Zaldívar, la DC y el dilema del prisionero

En la Democracia Cristiana, por segunda vez se ha presentado la petición de expulsar definitivamente de dicho partido a Adolfo Zaldívar. La Directiva se ha mostrado cautelosa, a pesar de las duras y desafiantes respuestas que ha dado el senador. Claramente están en una situación no-cooperativa, en el dilema del prisionero.

La respuesta del senador Zaldívar en cuanto a la segunda solicitud de expulsión en su contra, presentada por la dirigencia democratacristiana, dirigida por la senadora Soledad Alvear, es un una clara prueba de fuerzas al interior del partido entre dos bloques opositores.

En este sentido, tanto Alvear (y toda la dirigencia) como Zaldívar, tienen dos posibilidades de actuar en torno a la continuidad de éste último en la DC: Cooperar uno con otro (retirándose la solicitud de expulsión, y no expulsando a Zaldívar y así dar por saldada la crisis); o no cooperar (Expulsar a Zaldívar a través del Tribunal Constitucional).

Si se retira la solicitud, y no se expulsa a Zaldívar, los costos serán relativamente menores en comparación a la expulsión. La DC y la actual dirigencia se podrán mostrar como un partido flexible e internamente democrático, capaz de resolver las pugnas internas, sin llegar a tener que recurrir al TC, ni propiciando rupturas o expulsiones. Zaldívar por otro lado, se mostrará como un elemento de alta influencia en el partido, y podría perfilarse nuevamente para alcanzar la dirigencia DC.

Si se mantiene la solicitud, y se expulsa a Zaldívar, los costos para éste son claramente elevados, debido a lo difícil que se hace desarrollar nuevos referentes políticos, sin que exista la posibilidad de cooptación o agonía política.

Por otro lado, Alvear podría salir fortalecida, pero es probable que las críticas internas desde otras facciones, y por parte de la oposición aumenten, y se centren en los aspectos democráticos de su dirigencia en cuanto a los miembros DC, y también en cuanto a las políticas del gobierno y el desempeño de los parlamentarios.

¿Quién traiciona a quién?

Si la solicitud de expulsión se mantiene y Zaldívar no es expulsado, esto implicará la derrota política interna de Alvear, que la dejaría débil en cuanto a una eventual candidatura presidencial, tanto al interior de la DC, como a nivel de la Concertación.

En ese escenario, y al estar en medio de una situación claramente no cooperativa, existirán constantes incentivos para romper el pacto entre Alvear y Zaldívar y por lo tanto, es probable que las pugnas se agudicen aún más.

En el caso de Zaldívar y Alvear, es probable que la competencia personalista conduzca a un escenarios no cooperativo, con resultados inferiores (en cuanto a beneficios personales y políticos) a uno cooperativo.

Juan Carlos y Hugo: Ni Reyes ni tiranos

La polémica entre Juan Carlos y Hugo, uno rey y el otro presidente, y las diversas reacciones y opiniones que surgieron posteriormente, han dejado de manifiesto varias cosas: Nadie entiende la frase "ni reyes ni tiranos", y muchos de los que se proclaman contra el absolutismo, son capaces de justificar uno para defenderse de otro.

En torno al "¿Por qué no te callas?" surgieron dos posiciones claramente identificables y contrapuestas en cuanto a los actores involucrados, pero ambas marcadas por una clara mentalidad de sometimiento y valoración inconsciente al absolutismo, ya sea como plebe o como prole, según sea el caso.

La actitud de plebe sometida, fue la de aquellos que defendieron la actitud de Juan Carlos, no sólo demostrando su aprecio con respecto a la persona del "rey", sino también, aunque sin darse cuenta, su extrema valoración y disposición con respecto a la monarquía como régimen político y de gobierno.

La postura de prole sometida, fue la respuesta de aquellos que defendieron la posición de Chávez, y el llamado proyecto Bolivariano, pero sin considerar ningún aspecto que potencialmente lo podría estar convirtiendo en un tirano, ahora o más adelante en Venezuela.

Ambas posiciones terminan por justificar, de un lado u otro, el absolutismo; ya sea el monárquico, con el propósito de hacer frente al potencial absolutismo del proyecto Boliviariano -claramente antimonárquico- y el unipartidario, para criticar las estructuras de privilegios que, de alguna u otra forma representa y simboliza cualquier monarquía, y que se despliegan en forma de oligarquías en nuestro continente.

