La falsa crisis, el gobierno inmóvil y la oposición oportunista

Mientras demandas específicas y genéricas se suman desordenadamente, generando el espejismo de una crisis; las autoridades dan palos de ciegos y la oposición aprovecha de generar descontento social, hablando de desgobierno, crisis social y contradictoriamente del peligro de violentismo.
La crisis social es ficticia, y ésta ilusión se debe a que al descontento por el Trasantiago, que hace días ya había generado protestas por parte de ciudadanos -no violentistas, como el Gobierno y la derecha expresaron- se sumó, por coincidencia, el llamado “Día del combatiente”, que es una “celebración” que no tiene ningún fin político más que mostrar insatisfacción, y por lo tanto sin ninguna proyección en el tiempo.
Es artificial, pues términos específicos, y siguiendo el modelo de David Easton, ésta se debe a que a las demandas específicas generadas a partir del Transantiago, se sumaron -por coincidencia- otras demandas genéricas y “canalizadas” en el día del combatiente, que carecen de articulación política y por lo tanto, no son trascendentes. En ningún caso van de la mano.
En este sentido, debido a que el Gobierno ha demorado en responder a las demandas específicas y ha tomado decisiones (output) no muy acertadas –como el cambio de gabinete-, lo anterior ha dado pie para que la oposición aproveche esto, y catalogue a la Presidenta de falta de liderazgo y capacidad, hable de crisis social, desgobierno, y simultáneamente incite un mayor descontento social haciendo declaraciones del tipo; “a la Concertación no le importa castigar a los más pobres" (La Tercera).
Si bien la población ha evaluado negativamente los output del Gobierno con respecto al Transantiago - lo que se ha visto reflejado en apoyos conductuales negativos (manifestaciones, protestas, desordenes)-, las acciones vandálicas del día del joven combatiente no pueden ser consideradas como un efecto de dicho descontento, ni menos como indicio y parte de una crisis social y política, como la oposición ha expresado.
Las acciones violentas del día 29 de marzo, sólo son el resultado de una conjunción accidental entre demandas específicas del Transantiago y demandas genéricas, que responden más a un discurso establecido, que a objetivos políticos y sociales determinados y planificados.
Lo más probable es que, como ocurre todos los años, el día del joven combatiente pase al olvido, y las demandas específicas del Transantiago sigan siendo lo que son, específicas.
Lo preocupante es que algunos dirigentes de la oposición, en un acto de oportunismo hablan de la necesidad de un giro radical ¿Qué giro? ¿Un golpe?
Peor aún, contradictoriamente, con sus declaraciones, contribuyen a generar mayor descontento con el Gobierno por parte de la ciudadanía, mayor cantidad de manifestaciones, y luego, hablan de desorden, del peligro del violentismo, de crisis social.
¿Con qué objeto? ¿Hacer caer al Gobierno? Quizás la derecha chilena se volvió anarquista

Cambio de gabinete. Salvar la crisis, sin rostros nuevos

En medio de la crisis generada por las fallas en el Transantiago, el segundo cambio de gabinete por parte del Gobierno de Michelle Bachelet, no fue una sorpresa para nadie, pero ratificó que "los rostros nuevos en el Gobierno" eran sólo un slogan.

El nuevo "reacomodo" del Gobierno, no sólo alteró la paridad de género que pretendía la Presidenta Bachelet, sino que terminó por demostrar que la frase "queremos caras nuevas" era sólo un slogan de campaña, sobre todo con la nueva inclusión de viejos rostros, como el ex senador,José Antonio Viera Gallo, en la Secretaría General de la Presidencia, y el ex director de TVN y ex ministro del Trabajo, René Cortázar en Transportes .

Ésta lógica de "reiteración", ya se vio con anterioridad en la Presidenta, al designar como Intendenta de la Región Metropolitana a Adriana del Piano, quien ya había sido Ministra de Bienes Nacionales en 1994 y Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer en 1999.

