martes, febrero 07, 2006

Aumento de la Delincuencia y Políticas Públicas

La delincuencia es uno de los problemas que preocupa a un importante segmento de la ciudadanía y también uno de los más complejos y difíciles de solucionar definitivamente, no sólo porque sus raíces tienen un carácter estructural importante, sino también por una visión sesgada e ingenua en torno a sus soluciones.
El problema de la delincuencia es uno de los issues que más problemas presenta en cuanto a una solución viable y eficaz a largo plazo. La mayoría de las propuestas se desarrollan dentro de lineamientos similares, esencialmente abocados al control de la delincuencia en el medio libre, sin considerar un aspecto esencial; el ingreso a la cárcel no sólo tiene el objetivo de recluir al delincuente sino también de recuperarlo, de reinsertarlo socialmente, por lo menos en teoría.
Mediante esa doble fundamentación, la cárcel se debería presentar esencialmente como el lugar específico para la reclusión, donde los individuos son reformados o transformados, mediante una diversidad de métodos, entre estos el trabajo y la educación.
El deterioro de la infraestructura carcelaria ha generado problemas de sobrepoblación, aglomeraciones y malas condiciones para los reclusos y por ende, para esa doble noción.
En 1990 había 22.500 reclusos en todo el país, y ya en el año 2000 su número se elevó a 34.000, lo que significa un crecimiento del 51% en tan sólo 10 años.
Quienes se encuentran cumpliendo condenas o están recluidos en las cárceles pierden su capacidad productiva, y esa inactividad, caracterizada por el hacinamiento, en la mayoría de los casos reduce las posibilidades de reinserción social desde la reclusión hacia el medio libre, lo que es visto por muchos como un usufructo injustificado del aparato estatal.
Más aún si consideramos que, según los abogados Francisco José Folch y Eugenio Guzmán, en la revista de Abogados del año 2001, planteaban que “la actual crisis carcelaria por la que atraviesa nuestro país es una de las más graves en su historia, habiéndose agudizado en los últimos años.
Hoy las cárceles no dan abasto para recibir a los reclusos y las malas condiciones en que viven los internos no entregan garantías mínimas de dignidad ni permiten la rehabilitación de los delincuentes. A modo de ejemplo, el actual déficit carcelario es de 60%, el mayor en los últimos 30 años, lo que significa que donde hoy hay 10 reclusos, debiera haber seis, el problema no es ilusorio.
Más aún, el problema tiene una arista no considerada, ¿qué hacemos una vez que tenemos a los delincuentes en las cárceles?
Las propuestas generalmente no son claras en éste sentido, más allá de las posiciones políticas, el mencionado cuestionamiento parece no estar considerado.
La lucha contra la delincuencia debe contemplar no sólo el control preventivo en el medio libre, sino también la rehabilitación en el medio privado de libertad. Sobre todo si consideramos que el "hacinamiento y la falta de una política clara en materia carcelaria son factores que en gran medida explican situaciones tales como el alto nivel de reincidencia, que supera el 50%”, señalan Folch y Guzmán.
Se hace imperioso proponer Políticas Públicas claras y concretas, no sólo destinadas al control de la población penal sino también y más importante aún, para propiciar el desarrollo de talleres laborales que fomenten el trabajo carcelario, visto no como un castigo, sino como un beneficio, tanto para el recluso, como para su familias y la sociedad en general, como instrumento eficaz de rehabilitación.
En nuestro país, sin embargo, parece que ambos fundamentos –punitivo y reintegrador- se han tornado incompatibles en la forma en cómo se entiende la cárcel y cuál es su rol en la sociedad contemporánea. Existe la noción errada en la mayor parte de los ciudadanos de que la privación de la libertad es el modo único y más eficaz para combatir la criminalidad, sin considerar lo siguiente ¿qué hacemos una vez que tenemos a los delincuentes en las cárceles? ¿Qué hacemos cuando muchos de ellos ya cumplieron su condena?
Artículo republicado.