Lo paradójico es que muchos de aquellos que constantemente enarbolan el discurso de la libertad y la democracia republicana para criticar el absolutismo chavista, llegaron a manifestar que Juan Carlos seguía siendo el monarca para Latinoamérica (algunos llamándolo el rey espiritual), o que su frase era reflejo de su necesaria presencia para poner "orden" en nuestro continente, ante el "desorden" actual que significarían los gobiernos "plebeyos" y bolivarianos de Chávez, Morales y otros. Sólo faltó que hablaran de desorden en las colonias.

Esta posición, surgida desde lo que podríamos considerar la plebe "criolla", en términos monárquicos, (incluso aquella que podría ser más antimonárquica si nos basáramos en los parámetros de la Revolución Francesa) tiene claros tintes antilibertarios, cargados de racismo y clasismo, heredados de los tiempos coloniales.

Racista y clasista, porque según esta posición, Juan Carlos, por el hecho de provenir de la vieja Europa, de una familia monárquica y de fenotipo caucásico, tendría más legitimidad política y diplomática, para ejercer el poder y también ejercer el derecho de romper el protocolo frente a cualquier otro mandatario.

Lo anterior, se justificaría más aún según esta visión, en el caso de Hugo Chávez, que sería solamente un venezolano (un zudaca para los ibéricos que son racistas), piel morena, de origen popular, que además osó acusar de actitudes imperialistas a algunas de las principales autoridades de la "vieja madre patria", incluido -aunque no directamente- el rey.

En este sentido, viejos resabios de la oligarquía realista y anti-independentista (para mantener sus privilegios coloniales), que después de la emancipación rápidamente se hizo parte del poder político y económico republicano, afloraron con fuerza después del altercado en la Cumbre, no sólo entre algunos miembros de las elites chilenas, sino que entre aquella burguesía de clase media, en muchos casos, con más tendencia a los absolutismos.

Antilibertarios, porque lo claro es que la sobreexaltación de la figura, estirpe y origen del monarca español, e incluso de su necesaria influencia en Latinoamérica, por parte de algunos, tenía un único propósito; tener mayores argumentos discursivos contra Chávez y su proyecto bolivariano.

Sin embargo, lo único que han demostrado es que a muchos, poco les importa realmente el absolutismo como contraposición y peligro para la libertad de las personas, pero sí les importa quién lo ejerce, en cuanto al riesgo de mantener y proteger sus privilegios e intereses personales o de clase.

Es decir, les da lo mismo que exista absolutismo, siempre y cuando quien lo ejerza proteja los privilegios ya existentes. Cuando el riesgo de que arribe un absolutismo significa riesgo para dichos intereses, entonces se hace necesario contraponerlo con otro, sea cual sea.

Así, los que defendieron la orden de silencio de Juan Carlos, para atacar a quien consideran tirano, terminaron por lanzarse como súbditos ignorantes a los pies de figura del monarca, tal como lo hicieron los grupos anti-independencia en toda América siglos antes.

Terminaron por exaltar otro símbolo del absolutismo, más fastuoso y elegante, pero absolutismo al fin y al cabo.

Terminaron por olvidar la frase que decía: Ni reyes ni tiranos.

Andrés Navarro, el mecenas ofendido de Lagos

La interpelación, hecha por Andrés Navarro, al ex presidente, Ricardo Lagos, donde le recordaba el haber aportado económicamente a su campaña, vuelve al tapete la necesidad de transparentar el financiamiento de las campañas políticas, para evitar la confusión de intereses.

En nuestro país no existe transparencia en el financiamiento de las campañas políticas, por lo que no se sabe quienes entregan dinero, en cuánta cantidad y tampoco se sabe quienes lo reciben y en qué lo usan.

La interpelación hecha por Andrés Navarro a Lagos, demuestra que existe una alta posibilidad de que esta falta de transparencia, termine por anteponer intereses particulares por sobre el Bien Común.

Lo central sin embargo, es que los votantes comunes y corrientes, aquellos que carecen del poder y dinero suficientes, se encuentran en una clara desventaja en varios sentidos:

-En primer lugar, en cuanto a la elección misma, pues el nivel de información, entre el elector común y el financista, es profundamente asimétrico, lo que implica que los últimos tendrán más posibilidades de elegir un candidato acorde a sus intereses en comparación a los primeros, que sólo estarían eligiendo en base a la buena fe.

