revitalizar la actividad, sino más bien mantener artificialmente una lógica de poder que se agota.

En Sujeto y Sociedad:
El discurso navideño, entre el consumo y la espiritualidad

Democracia: La Dimensión Desconocida

La Democracia como concepto, como modelo, y como ideal, ha quedado reducida a campos de acción, como la existencia de elecciones frecuentes o la protección de ciertos derechos como la propiedad y la libre expresión, que excluyen dimensiones políticas y económicas mucho más amplias, que en definitiva las convierte en Poliarquías.

La Democracia como ser y deber ser, tiene implícita la dicotomía del sujeto, como agente individual y como parte de un colectivo social.

Su objetivo primordial como sistema surge de la necesidad de superar dicha contradicción, mediante la conjunción de ambos espacios, respetando las individualidades de los sujetos en cuanto a decisiones, y simultáneamente considerando los intereses colectivos surgidos de éstas, en base a la idea de representación, cuyo fin último era generar el máximo Bien Común para todos.

La noción de esta dualidad, implica considerar campos sociales de acción, en que los sujetos actúan como individualidades, en función de intereses particulares, y también como parte de una suma de individualidades, delegando sus decisiones a otros, dentro de un entramado social complejo, donde los roles e intereses son cambiantes.

Los campos de acción política y económica, donde existen dimensiones y entramados que establecen marcos de acción para los sujetos, tanto a nivel individual como colectivo, son en este sentido, los más complejos para disminuir esa dicotomía.

A medida que las sociedades se complejizaban en diversos estamentos, se profundizaba la división del trabajo y la propiedad, y simultáneamente las dimensiones de los campos de acción se expandían e imbricaban, se hizo más difícil compatibilizar el aspecto individual de la decisión, con el colectivo de la representación, como claves del Bien Común, haciendo que la distancia entre ambos aumentara profundamente.

Diversas dimensiones de la democracia relacionadas con la decisión individual y la representación colectiva: como la igualdad de condiciones para participar de ésta en pro del Bien Común, -donde privilegios, aptitudes y estructuras de dominación de cualquier índole se suponen abolidos o no existentes- comenzaron a ser subvaloradas, mientras se anteponían intereses particulares, ya sea de personas o grupos mejor organizados o con más recursos, que comenzaba a instrumentalizar la Democracia.

Lo anterior introdujo prácticas que paulatinamente fueron reduciendo el ámbito de la decisión y la participación de los sujetos, haciendo que la representación, no sólo por una lógica cuantitativa sino discursiva, se convirtiera en un aspecto central del discurso democrático, pero esencialmente simbólico y no práctico.

Ésto, trajo consigo la supresión de algunas dimensiones sociales de la democracia, y una lógica exclusión política, primero desde la esfera de la toma de decisiones, hasta la participación política en sí -en puestos de gobierno, dirigencia de partidos- que terminó por sedimentar un sistema de exclusión económica, eliminando prácticas democráticas en la producción, organización y gestión del trabajo.

Así, dimensiones complejas y sumamente ricas en el entramado social, como la Economía, las Ciencias y la Cultura, quedaron eliminadas del ideal democrático, y fueron confiscados por ciertas elites, que las convirtieron en dimensiones exclusivas, a las cuales, el resto no tenía -y no tiene- ningún tipo de acceso.

Más aún, cualquier expresión fuera de dichas dimensiones exclusivas era considerada poco docta, ordinaria, revolucionaria o incivilizada.

En muchos casos, incluso fueron eliminadas del ideario colectivo, mediante procesos de socialización que buscaban reproducir ese sistema desigual, como la Educación.

Cambio climático podría agravar conflictos en algunas regiones del planeta

El informe Cambio Climático como riesgo a la Seguridad, realizado por el Consejo Consultivo sobre el Cambio Mundial y el Programa Ambiental de Naciones Unidas llegó a la conclusión de que el cambio climático agrave o genere conflictos violentos en el planeta.

Las zonas de mayor riesgo según el documento serían África, el Mediterráneo, Asia Central, el Golfo de México y algunas regiones de América Latina.

Según los científicos, en su mayoría alemanes y suizos, el número de refugiados del clima, terminarán por desestabilizar los sistemas políticos de algunos países, generando violencia en muchos casos.

Los principales focos o causales de conflicto serían:

-Degradación de las aguas dulces.

-Disminución de la producción de alimentos.

-Aumento de desastres.

-Aumento de la migración por causa medioambiental.