El nuevo gabinete, confirmó una lógica de rotación -que se viene desarrollando desde el primer gobierno de la Concertación - y que mantiene constantemente a un reducido grupos de políticos en los altos puestos del Estado, como si fueran especialistas en todo.

Entre estos se incluyen: José Miguel Insulza, Jorge Arrate y Soledad Alvear (tres carteras cada uno); Ricardo Lagos, Sergio Molina, Germán Correa, Alejandro Foxley, Carlos Figueroa, Raúl Troncoso, Carlos Mladinic, Jaime Ravinet, Álvaro García, Germán Molina, Adriana Delpiano, Francisco Vidal y Yasna Provoste (con dos ministerios cada uno). También podemos incluir a la misma Presidenta, quién se desempeño en Salud y Defensa durante el gobierno de Ricardo Lagos.

¿Falta de funcionarios?

¿Escasez de profesionales para cada área o simplemente la lógica de las nuevas elites?

Bienes públicos divisibles que se vuelven privados

Es claro que la política, junto con el ejercicio del poder y el Estado, se han convertido en el alter ego del Mercado, donde los actores intercambian bienes por apoyos políticos y la mantención del poder.
Dichos bienes pueden tener un carácter público o privado y simultáneamente ser divisibles o no divisibles. Tanto en los partidos políticos como en el Estado, se producen “campos de fuerza”, donde distintos actores compiten por dichos bienes.
En el caso de las becas presidenciales, éstas habrían sido concebidas como un Bien Público Divisibles, donde el depositario de dicho bien, no era un colectivo, sino que personas naturales, que por ciertos méritos, se le otorgaba dicha ayuda.
Para que un bien mantenga su carácter de público, el acceso a éste debe ser abierto, como es el caso de una beca presidencial, a la que pueden postular todos los individuos que cumplan determinados requisitos –esto más allá de los propios filtros que siempre existen, como nivel de estudios, promedios de notas, calificaciones, etc.-.
El problema radica en que la línea que divide a un bien público de este tipo, con un bien privado se torna algo difusa cuando quien ofrece el bien es el Estado.
Que un partido o coalición pague y financie la educación de sus miembros no es problema, pero que lo haga a costa de los recursos y bienes que ofrece el Estado, sí es problema.
Cuando ocurre eso con un beneficio otorgado por el Estado –y no por un gobierno- el bien público, se vuelve privado, y entonces, los bienes y beneficios que este conllevan, parecen volverse consuetudinarios entre los miembros de las clases dirigentes encargadas de entregar dicho bien. Entonces, el bien pierde su carácter colectivo, se vuelve exclusivo.
Por esto, tampoco es válido el argumento que dice que el gobierno de turno, tiene derecho a preparar a más gobernantes, porque el beneficio es entregado y financiado por las arcas del Estado, y no por las arcas de los partidos gobernantes.

Soy hijo de...denme una beca...

Las subvenciones, subsidios, ayudas o mejor conocidas BECAS, se suponen hechas y destinadas para aquellos, que por falta de recursos, esencialmente económicos, se encuentran imposibilitados y en desventaja para acceder a alguna oportunidad de desarrollo, ya sea educacional, deportiva, académica o profesional.

Se supone que el criterio para que éstas sean asignadas se basa únicamente en la capacidad de quién eventualmente la recibe y su falta de recursos, y no depende de otros factores, como parentescos, ideología, raza, credo, tendencia sexual.

En este sentido, existen beneficios ofrecidos por el Estado que no son para todos, sino que existen y han sido concebidos para determinados sectores, por ejemplo ancianos, jóvenes, discapacitados o minusválidos, desempleados, infantes, desposeídos, gente de escasos recursos. Es decir, en la repartición de beneficios, en muchos casos se debe hacer una "discriminación positiva" de ciertos beneficios.