-Segundo, como financistas y candidatos manejan mayor información mutua y de relevancia, en comparación al elector común, la representatividad de los últimos en cuanto a sus intereses será más débil que la de los primeros, lo que claramente es profundamente antidemocrático.

-Tercero, y quizás lo más grave es que las asimetrías de información y capital, terminan por favorecer a quienes más dinero puedan donar, entregándoles la posibilidad de ejercer mayor presión sobre los candidatos una vez electos, en favor de sus intereses particulares y personales, en desmedro del interés común y colectivo. Es decir, se constituye una Plutocracia.

En definitiva, el mecenas político adquiere la posibilidad de presión previa y posterior con respecto a un candidato, es decir en su condición de candidato y de funcionario público, lo que genera mayores probabilidades de corrupción, clientelismo, concesiones poco transparentes, pagos irregulares y nepotismo.

Por lo mismo, se hace necesario limitar el nivel de gasto electoral y transparentar el financiamiento de las campañas, dando a conocer públicamente quienes son los financistas, a quienes entregan dinero, en qué cantidades y con qué fines.

Sólo así podremos saber si nuestros políticos y candidatos electos, legislan y actúan en base a principios, ya sea éticos o legales, y no en base a la cantidad de dinero que quieren asegurar para la próxima reelección o para sus bolsillos, defendiendo los intereses de sus mecenas.

América Latina, Mercado y Estado

Actualmente en Latinoamérica, la matriz Neoliberal -originada a partir del desmantelamiento del modelo Estatal/Popular- se encuentra ante una revaloración de este último, debido a las demandas sociales, políticas y económicas que no ha logrado resolver del todo.
El proceso de transformación del Estado, iniciado por el paso desde una matriz estatal/popular -característica a mediados de los 50´ del siglo pasado- a una neoliberal, a través de las políticas de liberalización y desmantelamiento iniciados en los 7º´, implicó que la política pierda su lugar privilegiado como eje fundamental de la sociedad.
El Estado dejó de ser el centro constitutivo de lo social, en base al principio que planteaba que sería el modelo económico -y no la actividad política ejecutada a través del Estado- el que en definitiva resolvería las demandas sociales, políticas o económicas, no resueltas por la antigua matriz estatal-popular.
En otras palabras, la nueva matriz centraba en el tipo de modelo económico, el Mercado, -sin importar el tipo de modelo político- su eje para la resolución de los problemas sociales.
En este sentido, el Estado sólo debía ser el garante de la implantación del nuevo modelo económico y no un actor importante en la resolución de dichas demandas a través de sus políticas públicas.
Por lo tanto, ya no se esperaba del Estado mismo ni de los partidos políticos, sino del Mercado como modelo en sentido global, la resolución de los problemas sociales como la pobreza.
Sin embargo, lo que en principio buscaba romper la relación de dependencia entre los ciudadanos, los partidos y el Estado, para resolver dichos problemas, en muchos casos terminó por generar profundos problemas de representación política y desigualdad económica.
Esto ha incentivado en el último tiempo crecientes demandas por redistribuir el poder económico, político y social en Latinoamérica, debido a los problemas sociales que aún aquejan a millones en el continente, lo que se traduce en la incapacidad de resolverlos, por parte de la matriz imperante.

Esto incide en el surgimiento de una revaloración por parte de algunos actores, de la antigua matriz estatal-popular, a través de la cual plantean reasignar al Estado el rol como centro de lo político y social, para el desarrollo de reformas para la resolución de las demandas sociales.
En muchos casos, se plantea incluso una reversión total del modelo económico, y por lo tanto, de todo el eje social, constituido a partir de la nueva matriz socio-política, lo que genera asperezas entre quienes buscan mantenerlo y quienes propugnan cambios, ya sea profundos o superficiales.

Se produce la pugna entre la política -materializada en la institución del Estado- y la economía -materializada en el Mercado- en cuanto a la preponderancia e importancia para resolver los problemas sociales no resueltos.
Es probable que esta revaloración continué su expansión mientras las demandas políticas, económicas y sociales no sean del todo resueltas.
El dilema de todo esto es cómo generar una conjunción entre el papel del Estado como eje social, y un modelo de Mercado que genere equidad distributiva, dentro de un marco donde se respeten las libertades y derechos individuales, sin caer en la cooptación, el clientelismo, la corrupción y el anquilosamiento político o económico.

