La baja en el precio del dólar, libre mercado y Estado

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Para los apologistas del libre mercado, el Estado y sus organismos deben evitar intervenir en el flujo “natural” y “perfecto” de éste. Según estos, la oferta y la demanda son la mejor forma de regulación que existe. Así lo han planteado siempre los grandes grupos empresariales y exportadores chilenos. Si sube la bencina, o el dólar, y las cosas se encarecen, no se debe intervenir y de hacerlo debe ser levemente, porque el mercado se autorregula, buscando la eficiencia.
Extrañamente, en estos últimos días, la baja en el precio del dólar -que cayó un 13%, de $611 a $ 529 entre septiembre de 2004 y el mismo mes de 2005- ha hecho que el sector exportador chileno, sobre todo el vitivinícola y forestal, cuyas utilidades bajaron por esto, exijan la intervención del Banco Central, porque afecta las ganancias.
Tanto la Asociación de Exportadores de Chile (Asoex) como la Sociedad Nacional de Agricultores (SNA) exigieron a Vittorio Corbo que intervenga en la baja del dólar, pues no es, según ellos, resistible para sus sectores.
Contradictoriamente, la baja ha sido beneficiosa para el consumidor en general, sobre todo para el ciudadano medio, pues los productos importados han bajado su precio, y eventualmente se han vuelto más accesibles, sobre todo los tecnológicos, como electrodomésticos y computadores. El dios mercado beneficia al ciudadano común y corriente, y castiga a sus hijos predilectos, que lo veneran.
Pero los hijos se rebelan contra su dios, ya no lo encuentran perfecto, lo encuentran injusto, abusivo, cruel…y llaman a intervenirlo, a controlarlo, piden salvación a San Estado.
Pero ¿Por qué ahora, que se ven afectados los grandes sectores exportadores, que han tenido un nivel de utilidades envidiable durante los últimos diez años, debería intervenirse el mercado? ¿No es acaso el mercado perfecto y la baja del dólar sólo es parte de su propia autorregulación? ¿Podemos los ciudadanos comunes y corrientes exigir al Banco Central que controle las alzas del dólar para evitar saqueos a nuestros bolsillos cuando sube la bencina o el dólar? No.
Ahí radica la contradicción del discurso libre mercadista, mientras la ganancia afectada no sea la mía, la de mi empresa, el mercado es perfecto, y el Estado es un ente agresor de la libertad, de la iniciativa, del capital. Pero si mi utilidad se ve disminuida, aunque sea ínfimamente –los exportadores no pasarán al quintil más pobre por la baja del dólar- el gobierno debe intervenir, debe regular, ¡viva la regulación! y el control.
Tanto el gremio forestal como vitivinícola, anunciaron que se reunirán próximamente con el ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre para plantearles esta inquietud.
Esa suplica se hace con amenaza, por algo el presidente de los exportadores, Ronald Bown, advirtió que el bajo precio de la divisa estadounidense afectará directamente en el empleo, pues las empresas están sufriendo pérdidas con la caída de su valor. ¿Se preocupa Brown del empleo y sus trabajadores o de las divisas que están perdiendo sus empresas?
El mercado es cruel, lo saben los empresarios, dejemos que opere libremente como ellos han planteado siempre, cuando se propone subir el sueldo de los trabajadores, cuando se propone mejorar las pensiones. Si seguimos la lógica de los apologistas del mercado, que sobrevivan los más competitivos, “los mejores”, que ni el Banco Central ni el Gobierno sean usados como salvavidas de empresas mediocres.
Sin embargo, para algunos, ahora el Estado es necesario…cuando les conviene.

¿Qué significa ser progresista?

Hoy es mucho más fácil ser de izquierda, o declararse de izquierda, y el discurso "progresista" se ha posicionado fuertemente.
Sin embargo, esta aceptación ha desvirtuado el hecho y el significado que implica ser de izquierda, pues no exige un discurso radical, crítico y mucho menos antisistémico. Tampoco se trata, de generar una apología al descontento, pero llama la atención lo fácil que se apela a un discurso progresista, cuyas bases ideológicas y proyecciones estructurales son ambiguas, débiles e irrisorias.
Hoy, cualquiera es progresista, demócrata, también la publicidad mercantil se adorna de progresista, con conciencia social. El pensamiento de izquierda, entendido esencialmente como la conciencia de las desigualdades sociales y la necesidad de cambiarlas, se ha convertido en adorno y su chapa principal "yo soy progresista" "yo tengo conciencia social". Si hasta la derecha más dura dice tener conciencia social, habla de los más pobres, la equidad, la mala distribución.
Hoy, jamás se plantea un cambio sustancial de las cosas, del stato quo, desde el progresismo. Ser progresista hoy es moda, lo que implica que ha sido absorbido por el mercado, el cual ha convertido al progresismo en un producto desechable, una chapa.

