La falsa crisis, el gobierno inmóvil y la oposición oportunista

Mientras demandas específicas y genéricas se suman desordenadamente, generando el espejismo de una crisis; las autoridades dan palos de ciegos y la oposición aprovecha de generar descontento social, hablando de desgobierno, crisis social y contradictoriamente del peligro de violentismo.
La crisis social es ficticia, y ésta ilusión se debe a que al descontento por el Trasantiago, que hace días ya había generado protestas por parte de ciudadanos -no violentistas, como el Gobierno y la derecha expresaron- se sumó, por coincidencia, el llamado “Día del combatiente”, que es una “celebración” que no tiene ningún fin político más que mostrar insatisfacción, y por lo tanto sin ninguna proyección en el tiempo.
Es artificial, pues términos específicos, y siguiendo el modelo de David Easton, ésta se debe a que a las demandas específicas generadas a partir del Transantiago, se sumaron -por coincidencia- otras demandas genéricas y “canalizadas” en el día del combatiente, que carecen de articulación política y por lo tanto, no son trascendentes. En ningún caso van de la mano.
En este sentido, debido a que el Gobierno ha demorado en responder a las demandas específicas y ha tomado decisiones (output) no muy acertadas –como el cambio de gabinete-, lo anterior ha dado pie para que la oposición aproveche esto, y catalogue a la Presidenta de falta de liderazgo y capacidad, hable de crisis social, desgobierno, y simultáneamente incite un mayor descontento social haciendo declaraciones del tipo; “a la Concertación no le importa castigar a los más pobres" (La Tercera).
Si bien la población ha evaluado negativamente los output del Gobierno con respecto al Transantiago - lo que se ha visto reflejado en apoyos conductuales negativos (manifestaciones, protestas, desordenes)-, las acciones vandálicas del día del joven combatiente no pueden ser consideradas como un efecto de dicho descontento, ni menos como indicio y parte de una crisis social y política, como la oposición ha expresado.
Las acciones violentas del día 29 de marzo, sólo son el resultado de una conjunción accidental entre demandas específicas del Transantiago y demandas genéricas, que responden más a un discurso establecido, que a objetivos políticos y sociales determinados y planificados.
Lo más probable es que, como ocurre todos los años, el día del joven combatiente pase al olvido, y las demandas específicas del Transantiago sigan siendo lo que son, específicas.
Lo preocupante es que algunos dirigentes de la oposición, en un acto de oportunismo hablan de la necesidad de un giro radical ¿Qué giro? ¿Un golpe?
Peor aún, contradictoriamente, con sus declaraciones, contribuyen a generar mayor descontento con el Gobierno por parte de la ciudadanía, mayor cantidad de manifestaciones, y luego, hablan de desorden, del peligro del violentismo, de crisis social.
¿Con qué objeto? ¿Hacer caer al Gobierno? Quizás la derecha chilena se volvió anarquista

Cambio de gabinete. Salvar la crisis, sin rostros nuevos

En medio de la crisis generada por las fallas en el Transantiago, el segundo cambio de gabinete por parte del Gobierno de Michelle Bachelet, no fue una sorpresa para nadie, pero ratificó que "los rostros nuevos en el Gobierno" eran sólo un slogan.

El nuevo "reacomodo" del Gobierno, no sólo alteró la paridad de género que pretendía la Presidenta Bachelet, sino que terminó por demostrar que la frase "queremos caras nuevas" era sólo un slogan de campaña, sobre todo con la nueva inclusión de viejos rostros, como el ex senador,José Antonio Viera Gallo, en la Secretaría General de la Presidencia, y el ex director de TVN y ex ministro del Trabajo, René Cortázar en Transportes .

Ésta lógica de "reiteración", ya se vio con anterioridad en la Presidenta, al designar como Intendenta de la Región Metropolitana a Adriana del Piano, quien ya había sido Ministra de Bienes Nacionales en 1994 y Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer en 1999.

El nuevo gabinete, confirmó una lógica de rotación -que se viene desarrollando desde el primer gobierno de la Concertación - y que mantiene constantemente a un reducido grupos de políticos en los altos puestos del Estado, como si fueran especialistas en todo.

