Trabajo, la mejor prevención del delito

El anuncio de las políticas anti-delincuencia se han centrado mayoritariamente en acciones posteriores a la comisión de un delito, y poco a prevenir éstos, aún cuando se sabe que el trabajo carcelario es una variable importante en cuanto a la disminución de la delincuencia.

En este sentido, la problemática referida al tiempo-hombre que se desperdicia con los reclusos en las cárceles es creciente, si consideramos que en 1990 había 22.500 reclusos en todo el país, en el año 2000 su número se elevó a 34.000, lo que significa un crecimiento del 51%.
El deterioro de la infraestructura carcelaria ha generado problemas de sobrepoblación, aglomeraciones y malas condiciones para los reclusos, a pesar de los recursos invertidos en cárceles concesionadas.

En la mayoría de los casos, quienes se encuentran cumpliendo condenas o están recluidos en las cárceles, están desperdiciando su capacidad productiva, y esa inactividad, caracterizada por el hacinamiento, en la mayoría de los casos reduce las posibilidades de reinserción social, y produce la sensación -que es bastante cierta- de que existe un usufructo injustificado del aparato estatal, por parte del mismo delincuente.
Para muchos, la población penal es mano de obra potencial inutilizada, improductiva y mantenida por el Estado mediante altos costos que podrían ser aprovechados con otros fines sociales a corto y largo plazo.
Se hace necesario entonces investigar y buscar formas de aprovechar esa potencialidad laboral en pro del bien común y en ayudar a otros grupos menos favorecidos, como los niños en riesgo social.
Si consideramos que la capacidad del sistema penitenciario chileno está diseñada para recibir a 21 mil internos y que en la práctica alberga a 34 mil, “Esa situación de hacinamiento y la falta de una política clara en materia carcelaria son factores que en gran medida explican situaciones tales como el alto nivel de reincidencia, que supera el 50%”, señalan Folch y Guzmán.

Por lo tanto, ofrecer alternativas y políticas que planteen formas de trabajo carcelario supervisado, que fomente el aprovechamiento de la población penal en actividades productivas, tanto internas como externas a la cárcel misma es imprescindible en estos momentos.
Se hace imperioso renovar la infraestructura carcelaria penitenciaria, no sólo para el control de la población penal sino también, y más importante aún, para propiciar el desarrollo de talleres laborales que fomenten el trabajo carcelario a nivel general.

Éste debe ser visto no como un castigo, sino como un beneficio, tanto para el recluso, como para su familias y la sociedad en general.

Eso, según Folch y Guzmán, exige “la modificación del actual Reglamento Penitenciario, para establecer un marco legal único e integrador, que regule la relación entre las empresas y Gendarmería, por una parte, y entre ésta y los reclusos, por otra”.
El tema del Trabajo Carcelario, y la utilización de la población penal como mano de obra, en muchos casos a concesión, requiere considerar:

1- Las posibilidades de constituirlo como un “pago” a la sociedad, en lo relativo al costo mismo que implica la mantención de la población penal y no en el sentido mismo de la pena.

Es decir, el trabajo debe ser visto como un beneficio tanto para el recluso como para la sociedad en su totalidad, y la estadía en la cárcel, si bien es forzada, debe ser retribuida por los gastos que esto mismo implica.
2- Determinar la viabilidad de conformar el Trabajo Carcelario como un sistema cuyo objetivo es la obtención de recursos que serán destinados a niños con riesgo social y para las familias de los reclusos, bajo asesorías por parte del Estado.

¿Cuán viable es un Política Pública que considera la utilización de la masa penal como mano de obra a concesión a empresas, mediante la racionalización del uso de la cárcel tanto para procesados como para condenados?