Justicia como Equidad o Cohesión Social ¿Qué va primero?

La XVII Cumbre Iberoamericana de Naciones, tiene como principal desafío el compatibilizar crecimiento económico, con mejores democracias y mayor equidad social. Sólo así se podría alcanzar una verdadera Cohesión Social.

Actualmente, en muchos sentidos América Latina carece de cohesión social; a nivel de acceso a bienes básicos, educación, atención médica, o participación política es claramente escasa, incluso a nivel de barrios, la segregación es notoria.
El lema de la actual Cumbre, donde se congregan diecinueve Estados de América Latina, además de España, Portugal y Andorra, es la Cohesión Social. En este sentido, la pregunta clave es:

¿La entienden de la misma forma todos los asistentes a la Cumbre?

La respuesta es no, pues parecen existir dos usos en pugna constante acerca de lo que implica la Cohesión Social, basados en la constatación del consenso y el conflicto en la sociedad.

En el primer uso, la cohesión social se traduce en una visión que prioriza ciertas libertades -no todas- y se centra en el desarrollo económico, descuidando gravemente otras fuentes importantes para la libertad y el desarrollo de una nación.

Lo anterior se traduce en rigidez institucional y social, donde se termina por mantener las condiciones actuales, desiguales y poco inclusivas, dentro de marcos legales, económicos, políticos y estatales, supuestamente legítimos y naturalizados, sin propiciar cambios beneficiosos ni profundos a nivel social.

En este sentido, discursivamente se hace constante omisión del conflicto social que genera el problema de la desigualdad, sin afrontarlo ni corregirlo, ya sea para mantener las estructuras económicas, los privilegios o simplemente para mantener en el poder político.

La Cohesión Social se traduce entonces en una esquizofrenia del consenso-conflicto, puesto que cualquier intento por reformar algún aspecto de lo social, económico o político que genera roces, es considerado conflictivo y riesgoso para el Estado de Derecho, la Libertad, el desarrollo económico, para el consenso social que en realidad no es tal.

Este primer uso, valora la estructura de una sociedad estratificada, donde ciertas elites controlan y dirigen todas las esferas del poder, las cuales hegemonizan, mientras el resto de la sociedad queda dispuesto a sus decisiones, mediante un falso consenso electoral.

El segundo uso tiene relación con la pretensión -en muchos casos radical- de ampliar las esferas del poder político, económico y social, por ciertos sectores de la sociedad, originado por la mala distribución de la riqueza, la desigualdad social, económica y política.

En este sentido, siempre está relacionado al primero, puesto que surge como respuesta ante el anquilosamiento y la falta de instancias de diálogo y acuerdos entre los diversos actores sociales, debido a la poca inclusión política y social.

Por lo mismo, la Cohesión Social también se hace parte de la esquizofrenia del consenso, puesto que éste segundo uso, pasa a convertirse en un discurso debilitado por las elites dominantes, lo que genera una radicalización del mismo.

En muchos casos este discurso, puede agudizar o desencadenar el conflicto social de forma aguda, lo que en definitiva termina por hacer imposible la cohesión, pues terminan por agotarse los incentivos para su desarrollo, por parte de los actores que pueden generarlo.

Ambos discursos conviven en una misma situación social de consenso-conflicto, haciendo que la verdadera Cohesión Social no se desarrolle.

Justicia Distributiva
Podemos decir entonces, que la Cohesión Social no debe ser entendida como una sociedad estratificada, ni tampoco como una sociedad militarizada, sino más bien como una donde las diferencias sociales y económicas entre los sujetos sean bajas, pues existen oportunidades y accesos iguales para toda la población. En definitiva, una sociedad equitativa y desarrollada.

Lo anterior no implica que, como algunos ignaros mal entienden, todos deban ganar el mismo dinero o perder su propiedad, sino más bien que se desarrollen prácticas, instituciones e instancias donde se ejerza la cohesión social, en un marco cooperativo, solidario y también competitivo.

La Cohesión Social entonces, requiere el desarrollo de la Justicia, entendida como equidad, siguiendo a John Rawls. Es decir, se hace posible sólo en un escenario equitativo y sin desigualdades sociales, económicas y políticas profundas.