En el caso de la beca presidencial, ésta supuestamente fue creada para ayudar y finaciar los estudios de perfeccionamiento de personas que no cuentan con recursos suficientes, pero sí con el suficiente mérito académico y no para aquellos que cuentan con alto capital social.

Eh ahí la polémica actual, pues quienes están accediendo -a un beneficio que entrega el Estado-son personas que no requieren ni están contempladas en ese beneficio, miembros de las elites, que obviamente, no tienen problemas de ingresos. Lo mismo ocurre con los créditos en universidades tradicionales, con el financiamiento en deporte, etc.

Se hace mal uso de un beneficio en desmedro de quienes realmente lo necesitan. Esto, porque los puestos públicos, los bienes y beneficios que estos conllevan, parecen volverse consuetudinarios entre los miembros de las clases dirigentes a medida que un sector, grupo, coalición o partido se sedimenta en el poder, afectando profundamente la distribución y probidad del poder dentro del aparato estatal y también la imagen que los ciudadanos tienen con respecto a la “democracia”.

Los canales de TV abierta quieren cerrarnos los ojos

Una idea que muy frecuentemente acompaña a la de Democracia, es la de pluralidad, sobre todo a la relacionada con los Medios de Comunicación.

Así, según la teoría, toda sociedad que se jacta de ser "democrática" no debe tener la propiedad de los medios concentradas bajo el alero del Estado solamente o de algún agente privado.

En Chile, los canales de televisión abierta están bajo el control de la Iglesia, el Estado y algunos empresarios.

Pero el Gobierno -que no es lo mismo que el Estado, valga la redundancia- está a dos meses de dictar la norma que cambiará el actual modelo de Televisión, y permitirá abrir paso al uso de la televisión digital en Chile. Una idea revolucionaria que busca priorizar la cantidad de canales, para generar un mayor pluralismo y la existencia de medios más independientes.

Con respecto a la TVDigital existen dos opciones, la norma estadounidense, que da prioridad a la calidad de imagen; y la europea, que fomenta la creación de nuevas estaciones.

Pero hay otra diferencia, que es más solapada. En Estados Unidos se produce mayor concentración en cuanto a la propiedad de los medios, es decir, hay varios canales, pero en manos de muy pocos dueños. En el modelo europeo, eso varía sustancialmente, pues se fomentan los canales de carácter local, regional, y particular, no necesariamente, pertenecientes a un solo gran consorcio o a un grupo oligopólico.

Entonces ¿Qué sería más democrático en este sentido para Chile?

Actualmente en Chile existe un oligopolio en cuanto a la propiedad de los medios televisivos -existen sólo 8 estaciones de TV abierta- que recibe todas las ganancias por conceptos de publicidad y otro tipo de actividades relacionadas. Es decir, el actual modelo, en términos de pluralidad, es bastante deficiente, pues debido a que el sistema depende de la viabilidad económica de los canales, quienes logran crear un canal son sólo los que tienen un gran capital involucrado.

La televisión digital permitiría la creación de 30 nuevos canales, que ampliarían la variedad y pluralidad de los medios, permitiendo que las regiones y nuevos propietarios medianos también tengan sus canales, generando medios más independientes.

Sin embargo, -contradictoriamente a su visión liberal del mercado y la competencia- los ejecutivos y dueños de los 8 canales existentes, ya han planteado que el ingreso de más competidores sólo produciría una disminución en las ganancias provenientes de la publicidad y que la calidad de la TV se vería afectada en ese sentido.

Pero, extrañamente, según los libremercadistas, la mayor competencia genera mayor calidad, entonces, ¿Por qué tanto problema? Peor aún ¿De qué calidad hablan si actualmente seis de cada diez chilenos no están conformes con los contenidos ofrecidos por los 8 canales de TV abierta?. Así es, a 6 de cada 10 no le gusta lo que ve.