Esto sin embargo, no es novedad, pues personalmente lo había constatado tiempo antes, al realizar mi tesis de Magíster acerca de la Reconfiguración de la Seguridad Internacional, donde el tema medioambiental era recurrente como un issue de creciente importancia, aún cuando los gobiernos y transnacionales, querían reducirlo sólo a la expresión de algunos grupos ecologistas.

El problema medioambiental, es social, político, económico y global, afecta en diversas dimensiones de la vida humana, y tiene costos irreversibles en muchos casos, cuando las autoridades anteponen intereses particulares, por sobre el bienestar de la población, no sólo humana, sino también animal, vegetal, natural.

Quizás algo que no mencionan los autores, es que no existen instancias institucionales para que las personas expresen, informen y puedan denunciar la irresponsabilidad medioambiental de privados o el Estado. Eso, también puede ser un foco de futura violencia.

Si quieren debatir de Filosofía Política Pura:

De vuelta a la Matrix - Contrariando a Slavoj Zizek

Capital Social, costos de transacción e Innovación*

Resumen:

El desarrollo de un país requiere una institucionalidad[1] que permita el surgimiento de organizaciones (organismos) de alta calidad que lo sustenten, generando mayores incentivos para el desarrollo de conocimiento e innovación, que permitan proyectarlo en el tiempo y el espacio social.
Lo anterior, porque es claro que “las instituciones afectan el desempeño de la economía debido a su efecto sobre los costos del cambio en la producción” (North, 1995:16).
Sin embargo, todo lo anterior requiere de individuos capaces de aprovechar dicho marco institucional, para generar mayores y crecientes innovaciones, ya sean éstas productivas, tecnológicas o científicas, cuando así se requiera y sea oportuno a favor del desarrollo.
El capital social –como un factor esencial en este sentido- puede ser un estímulo clave para dicho proceso, pero si es mal utilizado, mal valorado o distribuido, puede convertirse en una traba que eleve los costos de transacción en torno a los incentivos a la inversión en conocimiento e innovación.
Esto se puede ver con mayor frecuencia en sociedades donde el perfeccionamiento del capital social o humano, en muchos casos, no se produce a la par del capital físico o material, inhibiendo el desarrollo productivo, innovación y conocimiento.

[1] Institucionalidad, entendida como el marco de limitaciones formales e informales, las reglas del juego en una sociedad determinada, que establecen una estructura de incentivos en el intercambio y definen el conjunto de elecciones para los individuos dentro de éste.

-¿Es el capital social una institución que incentiva la inversión en conocimiento e innovación o más bien eleva los costos de transacción en torno a éstas?

-¿Cuál es el rol del capital social como incentivo o desincentivo en el impulso a la innovación y la eficiencia en los países en desarrollo?

-¿Cómo darle un buen uso al desarrollo del capital social en pro de una mayor eficiencia adaptativa?

Bibliografía
- North, D. (1995) Instituciones, Cambio Institucional y Desempeño Económico. Fondo de Cultura Económica, México.

- P, Frijters, D. J. Bezemer y U. Dulleck (2003) Contacts, Social Capital and Market Institutions – A Theory of Development. Working Papers, Departament of Economics. University of Vienna.
[En línea]. Disponible en: http://econpapers.repec.org/paper/qutpfrijt/2005-1.htm
[2007, 5 octubre].

- J. Fagerberg (2003) Innovation: A Guide to the Literature. Centre for Technology, Innovation and Culture, University of Oslo. [En línea]. Disponible en: http://www.econ.uniurb.it/siepi/dec03/papers/fageberg.pdf [2007, 5 octubre].

*Proyecto de Tesis de Doctorado, presentado para beca Fulbright-Conicyt de Igualdad de Oportunidades, que al parecer no me gané por qué, nadie lo sabe.

Falta la parte central con mis ideas claves, las cuales me reservo no publicar.

La Política sigue siendo de las elites

Los últimos acontecimientos políticos, como la pugna de poder entre Zaldívar y la mesa directiva de la DC, la abrupta salida de Carlos Cantero de RN por desavenencias ideológicas, y la reciente renuncia de Lagos Weber de la vocería del Gobierno y su reemplazo por Francisco Vidal, sólo dejan un hecho plausible y manifiesto, la Política sigue siendo un nicho acaparado y definido por las elites.

Algunos dirán que es lógico, e incluso natural, que las elites ocupen todos los nichos del espacio político y que sean ellas las que definan qué es importante en la Política, para finalmente acaparar la toma de decisiones, desde la cúpula hacia abajo.

