martes, agosto 01, 2006

Políticas de inclusión urbana en Chile

Autores: J.G.A-P.C.S
Si bien durante los 90´ se construyeron, por parte del Estado, cerca 96 mil soluciones habitacionales anuales, que disminuyeron notablemente el déficit habitacional, éstas no lograron revertir el carácter no inclusivo que el desarrollo urbano chileno ha tenido en las últimas décadas.
Es decir, se disminuyó el déficit, pero no se generó inclusión social a través de una política urbana planificada.
Si consideramos que en toda Latinoamérica “la proporción de la población que vive en zonas urbanas se ha incrementado de alrededor del 50% en los años sesenta al 53% en los años setenta, al 58% en los ochenta y a más del 60% en los noventa.”[1], el carácter no inclusivo de la ciudad chilena, quizás tiene relación con una lógica que se produce con la migración campo-ciudad, en la que “a medida que las personas comienzan a trasladarse a las zonas urbanas de mayores salarios, la sustancial brecha que se observa entre las remuneraciones urbanas y rurales contribuirá a incrementar gradualmente la desigualdad.”[2].

Si se estima que actualmente “América Latina se distingue por sus ciudades caóticas, ruidosas, contaminadas, segmentadas en barrios para ricos y para pobres”[3], una nueva política en cuanto a vivienda y urbanización debe apuntar a revertir ese carácter en las ciudades chilenas y promover una nueva imagen de ciudad en el contexto latinoamericano.
Pues “solamente Brasil, Chile y Venezuela se caracterizan por tener más de la mitad de los hogares de los tres deciles más bajos en las zonas urbanas….”.[4].
Por lo tanto, son ideas esenciales el desarrollo de la equidad territorial y el de capital social, a través de una política inclusiva, basada esencialmente en la revaloración del concepto de barrio, que revierta la segregación.
El concepto de capital social debemos entenderlo en este sentido, como las redes sociales, culturales, educacionales, de recreación, que permiten el establecimiento de nexos que facilitan relaciones cooperativas entre los individuos, donde el intercambio de información se hace menos costoso y por lo tanto establecer acuerdos es más factible.
Esto, también es aplicable y sumamente importante en las relaciones urbanas, sobre todo cuando hablamos del concepto de barrio, visto esencialmente como el espacio donde se producen relaciones comunitarias entre los individuos.
Lo anterior es muy importante si consideramos que “las ciudades más grandes tienen niveles más bajos de capital social (desde vínculos comunitarios más débiles a menores niveles de confianza interpersonal).”[5], y que por lo tanto, se hace necesario desarrollar programas urbanos inclusivos, que fomenten el fortalecimiento e intercambio de dicho capital social a nivel de barrios.
Todo lo anterior, porque “el traslado de los habitantes hacia otros ámbitos territoriales de las ciudades no sólo deja espacios desocupados, subutilizados e improductivos en sus contornos centrales, sino que con frecuencia es parte de la cadena causal que conduce tanto al deterioro económico, social y ambiental, como a la mutilación y pérdida del patrimonio cultural de estas zonas”[6].
En este sentido, debemos considerar que en Chile la ciudad ha crecido en forma no planificada, generando divisiones urbanas no inclusivas y dando paso a “la existencia de grandes zonas de concentración de la pobreza, que contrastan con la de zonas residenciales exclusivas, las llamadas ciudades “divididas”; es decir, ciudades habitadas, por un lado, por ciudadanos con derechos plenos, asentados en zonas que cuentan con una adecuada infraestructura, equipamiento y servicios, y por el otro, por personas en situación de pobreza, quienes se encuentran segregadas espacial, social y económicamente, en barrios y colonias con instalaciones precarias y de escaso valor en el mercado urbano”[7].
Esto, trae consigo otro tipo de problemas que afectan a la ciudad y su constitución como espacio público y social, pues “las ciudades gigantes padecen de una amplia gama de males, desde altos grados de contaminación hasta una mayor congestión del tránsito y mayor tiempo para movilizar”[8].
La disgregación urbana afecta ámbitos como la producción, la calidad de vida de los individuos, la educación y la vida afectiva. Las distancias y la congestión inciden de forma nociva en el desempeño laboral y académico, generando en muchos casos deserción escolar, cesantía, e incluso depresión.
La delincuencia, podría eventualmente verse disminuida con una política de inclusión urbana, pues si bien, es una política de largo plazo, ésta generaría lazos comunitarios importantes entre los habitantes de diversos estratos socioeconómicos que no sólo permiten un mayor desarrollo del capital social, sino que el establecimiento de relaciones de cooperación urbana.

Por otro lado, “la expansión desordenada de las ciudades hacia áreas no aptas para el desarrollo urbano tiende a traducirse en deterioro ambiental y una creciente vulnerabilidad de los hogares frente a las amenazas de origen natural. La condición socioeconómica de las familias de escasos recursos los hace más propensos a vivir en áreas de difícil acceso y de alto riesgo, con una infraestructura frágil y en viviendas inseguras, así como a sufrir las consecuencias más severas, entre otros, de la insalubridad, los sismos, las inundaciones, los hundimientos y los movimientos de tierra”[9].
En este sentido, una buena planificación del crecimiento urbano permitiría al Estado, disminuir costos generados a partir de “externalidades negativas” provocadas a causa de los eventuales desastres que podrían afectar a una población ubicada en un terreno no apto para el asentamiento urbano.
Sin embargo, se debe tener en cuenta el eventual impacto a corto plazo que esto podrían tener dichas políticas, pues implicarían, posiblemente, un gran cambio para los sectores de mayor ingreso económico, donde algunos podrían mostrarse reacios a éstas medidas inclusivas.
En este sentido, podrían considerarlo como una acción en desmedro de su nivel de vida, en ámbitos como la seguridad o el valor de la propiedad. Por lo tanto, no se deben dejar de considerar los posibles efectos que la inclusión tendría en los valores del suelo, los cuales -eventualmente- podrían verse afectados por ésta, ya que dichos precios sólo se mantendrían sin experimentar variaciones.
Se deben generar los incentivos necesarios –en equipamiento, servicios, y en el ámbito social- para que el posible impacto negativo de las políticas urbanas inclusivas aplicadas, sea menor que los beneficios al mediano y largo plazo, los cuales se generarían no sólo en términos urbanos sino que sociales.
Citas:
[1] (América Latina frente a la desigualdad, Progreso Económico y social en América Latina –Informe 1998-1999, Banco Interamericano de Desarrollo).
[2] Idem.
[3] Programa Hábitat, Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos.
[4] (América Latina frente a la desigualdad, Progreso Económico y social en América Latina –Informe 1998-1999, Banco Interamericano de Desarrollo).
[5] Desarrollo más allá de la economía- Banco Interamericano de Desarrollo BID – Informe 2000.
[6] Programa Hábitat, Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos
[7] Programa Hábitat, Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos.
[8] Desarrollo más allá de la economía- Banco Interamericano de Desarrollo BID – Informe 2000.
[9] Desarrollo más allá de la economía- Banco Interamericano de Desarrollo BID – Informe 2000.