Por eso, la solidaridad opera fuerte desde las multitiendas, ya no es anónima, debe ser publicitada, la gente colabora y recibe una pulsera, fluorescente para que vean que "él o ella ayudan, tienen conciencia...". La ayuda social es utilizada para activar el mercado. "Por compras superiores de 20 mil pesos, colaboras con X y recibes tu pulsera naranja..."*
¿Qué nos diferencia entonces?
Se supone que el pensamiento de izquierda plantea una visión de futuro distinta, donde el horizonte es cambiar las estructuras sociales, económicas y políticas. Una visión utópica del futuro, en el buen sentido de la palabra. Esa fue y debería seguir siendo la fuente de diferencia.

*¿Cuánto gana la empresa con eso?

¿Da lo mismo quién gane?

Foto: Emol

La encuesta del CEP puso a todos los comandos a máxima velocidad, unos para aprovechar la "buena racha" y otros, para revertir lo inesperado. También reveló que la suma de los votos de Lavín y Piñera, sobrepasan a Bachelet, por lo tanto la segunda vuelta está asegurada. Más aún, en la medición de la eventual segunda vuelta, parecen estrecharse los resultados entre la abanderada de la Concertación y los de la Alianza. O sea, cualquier cosa puede pasar.

En medio de esto, se produjo, anoche, el segundo debate entre los cuatro presidenciables, marcado por una actitud levemente más confrontacional, y donde primaron temáticas como la exclusión social y el desempleo.

Entonces, surge la pregunta con respecto a dichos temas, ¿Da lo mismo quién gane, entre Piñera, Lavín y Bachelet?

No incluyo a Tomás Hirsch, porque él tiene un planteamiento distinto al de los otros tres candidatos, que propone cambios y críticas importantes al modelo económico, político y social, por lo tanto si fuera elegido, obviamente, otra sería la historia.

Definitivamente, creo que en términos de cambio estructural profundo, daría lo mismo. Ninguno de los otros 3 candidatos plantea críticas al modelo económico, ni tampoco al sistema binominal, excepto en términos muy superfluos, diciendo: "necesitamos un sistema más participativo...".

Quizás esto tiene su origen en la convergencia, en cuanto a pragmatismo y la forma de hacer política, que han ido sufriendo tanto la Izquierda institucional como la Derecha, que genera una indiferencia calculada de los actores políticos con respecto a los problemas sociales más profundos. No es conveniente para éstos plantear propuestas muy ambiciosas, por el miedo al populismo y los extremos, evitando, simultáneamente, enemistarse con los sectores que les interesa mantener contentos.

Además, es muy difícil que pretendan cambios estructurales amplios, aunque los quisieran, cuando la mayor parte de sus bancadas se han mostrado sistemáticamente proclives a mantener el stato quo. Es ilusorio pensar que, sin el apoyo del Congreso, se logren votar leyes que promuevan la equidad y la inclusión de sectores profundamente excluidos del sistema.

La ejecución inmediata, superficial, limitada y propagandística de acciones para “solucionar los problemas de la gente”, de ningún modo revierten la divergencia social y sólo cumplen un rol adormecedor, sedante, de anestesia temporal de las demandas.

El cambio estructural, social, económico y político, no debe esperarse que surja desde un Presidente -sea cual sea- ni tampoco debe personificarse el proceso de cambios sociales. Claro, un presidente o cualquier persona, puede asumir o darse cuenta de un contexto determinado, aprovecharlo y llevar a cabo un proceso de cambios sociales, pero siempre es clave el contexto y el leer correctamente las circunstancias.

¿Cuáles son nuestras circunstancias actuales?

Una desafección política profunda, con una sociedad civil débil, desligada de los político, que no es capaz de presionar en pro de los cambios sociales, que al parecer muchos añoran. Los 3 candidatos están insertos en ese inmovilismo. Lo más probable es que sigan administrando el modelo económico y político sin mayores cambios, y sin considerar a la sociedad civil, como una agente independiente del Estado, con la cual debe negociar y establecer nexos. Peor es esto, si vemos que el Congreso parece ser un foco de defensa del stato quo y no el lugar donde se legisla para mejorar lo instituido.

Candidatos que transgreden la ley...

