lunes, enero 28, 2008

El riesgo para las elites es su propia ley de hierro

La ley de hierro de la oligarquía (Robert Michels) plantea que una organización eficiente siempre necesitará un liderazgo fuerte, que irremediablemente irá en desmedro de la democracia interna de ésta.
La constitución de ese liderazgo se basará en la creciente concentración de la cúpula dirigente en términos cuantitativos, en base a la competencia entre las mismas elites, que se centra esencialmente en el control de los bienes con que cuenta la organización –ya sean estos patrimoniales, políticos o simbólicos- y que son siempre limitados.
En esa pugna, las elites dirigentes más fuertes se van posicionando sobre otras, las absorben, las cooptan, las reducen, las reposicionan o las disuelven, reduciendo su número dentro del campo de competencia.
La inevitable concentración (reducción) de los cuadros dirigentes en cualquier elite, indefectiblemente generará rupturas internas entre éstas, debido a la profundización de la dicotomía entre eficiencia –en cuanto a mantener el poder, obtener dividendos electorales y bienes políticos que se vuelven cada vez más escasos- y democracia interna –en cuanto a mantener vías de comunicación entre las bases y las distintas cúpulas dirigentes-.
El agotamiento interno de las elites –por el paso del tiempo, por malos cálculos políticos, por deterioro del discurso común o por disminución en los bienes a repartir, y más importante aún, por falta de nuevos cuadros o miembros- no sólo generará paulatinamente falta de cohesión entre sus miembros dirigentes, sino que irremediablemente afectará la legitimidad de la elite en su totalidad, con respecto a las bases.
Este fenómeno es apreciable a nivel de coaliciones de gobierno, partidos políticos, dirigencias deportivas, vecinales, o de cualquier índole.
A nivel político partidario, este fenómeno puede ocurrir simultáneamente en una coalición, cuyos partidos entran en una fase aguda de concentración –agotamiento- de la elite dirigente, que luego se expande a todo el conglomerado y sus suborganizaciones.
Las pugnas internas al interior de algunos partidos en torno a los liderazgos y el control de la organización, con resultados de expulsión, renuncias solidarias o auto impuestas, además de indicios de fraccionamiento, generará rápidamente una especie de efecto en cadena, donde otros actores de otros partidos, entrarán en dicha lógica de poder, que luego se expandirá a nivel de puestos de gobierno –bienes que se vuelven escasos-.
El caso de las renuncias en bloque en la DC luego de la expulsión de Zaldívar y la reciente proclamación de Jorge Arrate como precandidato del PS, son claro reflejo de este fenómeno, que termina por afectar a la Concertación como coalición gobernante proyectable en el tiempo.
El mismo fenómeno, ha impedido a la Derecha acceder al poder, puesto que las pugnas internas en torno a los liderazgos, terminan por debilitar a cualquier posible candidato.
En este sentido, si la Concertación quiere mantener el poder, obtener dividendos electorales y bienes políticos, sin afectar su democracia interna, entonces debe renovar total e inevitablemente sus cuadros dirigentes. Ya no basta con rotarlos.

lunes, enero 07, 2008

La indigenización mapuche

Los últimos acontecimientos relacionados con el tema mapuche, han demostrado que la estructura política e institucional chilena en su totalidad, es incapaz de absorber las demandas de dichos sectores y de insertar a los mapuches como actores políticos y sociales, que presentan un claro proceso de indigenización.
Los mapuches, histórica y discursivamente han sido considerados un sector social concebido como minoritario, anacrónico, contrario a los “valores nacionales y el progreso post independentista del Estado Republicano”*, siendo así excluidos y marginados de todos los procesos de cambio posteriores en Chile, ya sean políticos, económicos o sociales.
Como raza, como grupo social, como etnia, parecían confinados a los libros de historia, los museos y sus comunidades rurales.
En la realidad, nunca, desde la Independencia, fueron considerados como parte del escenario de la vida nacional.