En este sentido, la Televisión digital no sólo ofrecerá la posibilidad de mayor cobertura y exposición a potenciales nuevos canales regionales e independientes, sino que incentivaría a una mejor calidad y amplitud de temas, más trabajo para los periodistas, y lo más importante, romperá el oligopolio poco pluralista y poco democrático que actualmente existe.

Por lo mismo, los objetivos del Gobierno, a través de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) son cambiar ese modelo poco plural y también incitar a mejorar los contenidos que se ofrecen por TV abierta sometiendo a concurso durante el 2007 parte de las nuevas señales que se instalarán con la televisión digital.

La idea es abrir espacio a medios independientes, terminar con un modelo de propiedad de los medios de televisión abierta que es poco democrático, que los 8 canales existentes hoy, quieren mantener para proteger sus intereses particulares y económicos; y también por qué no decirlo para mantenernos con los ojos cerrados y las mentes adormecidas.

* Una dictadura económica, el monopolio, lo tiene el oligopolio.

El efecto ricochet, Información, corrupción, entropía y percepciones

En las últimas semanas, la agenda noticiosa -en el área política- se ha visto saturada de informaciones sobre eventuales casos de corrupción, algunos ya conocidos pero que siguen mostrando nuevas aristas y otros nuevos, como el del Servicio de Impuestos Internos, que han tapizado las noticias políticas con palabras recurrentes como corrupción, probidad y transparencia. Eventuales, porque un principio básico de la Justicia, es la presunción de inocencia, hasta que no se compruebe lo contrario.
Sin embargo, más allá de la necesaria y constante información que la prensa debe proveer a la ciudadanía, existe la posibilidad de que ésta derive en una entropía poco beneficiosa para el público.
En este sentido, la excesiva cobertura a los ahora potenciales casos de corrupción en el Estado -ya no es en un solo gobierno, sino en todo el aparato estatal en sí- ha hecho que la ciudadanía vaya perdiendo la capacidad de discriminación en cuánto a determinadas informaciones, haciéndola entrar en alarmismos que quizás no concuerdan con la realidad. Es decir, la entropía genera fallas en la percepción del entorno social mismo.
No se trata de no informar lo que ocurre e investiga, sino que de informarlo correctamente. Es importante dejar en claro que los fallos judiciales son determinantes en los casos, que las sospechas son buenas, pero no necesariamente tajantes, sobre todo en situaciones complejas. Segundo, que la corrupción no surge de un día para otro y que es una estructura que se va sedimentando debido a la acción de las propias personas.
Tercero, y lo más importante aún, es que es tarea de cada ciudadano, evitar la corrupción, con acciones tan simples como exigir las boletas aunque se compre un chicle, hasta evitar la evasión tributaria de niveles estratosféricos.
La corrupción se fortalece cuando la mayoría de los ciudadanos se vuelven y se perciben como posibles corruptos o corruptibles, cuando muchos "tienen un precio" y ese precio es bajo en términos de costo.
Por esto, en ciertos países es fácil infringir leyes de tránsito porque es menos costoso sobornar al policía, el cual se sabe y percibe sobornable y sabe que hay quienes lo sobornan o están dispuestos a hacerlo. Y eso, radica en una lógica de percepciones, pues mientras más personas adquieran esa percepción, más institucionalizada se hace la corrupción.
Por esto, los medios y también los tribunales, jueces y políticos, no sólo deben informar, sino que deben recordar y demostrar que aún es altamente costoso en Chile ser corrupto, y que es una práctica mal vista, reducida, que sólo los malos ciudadanos la practican.
La entropía y la sobresaturación pueden generar lo contrario, hacer creer y generar la percepción en la ciudadanía, de que todos son corruptos.
Entonces, la idea al fin y al cabo, es evitar aquella percepción en que todos lleguen a decir ¿Si todos roban, por qué yo no? como ha ocurrido en otros países.