Se supone que la legitimidad de los gobernantes, como representantes del soberano, que es el pueblo, está fundada esencialmente en el imperio de la ley, a través de la potestad constituyente. Es ésta, su aplicación y respeto la que ordena y regula las relaciones entre el Estado, los gobernantes y gobernados.
La separación del poder en tres entidades, poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, busca asegurar que la ley sea la base del orden social, y que no sea utilizada en favor de grupos específicos, ya sea corporativos, económicos, políticos, raciales o de cualquier tipo. Pero sobre todo, pretende que ésta sea respetada.

La potestad derivativa implica la delegación del poder a dichos gobernantes, electos, a través del sufragio. Una vez electos, son estos representantes, los que crean, corrigen, y readaptan la ley, bajo la suposición de que dicha labor está en función del bien común y del soberano pueblo.
¿Qué pasa cuando quienes harán o hacen la ley la transgreden? ¿Qué pasa con la legitimidad de la ley y de esos gobernantes?

La mayoría de los candidatos -por no decir todos- ya sean presidenciales, a senador o diputado, han transgredido la ley que regula el proceso electoral, especificamente la ley 19.884 de transparencia, límite y gasto electoral, que prohíbe realizar propaganda dirigida directa o indirectamente a promover el voto antes de 30 días de las elecciones.

Es claro que eso no ha sido respetado bajo ningún punto de vista, pero según los candidatos, ellos han actuado al filo de la ley, como si eso fuera admisible.

¿Qué es actuar al filo de la ley? ¿Podemos todos los ciudadanos actuar al filo de la ley?

Más aún ¿Son y serán legitimos esos legisladores y las leyes que promulguen, si en el proceso que los llevó al Congreso, transgridieron y burlaron la ley sistemáticamente?

Delincuencia y Políticas Públicas

La delincuencia es uno de los problemas que preocupa a un importante segmento de la ciudadanía y también uno de los más complejos y difíciles de solucionar definitivamente, no sólo porque sus raíces tienen un carácter estructural importante, sino también por una visión sesgada e ingenua en torno a sus soluciones.

El problema de la delincuencia es uno de los issues que más problemas presenta en cuanto a una solución viable y eficaz a largo plazo.

La mayoría de las propuestas se desarrollan dentro de lineamientos similares, esencialmente abocados al control de la delincuencia en el medio libre, sin considerar un aspecto esencial; el ingreso a la cárcel no sólo tiene el objetivo de recluir al delincuente sino también de recuperarlo, de reisertarlo socialmente, por lo menos en teoría.

Mediante esa doble fundamentación, la cárcel se presenta esencialmente como el lugar específico para la reclusión, donde los individuos son reformados o transformados, mediante una diversidad de métodos, entre estos el trabajo y la educación.
Sin embargo, el deterioro de la infraestructura carcelaria ha generado problemas de sobrepoblación, aglomeraciones y malas condiciones para los reclusos y por ende, para esa doble noción. En 1990 había 22.500 reclusos en todo el país, y ya en el año 2000 su número se elevó a 34.000, lo que significa un crecimiento del 51% en tan sólo 10 años.
Quienes se encuentran cumpliendo condenas o están recluidos en las cárceles pierden su capacidad productiva, y esa inactividad, caracterizada por el hacinamiento, en la mayoría de los casos reduce las posibilidades de reinserción social desde la reclusión hacia el medio libre, lo que es visto por muchos como un usufructo injustificado del aparato estatal.
Si consideramos que, según los abogados Francisco José Folch y Eugenio Guzmán, en la revista de Abogados del año 2001, plantean que “la actual crisis carcelaria por la que atraviesa nuestro país es una de las más graves en su historia, habiéndose agudizado en los últimos años. Las cárceles no dan abasto para recibir a los reclusos y las malas condiciones en que viven los internos no entregan garantías mínimas de dignidad ni permiten la rehabilitación de los delincuentes. A modo de ejemplo, el actual déficit carcelario es de 60%, el mayor en los últimos 30 años, lo que significa que donde hoy hay 10 reclusos, debiera haber seis”, el problema no es ilusorio.

Más aún, el problema tiene una arista no considerada ¿Qué hacemos una vez que tenemos a los delincuentes en las cárceles?
Las propuestas generalmente no son claras en éste sentido, más allá de las posiciones políticas, el mencionado cuestionamiento parece no estar considerado.

