Trabajo, la mejor prevención del delito

El anuncio de las políticas anti-delincuencia se han centrado mayoritariamente en acciones posteriores a la comisión de un delito, y poco a prevenir éstos, aún cuando se sabe que el trabajo carcelario es una variable importante en cuanto a la disminución de la delincuencia.

En este sentido, la problemática referida al tiempo-hombre que se desperdicia con los reclusos en las cárceles es creciente, si consideramos que en 1990 había 22.500 reclusos en todo el país, en el año 2000 su número se elevó a 34.000, lo que significa un crecimiento del 51%.
El deterioro de la infraestructura carcelaria ha generado problemas de sobrepoblación, aglomeraciones y malas condiciones para los reclusos, a pesar de los recursos invertidos en cárceles concesionadas.

En la mayoría de los casos, quienes se encuentran cumpliendo condenas o están recluidos en las cárceles, están desperdiciando su capacidad productiva, y esa inactividad, caracterizada por el hacinamiento, en la mayoría de los casos reduce las posibilidades de reinserción social, y produce la sensación -que es bastante cierta- de que existe un usufructo injustificado del aparato estatal, por parte del mismo delincuente.
Para muchos, la población penal es mano de obra potencial inutilizada, improductiva y mantenida por el Estado mediante altos costos que podrían ser aprovechados con otros fines sociales a corto y largo plazo.
Se hace necesario entonces investigar y buscar formas de aprovechar esa potencialidad laboral en pro del bien común y en ayudar a otros grupos menos favorecidos, como los niños en riesgo social.
Si consideramos que la capacidad del sistema penitenciario chileno está diseñada para recibir a 21 mil internos y que en la práctica alberga a 34 mil, “Esa situación de hacinamiento y la falta de una política clara en materia carcelaria son factores que en gran medida explican situaciones tales como el alto nivel de reincidencia, que supera el 50%”, señalan Folch y Guzmán.

Por lo tanto, ofrecer alternativas y políticas que planteen formas de trabajo carcelario supervisado, que fomente el aprovechamiento de la población penal en actividades productivas, tanto internas como externas a la cárcel misma es imprescindible en estos momentos.
Se hace imperioso renovar la infraestructura carcelaria penitenciaria, no sólo para el control de la población penal sino también, y más importante aún, para propiciar el desarrollo de talleres laborales que fomenten el trabajo carcelario a nivel general.

Éste debe ser visto no como un castigo, sino como un beneficio, tanto para el recluso, como para su familias y la sociedad en general.

Eso, según Folch y Guzmán, exige “la modificación del actual Reglamento Penitenciario, para establecer un marco legal único e integrador, que regule la relación entre las empresas y Gendarmería, por una parte, y entre ésta y los reclusos, por otra”.
El tema del Trabajo Carcelario, y la utilización de la población penal como mano de obra, en muchos casos a concesión, requiere considerar:

1- Las posibilidades de constituirlo como un “pago” a la sociedad, en lo relativo al costo mismo que implica la mantención de la población penal y no en el sentido mismo de la pena.

Es decir, el trabajo debe ser visto como un beneficio tanto para el recluso como para la sociedad en su totalidad, y la estadía en la cárcel, si bien es forzada, debe ser retribuida por los gastos que esto mismo implica.
2- Determinar la viabilidad de conformar el Trabajo Carcelario como un sistema cuyo objetivo es la obtención de recursos que serán destinados a niños con riesgo social y para las familias de los reclusos, bajo asesorías por parte del Estado.

¿Cuán viable es un Política Pública que considera la utilización de la masa penal como mano de obra a concesión a empresas, mediante la racionalización del uso de la cárcel tanto para procesados como para condenados?

Pacto Social ¿Sin lo social?

Durante la misa del Tedeum, realizada el martes 18 de septiembre, la Iglesia Católica -siguiendo la línea de los dichos del obispo Goic- recalcó la necesidad de establecer un nuevo Pacto Social, con el propósito de conciliar el crecimiento económico y la equidad.

La centralidad del llamado radicaba en los últimos hechos de violencia acaecidos durante el pasado 11 de septiembre, que alcanzaron su tope máximo con la muerte de un carabinero -situación que no ocurría desde 1987-.

Sin embargo, aunque no explícitamente, el arzobispo estableció una relación -no causal- entre la violencia desatada y la desigualdad económica existente. Implícitamente, abordó la idea de frustración relativa de Ted Gurr, cuya dimensión subjetiva es clave en la percepción de cierta realidad. Aumentan las expectativas, pero la adquisición de bienes se mantiene, lo que según Gurr ocurre en sociedades en fases de cambio.

Chile, en este sentido, parece estar entrando en una nueva y profunda fase de cambios, donde los ejes centrales serán la equidad económica y el cumplimiento de las expectativas democráticas. Es decir, la gente quiere más bienes, pero también más participación y ojalá más tiempo libre, en definitiva, más calidad de vida. En este sentido, muchos casos, las personas se sienten profundamente frustradas, y engañada por el sistema en general.

Por lo tanto, la idea de responder a esa decepción, se engloba en el establecer un Nuevo Pacto Social, que no es otra cosa que un nuevo acuerdo político y económico entre las partes constituyentes del sistema, los actores que operan en éste, en cuanto a su rol e importancia en el mantenimiento y transformación del mismo. Es decir, un acuerdo entre las elites y la sociedad civil -hoy dispersa-.