Lo anterior, porque las fuentes de conflicto social, han sido disminuidas o abolidas, dentro de un sistema donde, tanto la libertad como la igualdad de los sujetos, están garantizadas.

Pastilla del día después: Libertad de conciencia para no venderla, pero sí para fabricarla

En las últimas semanas se ha hablado a destajo de la “libertad de conciencia” para plantear que el Gobierno chileno estaría en contra de ésta, al obligar a las farmacias a tener en su stock de productos, la llamada Píldora del día después. Lo contradictorio es que ninguno de los que cuestiona la medida, critica a los laboratorios por fabricarla.
Cuando el Ministerio de Salud amenazó con sancionar a las farmacias que se negasen a vender la Píldora del día después- por estar dentro del Formulario Nacional de Medicamentos- lo primero que algunos hicieron para criticar la medida, fue hacer mofa de la tremenda sintonía, que dijo tener la Presidenta Bachelet, con el Papa luego de su visita al Vaticano.

Incluso algunos, que antes pedían aplicar el máximo rigor de la ley, acusaron de dictatorial la medida por su carácter de obligatoria.
El principal argumento, utilizado a destajo por quienes criticaron la orden del Ministerio de Salud, ha sido hablar de la libertad de conciencia, a la que tendrían derecho las farmacias –aún cuando éstas en realidad no la tienen por ser personalidades jurídicas y no naturales-.
El argumento parece ser eficaz pero es profundamente contradictorio en varios puntos:

Primero, es extraño que los dueños de las farmacias, sí tengan las píldoras guardadas en sus bodegas, aún cuando no tenían pensado venderlas por un tema de “conciencia”. Sería como tener droga guardada para venderla, aunque en realidad no quiera.

Segundo, muchos han confundido la libertad de conciencia con la de empresa, aunque en ningún caso se ha pasado a llevar la segunda, puesto que no se obliga a vender, sino que a tener en el stock de productos disponibles. No se obliga ni a promocionar, ni a ofrecer, sólo a tenerla disponible para quien la solicite.

Tercero, se ha dicho que la orden no tienen respaldo legal, y que exigir un stock de productos, no tiene valor, lo que estaría dejando al arbitrio del Estado y no del público qué se vende y qué no.

Este argumento, es de doble filo, puesto que si se le resta importancia a la normativa emanada de la autoridad, entonces se abre la posibilidad de que arbitrariamente en el futuro, las farmacias se nieguen por diversas motivaciones ideológicas o económicas, a vender otros medicamentos, poniendo en riesgo la vida de las personas.

Cuarto, los espontáneos defensores de la libertad de conciencia, en ningún caso han cuestionado a los laboratorios y farmacéuticas que fabrican el producto, que –bajo un razonamiento lógico- serían los principales culpables por hacer que exista la Píldora.

Sin embargo, hacerlo demostraría que en muchos casos, son los privados, y no el Estado, los culpables de ciertos males, lo que haría estragos en su discurso anti-Estado, intervención y regulación.

Más débil se vuelve el argumento -sobre todo para criticar la tremenda sintonía de Bachelet con el Papa- si se considera que el 29 de octubre el mismo Pontífice se reunió con los químicos farmacéuticos del mundo, para defender la libertad de conciencia.
Lo contradictorio es que es muy probable que estuvieran representantes de los grandes laboratorios, que en ningún caso han suspendido la producción de la Píldora para luego comercializarla, aún después de haber estado en el Vaticano.

Tremenda sintonía entre las farmacéuticas y el Papa.

La confianza en la Medicina agoniza

Actualmente, la actividad médica ya no concibe al enfermo como paciente, sino como consumidor, haciendo que las bases filosóficas y éticas en que se sustentaba la Medicina, como la confianza, la filantropía y el compromiso ético, estén perdiendo fuerza.

Antiguamente, la relación entre paciente y médico se basaba en la confianza que depositaba el primero con respecto al segundo, en cuanto a su propia vida. Es decir, la Medicina surgió como un acto de buena fe entre los seres humanos, donde lo que se transaba en términos simbólicos, era el bien más preciado que tiene un ser, la vida.

Esa transacción no significaba la perdida de la existencia por parte del enfermo, sino su retorno y recuperación, a través de la ayuda del sanador, curandero o médico.