El problema surge cuando las pugnas entre los miembros de esas elites -surgidas por el agotamiento de ciertos bienes- se desprenden hacia las bases como si fueran los hechos claves de todo lo político, convirtiéndose en el centro y base constitutiva de la Política en general.

Debe quedar claro que las elites tiene dos formas de mantener el poder (exceptuando el uso de la fuerza):
1) Cuando la elite agota los bienes a repartir entre sus miembros, comienzan las pugnas en su interior, pero siempre atrayendo a las bases, como si aquellas luchas fueran sus luchas.
2) Cuando la elite no quiere agotar los bienes a repartir, los convierte en bienes transferibles, pero sólo entre su propio capital humano.

Así, la pugna entre Zaldívar y Alvear, en ningún caso corresponde a una pugna en torno al Transantiago, el Modelo Político-Económico, o los más desvalidos, sino que es esencialmente una lucha por el poder al interior del Partido, entre dos elites que se han vuelto irremediablemente antagonistas con el paso del tiempo.

Incluso, podríamos decir que es el antagonismo entre Zaldívar y Alvear -surgido desde sus propias subjetividades personales y no políticas- el que se ha expandido como si fuera una pugna política a todo el partido, incluyendo a las bases, que se han alineado entre ambos egos.

En el caso de Carlos Cantero ocurre lo mismo, aunque de forma menos publicitada, su salida de RN, también tiene relación pugnas internas entre las elites de dicho partido, que guardan relación con diversas formas de articular el ejercicio del poder y la distribución de bienes políticos en su interior.

Por lo mismo, el senador declaraba "la convivencia interna se ha deteriorado a niveles que la constituyen un desagrado, además de observar un marcado relativismo ético en la forma como se gestiona la política en cierta dirigencia de RN"(El Mercurio on line, Viernes 23 de Noviembre de 2007).

En ambos casos, pero sobre todo en el de la DC, las guerras intestinas entre las elites, traducidas en personalismos, se expanden y publicitan hacia las bases, pero camufladas bajo conceptos volátiles, que esconden las verdaderas razones de las pugnas, mantener el poder en la cúpula, mantener el control de la elite y con eso, el de todas las bases.

En este sentido, la política a nivel de partidos, sigue estando dominada por los intereses de las cúpulas, sus elites dominantes y sus luchas de intereses. Las bases quedan relegadas a funciones utilitarias -mantener el poder de las elites- y en ningún caso, están consideradas para hacerse parte de éstas, ni tampoco son las llamadas a resolver dichas pugnas.

Al parecer, esa misma lógica de comportamiento de las elites, parece aplicarse en cuanto al retorno de Francisco Vidal a la vocería de Gobierno, en reemplazo de Lagos Weber.

Su designación -o redesignación- termina por demostrar y confirmar que "los rostros nuevos" en la elite política dominante: o jamás existieron, no existen -no hay nuevos miembros en la elite hegemónica- o simplemente aquellos que podrían ser rostros nuevos, no son considerados en la alta política.

Así, mediante esa lógica, la Política sigue siendo manejada, definida y constituida por las elites, como históricamente ha ocurrido.

El problema es que incluso las bases más ingenuas creen que esa es la democracia.

Zaldívar, la DC y el dilema del prisionero

En la Democracia Cristiana, por segunda vez se ha presentado la petición de expulsar definitivamente de dicho partido a Adolfo Zaldívar. La Directiva se ha mostrado cautelosa, a pesar de las duras y desafiantes respuestas que ha dado el senador. Claramente están en una situación no-cooperativa, en el dilema del prisionero.

La respuesta del senador Zaldívar en cuanto a la segunda solicitud de expulsión en su contra, presentada por la dirigencia democratacristiana, dirigida por la senadora Soledad Alvear, es un una clara prueba de fuerzas al interior del partido entre dos bloques opositores.

En este sentido, tanto Alvear (y toda la dirigencia) como Zaldívar, tienen dos posibilidades de actuar en torno a la continuidad de éste último en la DC: Cooperar uno con otro (retirándose la solicitud de expulsión, y no expulsando a Zaldívar y así dar por saldada la crisis); o no cooperar (Expulsar a Zaldívar a través del Tribunal Constitucional).