Pero, si se quiere hacer un buen pacto, que resuelva la frustración relativa en la sociedad, es clave hacerlo con y para la Sociedad Civil-aunque esté desparramada- y no para proteger los intereses de las elites políticas, económicas, religiosas o militares.

Por lo tanto, lo social es esencial en aquel Nuevo Pacto, entendido no sólo como lo referido a lo popular y distributivo en términos económicos, sino también en cuanto a lo productivo, lo político y lo cultural; pero sobre todo en cuanto a la participación de la sociedad en su totalidad en dicho proyecto.

Un Pacto Social, no es tal si se realiza entre las elites, en reuniones cerradas o en hoteles lujosos por un par de meses. Un pacto social es un proceso que incluye a todos los estamentos de una sociedad, es transgeneracional y está por sobre la ideología, la religión, la raza o cualquier diferencia.

En otras palabras, es momento que empecemos a construir nosotros -todos- el país que queremos...porque hace años ya que dejamos atrás la Colonia, cuando las plutocracias decidían por el resto. La gente si sabe lo que quiere, sólo hay que despertarla, hacerla hablar y escucharla.

América Latina...reflexionado la Independencia

El 2010 Chile celebrará 200 años de su Independencia del otrora Imperio Español. Otros tantos países latinoamericanos también se aprontan a celebrar el bicentenario de su emancipación en fechas cercanas.

Tal como se planteó en el encuentro Lateinamerika Tag, en la Universidad de Frankfurt el año pasado -donde asistí como ponente- la pregunta central al momento de pensar hoy en nuestro continente es ¿Hacia dónde va Latinoamérica? ¿Hacia dónde vamos?

Podríamos sumarle ¿Qué queremos para nosotros, nuestros países, nuestros pueblos?

Es claro que los movimientos independentistas iniciados en el siglo XIX permitieron romper con un orden imperial envejecido y debilitado. Sin embargo este quiebre no fue radical en ningún sentido, puesto que aunque ya declaradas las independencias, en muchos países aún seguían operando las estructuras institucionales y sociales heredadas del tiempo colonial.

En este sentido, la ruptura con lo colonial comenzó y se desarrolló esencialmente en términos políticos -en cuanto al ejercicio del poder por parte de las elites en pugna- pero no institucionales, sociales ni económicos -el entramado más complejo de roer-.

Lo anterior ha marcado la historia de nuestros países y su desarrollo posterior en todo sentido, estableciendo las estructuras sociales, económicas, políticas y culturales de nuestros pueblos.

En muchos casos, como producto y herencia del tipo de elite que lideró la independencia en América Latina, y que posteriormente se sedimentó en el poder, dichas estructuras aún siguen existiendo en algunas regiones, a través de ciertas prácticas de claro raigambre colonialista, que se siguen ejecutando en muchos rincones de nuestro continente, e impiden un mayor avance.

Entonces, podríamos preguntarnos ¿Cuánto del antiguo orden aún existe en América Latina? ¿Cuán independientes somos a casi doscientos años de habernos liberado del yugo español?

El negociador con las Farc ¿Qué piensa en realidad?

La influencia de Hugo Chávez en Latinoamérica - se esté a favor o en contra de ella- parece no ser menor en el último tiempo, sobre todo ahora que, bajo el beneplácito del propio presidente colombiano Álvaro Uribe, se le ha permitido al primero, asumir el rol de negociador con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

La posición de mediador, en este caso puntual, no sólo implica el intercambio de prisioneros, sino también proyectar un nivel de diálogo y negociación en el tiempo, más allá del mismo trueque humanitario.

En este sentido, hasta el momento ningún actor -ni la Iglesia, ni Estados Unidos, ni las grandes ONG´s- han logrado establecer un diálogo sostenido entre el estado colombiano y la guerrilla, que permita un termino definitivo del conflicto, cuyo origen data desde hace más de 50 años.

La posición de Chávez en este sentido, es mucho más ventajosa que la de los anteriores "negociadores", no sólo por una cierta afinidad ideológica y política con las Farc, sino también por una postura similar frente a Estados Unidos y al propio estado colombiano.

Sin embargo, lo anterior no ha implicado impedimento para que el presidente venezolano negocie con su par colombiano y se posicione como negociador entre éste y las Farc, pero tampoco significa que Chávez apoye la política de Uribe.

En medio de las críticas a lo que algunos llaman una limpieza de imagen del gobierno de Venezuela -que tendrían un alto nivel de riesgo en términos de fracaso- existe una proyección política -aunque insospechada y para muchos irrisoria- que no ha sido considerada, incluso por el propio Chávez; la idea de la creación de una brazo político y electoral de las Farc, que operé en el sistema electoral e institucional colombiano.

Al modo de Batazuna en España, el brazo político de ETA, Chávez podría instar a la creación de uno similar para las Farc, a través del cual posicionar e insertar su ideal político en Colombia, sin alterar el juego electoral y partidario.

En este sentido, la creación de un brazo político de las Farc, no sólo significaría un triunfo simbólico y mediático para Chávez -y ahí sí que sería una propaganda enorme- como un actor de consenso en el escenario latinoamericano, sino también su inserción ideológica en un partido no venezolano, y por lo tanto, el inicio de la concreta internacionalización de su ideario bolivariano.

Al parecer Chávez está comprendiendo que una buena forma de sustentar su proyecto es atraer a sus vecinos a éste, no por la fuerza, sino a través de las urnas, en el juego político que tanto crítica.