El enfermo entonces, bajo absoluta confianza como receptor de la atención médica, se volvía un sujeto pasivo con respecto a su propia salud y vida, delegándole a otro sujeto activo la tarea de mejorarla y preservarla.

En ningún caso este proceso estaba mediado por transacciones monetarias específicas, sino más bien simbólicas como el prestigio, la buena fe, cuyo fin esencial era la sobrevivencia.

Vida sin cheque en garantía
El paso desde la concepción de pacientes a clientes, plantea una ruptura en la base fundante de dicha relación entre médicos y personas, al desvanecer la idea de compromiso permanente, desinteresado y focalizado en un único fin -preservar la vida- por parte de los primeros, y un vacío en cuanto al valor del sujeto mismo como receptor de la Medicina.

Lo esencial, es que el nuevo consumidor de salud, queda en un limbo entre su antiguo epíteto de paciente y su nueva condición de cliente, debido a que se mantienen las estructuras simbólicas y discursivas de la relación entre paciente-médico, pero dentro de un marco institucional donde la base de dicho nexo no es la vida en sí, sino la transacción de un bien material o monetario.

La relación médico-paciente, originalmente basado en la buena fe y la primordial mantención de la vida, se convierte en un nexo contractual definido esencialmente por la capacidad de pago del paciente.

El médico entonces ejerce su ética y responsabilidad, no en base a la vida de sus pacientes, sino más bien en base al pago que éstos generan para recibir atención médica.

En el ámbito de las consultas particulares, ésta noción se exacerba, generando vacíos en cuanto a los derechos a los que debe acceder todo paciente, como consumidor, y los deberes del médico con éstos, desde el respeto y buen trato hasta una atención ética por parte de los facultativos y su equipo en general.

En este sentido, el paciente, aunque ahora es considerado un consumidor, en la práctica carece de los instrumentos legales, institucionales y discursivos para ejercer tal condición.
En otras palabras, en cuanto a sus derechos, el paciente es aún considerado un sujeto pasivo, impedido de ejercerlos y reclamarlos.

Esa es la contradicción del discurso médico imperante.

Política, Presidentas y Discurso de Poder

Más allá de las evaluaciones y consideraciones que existan en torno a sus liderazgos y gobiernos, la existencia de mujeres presidentas en Latinoamérica, indica que el discurso del poder, esencialmente masculino, está en transformación.

Primero fue Michelle Bachelet, y ahora Cristina Fernández. La elección de la última como presidenta de la República Argentina, demuestra que las bases constitutivas del discurso del poder están cambiando en todo el continente.

A diferencia de lo que algunos piensan, la elección de la señora K, como presidenta dista mucho de la situación de Evita Perón. Esto, porque la segunda, desenvolvió su cargo en una época donde ejercían supremacía total los parámetros discursivos de poder de orden masculino.

Cristina Fernández, al igual que Bachelet, también opera bajo dichos parámetros, aunque ahora éstos son atravesados por diversos discursos que plantean una desestructuración de sus bases constitutivas como eje del actuar político.

Lo anterior no implica que algunos aún conciban la Política como una actividad de exclusividad para los hombres, sino más bien, que la Política se vuelve volátil como significante, en cuanto a cuáles son las formas en que se lleva a cabo, y quienes son sus legítimos sujetos de acción.

En otras palabras, se produce la pugna por definir del discurso Político en cuanto al poder en base al género.

En este sentido, como hablamos de un discurso que se vuelve relativamente volátil, no podemos referirnos en términos absolutos a las posiciones que juegan los actores en torno a éste, menos aún basándonos en su género.

Así, en muchos casos veremos que las mujeres ejercen con mayor fuerza una actitud definida como "machista", tratando de llevar la política a sus parámetros tradicionales. En otros, veremos que los hombres, visualizan cómo algo positivo potenciar el balance de género en cuanto a definir los nuevos parámetros en que se actúa en Política.

La actividad política puede verse fortalecida o debilitada por esta transformación discursiva; y eso dependerá de la capacidad de los actores de visualizar los dividendos que la misma discusión genera y de la forma en que se constituirá finalmente el nuevo discurso del poder.

El cómo se constituya dicho aparataje discursivo definirá finalmente a los sujetos y prácticas de la futura Política. Lo único claro es que ese resultado se apreciará en varias generaciones más.