La situación actual mapuche, de clara indigenización, rompe con una lógica institucional y discursiva que se sedimento desde los inicios de la nueva república chilena, cuando la educación, el derecho, y la política como bases del Estado, fueron reduciendo la presencia de la cultura indígena –incluida la mapuche- dentro del ideario nacional, bajo el discurso de lo criollo como constitutivo de lo chileno –entre lo español y lo indígena- y las posteriores pretensiones de “mejorar” la raza por parte del Estado chileno, como una forma de desligarse del pasado indígena, a través de “la extinción "natural" del componente indígena, gracias al despliegue de las "contenidas capacidades nacionales inmovilizadas por el lastre" indígena.” (Ballon Aguirre)

Bajo ese discurso, se estructuró entonces una institucionalidad, que eliminó al sujeto indígena como potencial actor político, económico y social, excluyéndolo de la educación y el acceso a bienes y espacios que el Estado y otras esferas generaban, atomizando sus comunidades y reduciéndolas a grupos familiares carentes de capacidad para generar una organización amplia bajo criterios etnográficos. Como grupo social activo, los mapuches parecían haber sido disueltos.

Sin embargo, en los últimos años, y en un fenómeno similar al ocurrido en México por ejemplo, las comunidades mapuches parecen haber tomados conciencia de sí y para sí como sujetos sociales, ampliando sus niveles de organización, sus pretensiones de participación como grupo, y articulando sus demandas frente al Estado chileno de manera creciente.
Al parecer, el mayor acceso a información y bienes, generado por el mayor acceso a la educación de las generaciones más jóvenes de mapuches, ha permitido este proceso de indigenización, entendido como la asunción de un grupo –amplio o pequeño- con su identidad y raíz cultural, como base de su actuar social.

En este sentido, “no debe considerarse la indigenización como una cualidad exclusiva de lo indígena sino como un atributo de cualquier grupo…cuando se reafirma culturalmente.” (Ballon Aguirre)
Paradójicamente, la misma lógica institucional que históricamente los atomizó, parece haber aumentado las expectativas en torno a sus demandas y también su conciencia como grupo en los últimos años, sobre todo cuando bajo los parámetros del derecho, se pretendió establecer una igualdad legal inclusiva, mediante una especie de discriminación positiva, que en definitiva terminaría por absorber en la sociedad chilena a la etnia mapuche.
Contradictoriamente, eso no ocurrió y los sectores mapuches se vieron con mayores incentivos para desarrollar sus organizaciones, revalorar sus aspectos culturales y articular sus demandas, que van desde la propiedad de la tierra hasta la no discriminación en general.

En este sentido, al igual que en México, el mayor problema se presenta a nivel de actores políticos, puesto que los modelos político-partidarios de las principales coaliciones chilenas, “resultarán afectados ante una irrupción que no encajaba en el embalaje tradicional de sus ideologías” (Ballon Aguirre).
La irrupción del mapuche como sujeto activo en cuanto a sus demandas, descoloca a los actores políticos institucionales, que no saben cómo cooptarlos y por lo tanto, no ven más opción que deslegitimar su incursión como actor social y político, penalizando y judicializando sus demandas, y asumiéndolas como totalmente ilegítimas.
Lo anterior, porque las dos principales coaliciones no tienen una postura clara frente a las demandas indígenas, más allá de la apelación ambigua al estado de derecho. Peor aún, no conciben al sujeto indígena como actor político en la institucionalidad imperante.
En este sentido, el llamado conflicto mapuche no sólo se produce entre la etnia y el Estado, sino también a nivel institucional e interno chileno, donde los diversos actores, políticos y no políticos, irán adoptando posiciones que en definitiva irán cambiando el carácter del fenómeno.
El conflicto mapuche es más bien reflejo de un conflicto institucional chileno, entendido como un alerta a los valores de una sociedad muchas veces discriminadora, poco inclusiva, racista, clasista, con pocas oportunidades y muy elitista.
*Los valores nacionales relacionados con lo criollo y post-colonial y el desarrollo de una república de orden liberal.