Un semestre costoso para el Gobierno, más aún para el Estado

La abrupta salida de la Directora de Deportes, Catalina Depassier, debido a las denuncias realizadas por diputados de la Alianza, que indicaban la falsedad de su título profesional, y las repercusiones que esto tuvo al interior de la Concertación demuestran la ambigüedad que hay en torno al ejercicio de puestos políticos y no políticos en el aparato estatal.

Cargos como subsecretarias y ministerios son considerados puestos políticos, pues se basan en la confianza que tengan - en este caso el Presidente - para nombrarlos, y por lo tanto, tampoco se exige títulos profesionales para su ejercicio o selección.

Más allá de las coaliciones ¿Es esto beneficioso para el Estado mismo?

Cuando se ha hablado de transparentar el funcionamiento del Estado y sus recursos, también se debería considerar el transparentar y hacer más competitivo el acceso del recurso humano que opera en el Estado, haciéndolo más eficiente.

Esta especie de filtro, no implica que los cargos dejen de ser cargos políticos, pero sí que quienes accedan a dichos puestos, sean idóneos dentro de esas áreas. Es decir, el cargo debe seguir siendo político pero la elección se debe hacer en torno a profesionales determinados de manera racional.

Se debe racionalizar la designación de cargos políticos, no sólo para hacer que el Estado sea más eficiente, sino también, para hacer más fuerte al Gobierno de turno, evitando cuestionamientos por falta de preparación, poco profesionalismo o "chanterios".

No se trata de hacer un gobierno de tecnócratas, pero sí de fortalecer los puestos políticos, no con respaldos partidarios, sino que con la formación y preparación de los propios funcionarios.

Por otro lado, se debe dar cuenta del patrimonio previo y posterior de los altos funcionarios, y su nivel de desempeño, como lo hace cualquier empleado en cualquier lugar de trabajo.

Es esencial que la institucionalidad misma regule y evite el surgimiento de indicios de corrupción, apropiación ilícita y mal manejo de información.

Del antagonismo al agonismo en el sistema político chileno

El traspaso del poder desde la dictadura militar al régimen denominado en un principio “democracia de los consensos”, significó el fin de los antagonismos en el sistema político chileno, entendidos como las posiciones que son negadas, operan fueran de un discurso determinado, y generan dislocaciones en éste último.
Desde la Teoría del discurso, y utilizando conceptos como Hegemonía, articulación y cadenas de equivalencia –que definimos más adelante- analizaremos como la situación de crisis en que estaba derivando la dictadura militar, dio paso, mediante la articulación política por parte de las elites, a una resignificación de discurso constitutivo de la sociedad chilena, y el establecimiento de una hegemonía de orden neoliberal, que se sitúa sobre el discurso político, absorbiéndolo. Esto, mediante el análisis histórico de hechos significativos en tal proceso y sus implicancias posteriores
¿Cómo se produce éste pasó de un antagonismo de fuerzas sociales, previo a 1988, a un agonismo y una hegemonía Neoliberal después de las elecciones del 5 de octubre?
Podemos decir que antes de 1988 la sociedad chilena se encuentra en una fase de dislocación, entendida como la aparición de fallas y contradicciones en el Discurso autoritario de la dictadura, que generan múltiples discursos, que plantean diversos significantes flotantes como democracia, reconciliación, o levantamiento popular. A partir de 1988, se pasa a una nueva fase, denominada de mito, donde diversas posiciones discursiva luchan por volverse hegemónicas, que posteriormente termina con la sedimentación del discurso neoliberal a partir de 1990.

*Abstract del trabajo Del antagonismo al agonismo en el sistema político chileno.