Entre estos se incluyen: José Miguel Insulza, Jorge Arrate y Soledad Alvear (tres carteras cada uno); Ricardo Lagos, Sergio Molina, Germán Correa, Alejandro Foxley, Carlos Figueroa, Raúl Troncoso, Carlos Mladinic, Jaime Ravinet, Álvaro García, Germán Molina, Adriana Delpiano, Francisco Vidal y Yasna Provoste (con dos ministerios cada uno). También podemos incluir a la misma Presidenta, quién se desempeño en Salud y Defensa durante el gobierno de Ricardo Lagos.

¿Falta de funcionarios?

¿Escasez de profesionales para cada área o simplemente la lógica de las nuevas elites?

Bienes públicos divisibles que se vuelven privados

Es claro que la política, junto con el ejercicio del poder y el Estado, se han convertido en el alter ego del Mercado, donde los actores intercambian bienes por apoyos políticos y la mantención del poder.
Dichos bienes pueden tener un carácter público o privado y simultáneamente ser divisibles o no divisibles. Tanto en los partidos políticos como en el Estado, se producen “campos de fuerza”, donde distintos actores compiten por dichos bienes.
En el caso de las becas presidenciales, éstas habrían sido concebidas como un Bien Público Divisibles, donde el depositario de dicho bien, no era un colectivo, sino que personas naturales, que por ciertos méritos, se le otorgaba dicha ayuda.
Para que un bien mantenga su carácter de público, el acceso a éste debe ser abierto, como es el caso de una beca presidencial, a la que pueden postular todos los individuos que cumplan determinados requisitos –esto más allá de los propios filtros que siempre existen, como nivel de estudios, promedios de notas, calificaciones, etc.-.
El problema radica en que la línea que divide a un bien público de este tipo, con un bien privado se torna algo difusa cuando quien ofrece el bien es el Estado.
Que un partido o coalición pague y financie la educación de sus miembros no es problema, pero que lo haga a costa de los recursos y bienes que ofrece el Estado, sí es problema.
Cuando ocurre eso con un beneficio otorgado por el Estado –y no por un gobierno- el bien público, se vuelve privado, y entonces, los bienes y beneficios que este conllevan, parecen volverse consuetudinarios entre los miembros de las clases dirigentes encargadas de entregar dicho bien. Entonces, el bien pierde su carácter colectivo, se vuelve exclusivo.
Por esto, tampoco es válido el argumento que dice que el gobierno de turno, tiene derecho a preparar a más gobernantes, porque el beneficio es entregado y financiado por las arcas del Estado, y no por las arcas de los partidos gobernantes.

Soy hijo de...denme una beca...

Las subvenciones, subsidios, ayudas o mejor conocidas BECAS, se suponen hechas y destinadas para aquellos, que por falta de recursos, esencialmente económicos, se encuentran imposibilitados y en desventaja para acceder a alguna oportunidad de desarrollo, ya sea educacional, deportiva, académica o profesional.

Se supone que el criterio para que éstas sean asignadas se basa únicamente en la capacidad de quién eventualmente la recibe y su falta de recursos, y no depende de otros factores, como parentescos, ideología, raza, credo, tendencia sexual.

En este sentido, existen beneficios ofrecidos por el Estado que no son para todos, sino que existen y han sido concebidos para determinados sectores, por ejemplo ancianos, jóvenes, discapacitados o minusválidos, desempleados, infantes, desposeídos, gente de escasos recursos. Es decir, en la repartición de beneficios, en muchos casos se debe hacer una "discriminación positiva" de ciertos beneficios.

En el caso de la beca presidencial, ésta supuestamente fue creada para ayudar y finaciar los estudios de perfeccionamiento de personas que no cuentan con recursos suficientes, pero sí con el suficiente mérito académico y no para aquellos que cuentan con alto capital social.

Eh ahí la polémica actual, pues quienes están accediendo -a un beneficio que entrega el Estado-son personas que no requieren ni están contempladas en ese beneficio, miembros de las elites, que obviamente, no tienen problemas de ingresos. Lo mismo ocurre con los créditos en universidades tradicionales, con el financiamiento en deporte, etc.

Se hace mal uso de un beneficio en desmedro de quienes realmente lo necesitan. Esto, porque los puestos públicos, los bienes y beneficios que estos conllevan, parecen volverse consuetudinarios entre los miembros de las clases dirigentes a medida que un sector, grupo, coalición o partido se sedimenta en el poder, afectando profundamente la distribución y probidad del poder dentro del aparato estatal y también la imagen que los ciudadanos tienen con respecto a la “democracia”.