jueves, febrero 02, 2006

Eutanasia, cuando la dignidad de la vida se pierde, la muerte asistida es un derecho

La vida es el máximo bien que tiene el hombre, disfrutarla a plenitud es un derecho, pero a veces la enfermedad nos comienza a quitar ese derecho y la Medicina ya no puede hacer nada por frenar esa dolencia. Entonces, surge la idea de poner fin a nuestra dolorosa existencia .
En 1998, Jack Kevorkian, médico patólogo, se dirigió a la ciudad de Oakland, en el estado de Michigan, a la casa de Thomas Youk, un enfermo terminal que llevaba años luchando por su vida. La petición del paciente era clara, quería que Kevorkian le aplicará un inyección letal para poner fin a sus sufrimientos, es decir, que le hiciera la Eutanasia.
Un año después, Kevorkian fue encontrado culpable de asesinato en segundo grado y condenado a 15 años de prisión en el estado de Michigan, pues la Eutanasia es considerada delito tanto en los Estados Unidos como en nuestro país.
El concepto de muerte digna u ortotanasia se refiere a la muerte con todos los alivios médicos adecuados y los consuelos humanos posibles, sin la inducción a la muerte del paciente, que sería el hecho esencial que la diferencia de la eutanasia, que es entendida como acción u omisión que, para evitar sufrimientos a los pacientes desahuciados, acelera su muerte con su consentimiento o sin él. Es claro que a veces las personas pierden las posibilidades de luchar por su vida y entonces se tiende a instrumentalizar al enfermo, pero también es necesario respetar su dignidad
La instrumentalización de los enfermos se refiere a la aplicación desmedida de tratamientos desproporcionadamente molestos o caros para mantener la vida, cuando las posibilidades de recuperación son nulas.
Pero en el caso Kevorkian, fue el propio enfermo quien solicito, no ser desconectado, sino que literalmente envenenado por su médico, algo que los más expertos en el tema llaman Eutanasia activa y a la vez voluntaria, pues cuenta con el consentimiento del enfermo.
Pero cuáles casos ameritan su aplicación es algo que ni la ética médica, ni la filosofía han podido determinar, pues existen diversas clasificaciones de los pacientes que están cercanos a la muerte, siendo las principales: el enfermo desahuciado que padece una enfermedad para la que no existe un tratamiento curativo y que es mortal, aunque no necesariamente a corto plazo, y el paciente terminal, que padece una enfermedad irrecuperable, previsiblemente mortal a corto plazo, en torno a dos semanas o un mes.
Se supone que la Eutanasia ofrecería la posibilidad de aplacar y poner fin a ese tiempo doloroso antes de la muerte, a sabiendas de que las posibilidades de sobrevida están agotadas. Sin embargo, esto genera una contradicción enorme para los médicos, pues en el juramento Hipocrático se consigna que: a nadie, aunque me lo pidiera, daré un veneno ni a nadie le sugeriré que lo tome.
Aquí entra en juego la libertad del propio enfermo para decidir acerca de su propia vida cuando la Medicina ya no ofrece una alternativa de buena salud.
Pero esa dignidad se ve notablemente disminuida cuando el paciente esta lleno de cables, respiradores, escaras y dolor, muchas veces conscientes, sabiendo que la muerte esta más cerca de la vida. ¿No sería parte del respeto a la dignidad del paciente, respetar su libertad de decidir?
En diversas partes del decálogo del Colegio Médico, se hace alusión a la autonomía del paciente como ser humano y por lo tanto, también a su libertad: 2. respetando la dignidad y privacidad de mis pacientes; escuchando sus puntos de vista; 3. Entregar a mis pacientes información oportuna, clara y precisa, de manera que ellos puedan entender y decidir; 4. Respetar el derecho de mis pacientes a participar de las decisiones que tengan relación con su salud; 6. Asegurarme que mis creencias personales no perjudiquen la atención de mis pacientes.
Entonces el dilema es si la Eutanasia permite respetar la libertad del enfermo, cuando este se ha vuelto prisionero de su salud y de la propia medicina, dejando en sus manos y conciencia la decisión de vivir o morir.
El tema siempre esta latente en los pasillos de las salas de urgencia, o cuidados intensivos de nuestros hospitales, pues es ahí donde se vive en carne propia el dilema acerca de la Eutanasia, aunque algunos médicos y enfermeras consideran necesario que el debate se expanda al Congreso, con el propósito de legislar oportunamente acerca del tema.
En Holanda, un proyecto de ley consideraba que la aplicación de la Eutanasia sólo será legal si los pacientes que la solicitan han dejado en varias oportunidades constancia escrita de su voluntad; que su enfermedad sea incurable y les implique sufrimientos insoportables; que se haya consultado una segunda opinión y que los facultativos hayan agotado todas las opciones médicas para dar con un tratamiento eficaz.
En nuestro país este procedimiento es ilegal, sin embargo, en los hospitales ya se han creado salas especiales para los enfermos terminales, las llamadas “salas de muerte digna”, donde no existen limites para el horario de visitas ni para la cantidad de estas. Quizás como preámbulo a un debate más abierto a un tema donde la vida y la muerte se baten a duelo.