La muerte de Pinochet y las fallas de una transición no completa

El domingo 10, a las 14 horas chilenas, una sutura social, hecha a base de consumo, se abrió y dejó salir bastante purulencia, putrefacción de todo tipo, desde todos lados.
Chile se mostró para el mundo, dividido. El país modelo de Latinoamérica mostraba que, más allá de su imagen de crecimiento y orden, por dentro, en sus intestinos, aún hay cosas que lo dañan, lo dividen.
La muerte de Augusto Pinochet Ugarte -el dictador para algunos, el salvador para otros- más que implicar o marcar definitivamente el fin de una época en la historia chilena, expuso lo contrario. Demostró que la transición, esa sutura, es débil y está infectada por viejos antagonismos, que siguen marcando la vida política y social chilena. Rivalidades de clase, ideológicas, pero que son ahora esencialmente transversales a todos los grupos sociales de la sociedad chilena.
Transversales, porque en ambos lados, podíamos ver gente pudiente y no pudiente, personas que nacieron después de la dictadura o el régimen, y también niños. La división se ha hecho transtemporal y transgeneracional.
Las instituciones se mostraron invadidas por la división, que el velo de la transición y el crecimiento económico -que con el crédito pretende mostrarnos a todos unidos en una sola línea- sólo cubren levemente.
Afloraron en horas aquellas viejas divisiones. Por un lado el gobierno, por otro el ejército, y al medio el pueblo, la ciudadanía.
¿Terminó la transición? No, al parecer no, porque las divisiones no son sólo ideológicas.
Tienen una raíz social y económica profunda, que se arrastra por años, que por las condiciones que hoy vive Chile, se tornan difusas, complejas, y difíciles de apreciar. Estas divisiones, van más allá de los actores políticos, vivos y fallecidos. Más allá del mismo Allende y el mismo Pinochet, que son sólo personificaciones y objetivaciones de una división social recóndita, entre excluidos y dominadores.
Lo que se apreció el domingo 10 de diciembre y los días subsiguientes, es que la transición a la democracia, y la “democracia”, no han logrado saldar diversas cuentas con la ciudadanía. No sólo judiciales, también sociales, económicas y políticas, que se ven canalizadas y expresadas en el ser pinochet o antipinochet.
Podríamos pensar que en base a eso, la gente se manifiesta a favor o en contra del modelo constitucional, social, político y económico impuesto desde 1973, no sólo por Pinochet, sino por quienes realmente fueron los ideólogos de esto, en base a su nivel de “éxito” o “fracaso” en la sociedad actual.
Entonces vemos, que la noción inclusión-exclusión vuelve a operar, porque lo que vimos el día domingo, no es sólo el apoyo o el rechazo a un hombre, también vimos el apoyo o el rechazo a un modelo de sociedad existente, que es la base de la actual división en la sociedad chilena, en excluidos e incluidos, en productivos e improductivos, en buenos consumidores y malos consumidores.
Sin embargo, debido a la transversalidad, transtemporalidad y transgeneracionalidad que han alcanzado las posiciones, vemos que hay ambigüedad en torno a muchas perspectivas actuales, pues el modelo criticado también ha sido fortalecido por muchos de los que se manifestaron en contra del hombre que dirigió su imposición desde 1973, y también muchos de los excluidos por el sistema de Pinochet, lo despidieron como su héroe.
Por esto, quizás la falla más grave de la transición y de la democracia misma, es habernos hecho caer en una profunda ambigüedad de posiciones, donde por un lado se fortalece un modelo, y por otro se desprecia a quién lo impuso, haciéndonos perder la perspectiva de lo que realmente necesitamos como sociedad.
La falla más grave de la Transición, es que no nos ha permitido desligarnos del pinochetismo y al antipinochetismo, que parece que todos llevarán inserto en la cabeza, y que aparece de forma abrupta en muchas ocasiones, impidiéndonos ver y avanzar hacia otras cosas –otros issues como la distribución de la riqueza o la profundización de la democracia- que son más esenciales para cada chileno.