Si se retira la solicitud, y no se expulsa a Zaldívar, los costos serán relativamente menores en comparación a la expulsión. La DC y la actual dirigencia se podrán mostrar como un partido flexible e internamente democrático, capaz de resolver las pugnas internas, sin llegar a tener que recurrir al TC, ni propiciando rupturas o expulsiones. Zaldívar por otro lado, se mostrará como un elemento de alta influencia en el partido, y podría perfilarse nuevamente para alcanzar la dirigencia DC.

Si se mantiene la solicitud, y se expulsa a Zaldívar, los costos para éste son claramente elevados, debido a lo difícil que se hace desarrollar nuevos referentes políticos, sin que exista la posibilidad de cooptación o agonía política.

Por otro lado, Alvear podría salir fortalecida, pero es probable que las críticas internas desde otras facciones, y por parte de la oposición aumenten, y se centren en los aspectos democráticos de su dirigencia en cuanto a los miembros DC, y también en cuanto a las políticas del gobierno y el desempeño de los parlamentarios.

¿Quién traiciona a quién?

Si la solicitud de expulsión se mantiene y Zaldívar no es expulsado, esto implicará la derrota política interna de Alvear, que la dejaría débil en cuanto a una eventual candidatura presidencial, tanto al interior de la DC, como a nivel de la Concertación.

En ese escenario, y al estar en medio de una situación claramente no cooperativa, existirán constantes incentivos para romper el pacto entre Alvear y Zaldívar y por lo tanto, es probable que las pugnas se agudicen aún más.

En el caso de Zaldívar y Alvear, es probable que la competencia personalista conduzca a un escenarios no cooperativo, con resultados inferiores (en cuanto a beneficios personales y políticos) a uno cooperativo.

Juan Carlos y Hugo: Ni Reyes ni tiranos

La polémica entre Juan Carlos y Hugo, uno rey y el otro presidente, y las diversas reacciones y opiniones que surgieron posteriormente, han dejado de manifiesto varias cosas: Nadie entiende la frase "ni reyes ni tiranos", y muchos de los que se proclaman contra el absolutismo, son capaces de justificar uno para defenderse de otro.

En torno al "¿Por qué no te callas?" surgieron dos posiciones claramente identificables y contrapuestas en cuanto a los actores involucrados, pero ambas marcadas por una clara mentalidad de sometimiento y valoración inconsciente al absolutismo, ya sea como plebe o como prole, según sea el caso.

La actitud de plebe sometida, fue la de aquellos que defendieron la actitud de Juan Carlos, no sólo demostrando su aprecio con respecto a la persona del "rey", sino también, aunque sin darse cuenta, su extrema valoración y disposición con respecto a la monarquía como régimen político y de gobierno.

La postura de prole sometida, fue la respuesta de aquellos que defendieron la posición de Chávez, y el llamado proyecto Bolivariano, pero sin considerar ningún aspecto que potencialmente lo podría estar convirtiendo en un tirano, ahora o más adelante en Venezuela.

Ambas posiciones terminan por justificar, de un lado u otro, el absolutismo; ya sea el monárquico, con el propósito de hacer frente al potencial absolutismo del proyecto Boliviariano -claramente antimonárquico- y el unipartidario, para criticar las estructuras de privilegios que, de alguna u otra forma representa y simboliza cualquier monarquía, y que se despliegan en forma de oligarquías en nuestro continente.

Lo paradójico es que muchos de aquellos que constantemente enarbolan el discurso de la libertad y la democracia republicana para criticar el absolutismo chavista, llegaron a manifestar que Juan Carlos seguía siendo el monarca para Latinoamérica (algunos llamándolo el rey espiritual), o que su frase era reflejo de su necesaria presencia para poner "orden" en nuestro continente, ante el "desorden" actual que significarían los gobiernos "plebeyos" y bolivarianos de Chávez, Morales y otros. Sólo faltó que hablaran de desorden en las colonias.

Esta posición, surgida desde lo que podríamos considerar la plebe "criolla", en términos monárquicos, (incluso aquella que podría ser más antimonárquica si nos basáramos en los parámetros de la Revolución Francesa) tiene claros tintes antilibertarios, cargados de racismo y clasismo, heredados de los tiempos coloniales.

Racista y clasista, porque según esta posición, Juan Carlos, por el hecho de provenir de la vieja Europa, de una familia monárquica y de fenotipo caucásico, tendría más legitimidad política y diplomática, para ejercer el poder y también ejercer el derecho de romper el protocolo frente a cualquier otro mandatario.

