Legalización de la Marihuana

El tema de las drogas y su legalización contempla dos dimensiones, que pocas veces son consideradas en forma simultáneamente en los debates. La primera, incluye el problema de los adictos, la gente que se aliena en el consumo de sustancias y estupefacientes, y que son regularmente la base de los argumentos en contra de la legalización. La segunda dimensión, tiene relación con el tráfico, las mafias, la venta ilícita y el enriquecimiento desproporcionado de quienes aprovechan un mercado negro sin control de ninguna índole.
En este sentido, el debate en torno a la legalización de la marihuana no debe sustentarse en una apología al consumo y las libertades individuales, donde los argumentos se centran esencialmente en sus efectos, sino que debe centrarse y potenciarse como el elemento de control, que regularice un mercado con una demanda real, amplia y ya existente, que evite el surgimiento de mafias y grupos delictuales en torno a este producto.
El problema de la ilegalidad de la marihuana es similar al problema generado durante la ley seca en los Estados Unidos, donde la prohibición no termino con el consumo de alcohol y dio paso a una amplia red de distribuidores ilegales que controlaban las ciudades.
Es claro que la ilegalización no inhibe el consumo, y al contrario, hace que los precios sean elevados, los productores y distribuidores no paguen impuestos y la producción esté controlada por verdaderas mafias.
La legalización permitiría regularizar los precios, al cobrar altos impuestos que luego son destinados a educación y prevención, y a controlar el modo de producción, venta y distribución de marihuana. Así, se evitaría la venta de marihuana tratada con otras sustancias como la “paraguaya” y se propiciaría la venta de una de mejor calidad. Tal como expreso la abogada Pamela Pereira al sitio del Conace “al liberalizar, se podría regular el mercado, controlar la calidad de las drogas que circulan y bajar así su precio. En definitiva, aceptan la intervención del Estado y un límite de la libertad individual”.
Contrario a lo que los detractores, e incluso algunos partidarios plantean, la legalización no aumentará el consumo ni tampoco lo centrara en la marihuana. Así como la ley de divorcio no generó un aumento explosivo de separaciones, la legalización no implicaría un aumento inaudito de la cannabis.
En este sentido, el Estado debe erigirse como un agente de control eficaz en ésta área, con políticas claras y eficientes destinadas a determinar reglas del juego claras que definan e impidan el aprovechamiento por parte de grupos delictuales, de la adicción de otros ciudadanos.
Según los estudios del Conace del año 2004, las personas con educación universitaria presentaban la segunda mayor tasa de consumo de marihuana en 2002 (7,8%), pero en 2004 las declaraciones de consumo bajaron en 3 puntos porcentuales (4,7%), para ubicarse en el quinto grupo con relación al mayor consumo.
Por otro lado, según el mismo estudio, “la mayor declaración de consumo de marihuana se registra también entre las personas cuyas familias tienen ingresos promedio mensuales sobre 1 millón de pesos, con una tasa cercana al 20%. Ésta tasa de marihuana es tres veces más alta que en familias con los más bajos ingresos, con tasas de 6,7%”.
El argumento de que los más pobres sufren el flagelo de la marihuana se contradice con los datos, según el Conace “3 de cada 10 jóvenes, entre los 19 y 25 años de edad, cuyas familias tienen un nivel de ingresos sobre un millón de pesos, ha fumado marihuana en el último año, mientras que en grupos familiares con ingresos bajo los 200 mil pesos al mes, sólo 1 de cada 10 lo ha hecho. Es decir, el problema que afecta a la gente más pobre radica en el consumo de cocaína y pasta base, donde las redes delictuales son más organizadas y violentas.
Si bien la nueva ley de drogas estipula la figura del microtráfico y estableciendo penas de privación de libertad que van de los 541 días a los cinco años, ésta no parece ser la solución al problema que genera el tráfico en general. El tráfico a pequeña escala es un apéndice de un problema mayor, que sólo puede ser resuelto mediante un control más amplio y profundo, quizás mediante la legalización ese control sea más factible, pues no sólo dependerán de las policías, sino que de los propios consumidores, que optarán y podrán denunciar abusos como cualquier otro consumidor.

*Artículo publicado por el blogger en la revista Aletazo, agosto 2005.