miércoles, febrero 01, 2006

Los consumidores y el abuso de las empresas

Muchos incautos no deben saber que el 2005, multitiendas como Almacenes Paris, Johnson´s, ABC-DIN, La Polar, Ripley y Corona fueron incluidas en una demanda colectiva, hecha por el Sernac, por cobro excesivo de intereses por sobre el máximo permitido. Es decir, estás empresas, transgredieron la ley, la burlaron, y ganaron dinero de forma poco honrada.
Este robo solapado, sofisticado, se efectuó aprovechando el desconocimiento de una inmensa mayoría de consumidores, acerca de ciertas leyes y parámetros en cuanto al funcionamiento de las tasas de interés y su cobro respectivo (tasa máxima convencional).
En junio del 2005, se realizó un seguimiento a 13 casas comerciales en la Región Metropolitana, que detectó el reiterado cobro de intereses por sobre la tasa permitida legalmente.
Lo más probable, es que quienes son dueños de estás empresas o de sus acciones, muchas veces enarbolen el discurso del respeto de la legalidad, los acuerdos, la confianza, el respeto a los plazos -sobre todo cuando se trata de cobrar-. Pero, cuando se trata de engañar al consumidor, a sus clientes, porque lo que se hace es un engaño, ahí da lo mismo el respeto a la ley.
Me pregunto por qué este tipo de acciones no son publicitadas con mayor fuerza tal cual se hizo con otra pilla (la señora que envío 500 cartas al viejo Pascuero de Correos de Chile), si tienen similar magnitud. ¿Será porque la mayoría de estas tiendas son auspiciadores de noticieros de televisión? Lo más probable.
El abuso empresarial, entonces, es avalado, camuflado, protegido y más aún, aminorado por los medios de comunicación en general. Así, los consumidores, se encuentran en una clara asimetría de información, que favorece el robo, el cobro excesivo y el abuso, en este caso, de las multitiendas. También hemos visto el cobro injustificado hecho por las empresas que ofrecen servicios telefónicos.
Considerando este tipo de situaciones y que actualmente operamos más como consumidores que como ciudadanos, y también el hecho de que al abuso solapado existe, se hace necesario que los nuevos ciudadanos-consumidores funcionen como un bloque en pro de sus derechos con individuos insertos, lamentablemente, en un sistema de transacción mercantil. Es decir, los consumidores deben revertir la lógica que el mercado plantea, de operar individualmente. Los consumidores ya no pueden autoconcebirse sólo como individuos maximizadores, deben considerarse como miembros de una sociedad.