Lo anterior, se justificaría más aún según esta visión, en el caso de Hugo Chávez, que sería solamente un venezolano (un zudaca para los ibéricos que son racistas), piel morena, de origen popular, que además osó acusar de actitudes imperialistas a algunas de las principales autoridades de la "vieja madre patria", incluido -aunque no directamente- el rey.

En este sentido, viejos resabios de la oligarquía realista y anti-independentista (para mantener sus privilegios coloniales), que después de la emancipación rápidamente se hizo parte del poder político y económico republicano, afloraron con fuerza después del altercado en la Cumbre, no sólo entre algunos miembros de las elites chilenas, sino que entre aquella burguesía de clase media, en muchos casos, con más tendencia a los absolutismos.

Antilibertarios, porque lo claro es que la sobreexaltación de la figura, estirpe y origen del monarca español, e incluso de su necesaria influencia en Latinoamérica, por parte de algunos, tenía un único propósito; tener mayores argumentos discursivos contra Chávez y su proyecto bolivariano.

Sin embargo, lo único que han demostrado es que a muchos, poco les importa realmente el absolutismo como contraposición y peligro para la libertad de las personas, pero sí les importa quién lo ejerce, en cuanto al riesgo de mantener y proteger sus privilegios e intereses personales o de clase.

Es decir, les da lo mismo que exista absolutismo, siempre y cuando quien lo ejerza proteja los privilegios ya existentes. Cuando el riesgo de que arribe un absolutismo significa riesgo para dichos intereses, entonces se hace necesario contraponerlo con otro, sea cual sea.

Así, los que defendieron la orden de silencio de Juan Carlos, para atacar a quien consideran tirano, terminaron por lanzarse como súbditos ignorantes a los pies de figura del monarca, tal como lo hicieron los grupos anti-independencia en toda América siglos antes.

Terminaron por exaltar otro símbolo del absolutismo, más fastuoso y elegante, pero absolutismo al fin y al cabo.

Terminaron por olvidar la frase que decía: Ni reyes ni tiranos.

Andrés Navarro, el mecenas ofendido de Lagos

La interpelación, hecha por Andrés Navarro, al ex presidente, Ricardo Lagos, donde le recordaba el haber aportado económicamente a su campaña, vuelve al tapete la necesidad de transparentar el financiamiento de las campañas políticas, para evitar la confusión de intereses.

En nuestro país no existe transparencia en el financiamiento de las campañas políticas, por lo que no se sabe quienes entregan dinero, en cuánta cantidad y tampoco se sabe quienes lo reciben y en qué lo usan.

La interpelación hecha por Andrés Navarro a Lagos, demuestra que existe una alta posibilidad de que esta falta de transparencia, termine por anteponer intereses particulares por sobre el Bien Común.

Lo central sin embargo, es que los votantes comunes y corrientes, aquellos que carecen del poder y dinero suficientes, se encuentran en una clara desventaja en varios sentidos:

-En primer lugar, en cuanto a la elección misma, pues el nivel de información, entre el elector común y el financista, es profundamente asimétrico, lo que implica que los últimos tendrán más posibilidades de elegir un candidato acorde a sus intereses en comparación a los primeros, que sólo estarían eligiendo en base a la buena fe.

-Segundo, como financistas y candidatos manejan mayor información mutua y de relevancia, en comparación al elector común, la representatividad de los últimos en cuanto a sus intereses será más débil que la de los primeros, lo que claramente es profundamente antidemocrático.

-Tercero, y quizás lo más grave es que las asimetrías de información y capital, terminan por favorecer a quienes más dinero puedan donar, entregándoles la posibilidad de ejercer mayor presión sobre los candidatos una vez electos, en favor de sus intereses particulares y personales, en desmedro del interés común y colectivo. Es decir, se constituye una Plutocracia.

En definitiva, el mecenas político adquiere la posibilidad de presión previa y posterior con respecto a un candidato, es decir en su condición de candidato y de funcionario público, lo que genera mayores probabilidades de corrupción, clientelismo, concesiones poco transparentes, pagos irregulares y nepotismo.

Por lo mismo, se hace necesario limitar el nivel de gasto electoral y transparentar el financiamiento de las campañas, dando a conocer públicamente quienes son los financistas, a quienes entregan dinero, en qué cantidades y con qué fines.

Sólo así podremos saber si nuestros políticos y candidatos electos, legislan y actúan en base a principios, ya sea éticos o legales, y no en base a la cantidad de dinero que quieren asegurar para la próxima reelección o para sus bolsillos, defendiendo los intereses de sus mecenas.