Cambio institucional y proceso de transición. Lo que los cubanos deben considerar

Cuando se habla de un cambio de régimen, de querer propiciarlo o evitarlo, se debe tener claro que dicho proceso, implica no sólo un cambio en los actores visibles en el poder, sino también de toda la estructura que los sustenta en éste.
Cuando se produce un cambio profundo en una sociedad, lo que cambia no son sólo los organismos –entendidos como grupos de individuos vinculados por alguna identidad común con respecto a ciertos objetivos, ya sean partidos políticos, grupos empresariales o religiosos, étnicos o sociales- sino también, se supone, se transforman las instituciones, entendidas éstas como las reglas del juego en que dichos actores, los organismos, funcionan en la sociedad.
Cuando se tiene la noción de que ocurrirá un cambio en la sociedad, ya sea una revolución, una transición o una crisis, se debe tener claro que son las instituciones, con sus limitaciones tanto formales como informales, las que siempre reducen la incertidumbre en nuestra vida diaria, facilitando y definiendo el conjunto de opciones a elegir, y que por lo tanto descomponerlas en su totalidad sería un llamado al caos.
En este sentido, cada actor del proceso de cambio debe conocer dichas instituciones, pero más importante aún, debe conocer sus propios objetivos con respecto a dichas instituciones y las mejores opciones para lograr cambios dentro de ese marco.
En el caso de Cuba, este imperativo es de suma importancia para la actual situación que vive y vivirá la isla.
Todos los actores eventualmente involucrados en el futuro de Cuba, deberán tener claro el marco institucional en el que posiblemente se desarrolle el proceso de cambios –no sabemos hacia donde- y también cuáles serán sus objetivos y opciones dentro de ese proceso.
A partir de la Revolución Cubana, una serie de organismos nuevos se fueron generando al interior del nuevo régimen, pero también una nueva institucionalidad, que muchos cubanos, exiliados y auto exiliados, quizás desconocen. Lo mismo ocurre a la inversa mirando desde la isla.
Cuando Raúl Castro planteó la idea de sentarse a negociar con Estados Unidos, estaba dando una señal de que el régimen cubano está tomando conocimiento del nuevo contexto y de la nueva institucionalidad que se podría generar en torno a la situación cubana (rechazo al bloqueo, apoyó a un proceso de cambio sin intervención estadounidense, mayores libertades, etc.) En este sentido, dicha posición estaría bajando los costos de negociación en un eventual proceso de transición en Cuba, pues Raúl Castro estaría generando una institución informal que hace mucho no establecía el régimen con los Estados Unidos, el diálogo.
Es importante tener claro que una institución informal, en las relaciones entre los cubanos de Miami y los de la isla, era el no diálogo. Ninguna de las partes daba su brazo a torcer manteniendo las posiciones rígidas y elevando los costos de negociación a niveles donde era imposible hacer valer los acuerdos. Sabemos que en la política, medir y hacer valer los acuerdos es mucho más complejo, por lo tanto, facilitar la negociación dentro de un nuevo marco institucional es clave. El caso del niño Elián fue un ejemplo claro del alto costo de la negociación, pues sabemos que las asimetrías de información definen los costos de negociación.
Hoy Cuba se apronta a vivir nuevos procesos de cambio, y por lo tanto, debemos tener claro que cada actor que se involucre deber conocer las reglas del juego en que esto se producirá, pero también deben saber qué institucionalidad van a querer para Cuba, y las formas en que se establecerán los acuerdos, y lo más importante, las formas en qué harán que estos sean respetados.
Quizás sería bueno pensar que Cuba, a pesar de la Revolución hecha hace mucha ya, aún no ha cambiado su estructura institucional que viene desde tiempos de la Colonia, y que se mantuvo con Batista, y con Fidel.
Quizás cada cubano debería mirar bien hacia atrás y pensar que todo parte desde ahí y que desde ahí debe provenir el cambio total. Es decir, no basta con cambiar los organismos, ni los nombres, ni los seres humanos, hay que cambiar nuestras mentes.