La lucha contra la delincuencia debe contemplar no sólo el control preventivo en el medio libre, sino también la rehabilitación en el medio privado de libertad.
Sobre todo si consideramos que el "hacinamiento y la falta de una política clara en materia carcelaria son factores que en gran medida explican situaciones tales como el alto nivel de reincidencia, que supera el 50%”, señalan Folch y Guzmán.
Se hace imperioso proponer Políticas Públicas claras y concretas, no sólo para el control de la población penal sino también y más importante aún, para propiciar el desarrollo de talleres laborales que fomenten el trabajo carcelario, visto no como un castigo, sino como un beneficio, tanto para el recluso, como para su familias y la sociedad en general, como instrumento eficaz de rehabilitación.
En nuestro país sin embargo, parece que ambos fundamentos –punitivo y reintegrador- se han tornado incompatibles en la forma en cómo se entiende la cárcel y cuál es su rol en la sociedad contemporánea.

Existe la noción errada en la mayor parte de los ciudadanos – también en los candidatos- de que la privación de la libertad es el modo único y más eficaz para combatir la criminalidad, sin considerar lo siguiente ¿Qué hacemos una vez que tenemos a los delincuentes en las cárceles? ¿Qué hacemos cuando muchos de ellos ya cumplieron su condena?

Democratización no es lo mismo que democracia

La afirmación tiene directa relación con la forma en que se percibió en un principio a la democracia, antes y después de las dictaduras, en términos claramente instrumentales. La noción de democracia como un bien o virtud no era considerada en el pensamiento latinoamericano previo a los regímenes dictatoriales.
Como explica Carlos Franco en “Acerca del modo de pensar la democracia en América Latina”, existe una relación con respecto al surgimiento de la necesidad o virtud de la democracia, con “los vínculos que se establecen entre el descubrimiento de las bondades de la democracia política y las necesidades de huir del autoritarismo político, las interpretaciones de las crisis del marxismo, el cepalismo y el dependentismo…”.

En este sentido, la democracia era vista esencialmente como el medio más óptimo para salir de las dictaduras, y no esencialmente como un fin en sí. “Es en la fuga del autoritarismo –más que en una previa elección normativa –que dichas comunidades se encontraron con lo que concluyeron como democracia”, según Franco.
Es en base a esa necesidad, que se estructura una teoría de la democratización, teniendo en cuenta por un lado, que la instauración de las dictaduras como aparatos burocrático- autoritarios significó una “inmensa derrota del sector popular”, según Guillermo O´Donnell, y por otro, que los estados burocráticos autoritarios eran incapaces de responder a las demandas sociales, debido a la falta de mediaciones.
Sin embargo, todo el trabajo intelectual estaba destinado a darle cabida al proceso de traspaso del poder a los civiles, sin mayores miramientos en cuanto a qué tipo de democracia o régimen político era el más adecuado para tales efectos. Es decir, se centraron en la construcción de una democratización política, que tiene tres variantes esenciales desde el punto de vista teórico:

1- Fundaciones democráticas, creación de un régimen democrático en países donde nunca existió antes propiamente una democracia.
2- Transiciones, es decir, el paso a regímenes democráticos desde regímenes de dictadura militar o civil formales.
3- Reformas, es decir, procesos de extensión de las instituciones democráticas desde el poder mismo, a causa de la presión social y la oposición política.

Mediante estas tres vías, se logró la salida de regímenes autoritarios, sin embargo, aún existiendo debilidad en torno a la noción misma del régimen democrático adquirido.

Si bien es claro que ya no existen dictaduras represivo-reactivas, también es claro que las democracias latinoamericanas aún necesitan mayor desarrollo y profundización, pues la construcción democrática es un proceso que fue organizado “en dos fases: Una inicial caracterizada por el logro de gobiernos representativos en el marco de elecciones libres…y otra posterior, en la que tendrían lugar los cambios económicos y sociales”, según explica Carlos Franco.
Sin embargo, con respecto a esta segunda etapa, aún existen vacíos teóricos para llevar a cabo dicha fase.

Aún no se plantean o se hacen latentes, las formas de ampliar y profundizar la democracia, ni tampoco métodos o teorías que permitan mejorarlas sustancialmente.
Se ha producido un vacío entre la fase de recuperación democrática, es decir, de volver a la democracia y la fase de desarrollo de ésta, una vez recuperada.

De alguna forma, las sociedades latinoamericanas aún se encuentran en medio de ese vacío, sin dilucidar vías de acción colectiva que permitan un mayor desarrollo del ideal democrático.
Por lo mismo, se plantea que no existe una teoría sobre la democracia sino más bien una teoría acerca de transiciones a la democracia o democratizaciones, pues la democracia no fue concebida como un bien en sí, sino que como un medio para, esencialmente escapar de las dictaduras. Entonces, no existe un modelo ideal de democracia, ni siquiera aproximado, que esté en concordancia con la realidad del continente.