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¿Es posible un Liberalismo Libertario e Igualitario?

El Liberalismo como concepto, corpus de ideas, doctrina política, social y económica, como paradigma y modelo, ha sido reducido y acomodado en favor de nuevas formas de dominación y control de los sujetos, en una clara postura anti-liberal.
El principio básico y esencial del Liberalismo (s) sin ser explícito, se centraba en la premisa de que ningún sujeto -como igual y libre- debía ser sometido a alguna intervención ilegitima, proveniente de cualquier tipo de poder. Es decir, plantea la protección de los sujetos ante el despotismo y el autoritarismo. Para ello, se establece como mejor y más adecuado instrumento, el Derecho, a través de leyes universales, generales y aplicadas a todos por igual.

El contexto histórico en que surge tal concepción, marcada por el creciente aumento del absolutismo monárquico en Europa, determina que las ideas liberales se centren en establecer límites al actuar del gobierno del rey y el Estado que lo sustenta.

Lo central -más allá de los contextos- es hacer legitima la posibilidad de oposición de los gobernados ante cualquier poder que los someta y ante cualquier institucionalidad que sustente dicho dominio.

Por lo mismo, John Locke establecía que era necesario el establecimiento de un gobierno que administre la Justicia, protegiendo derechos y libertades de los sujetos, ante toda agresión ilegítima, y simultáneamente indicaba que el límite para dicho gobierno era el cumplimiento de dichas funciones, protegiendo la vida, libertad y las posesiones.

Como primera aclaración, dichas posesiones no eran exclusivamente de orden material como actualmente el discurso imperante trata de imponer -al reducirlas a la propiedad privada económica como se concibe hoy- sino más bien corresponden a todo los ámbitos no políticos donde los sujetos tienen derecho a la interacción, la privacidad e independencia, como la religión, las relaciones amorosas, la vida sexual, la economía o la cultura, los gustos, las preferencias, etc.

Por lo tanto, debe quedar claro que Locke establece el concepto más allá de la propiedad material -que sería una parte y no el total de ésta- donde se incluyen también expectativas personales, educacionales, económicas, sociales, culturales, creencias, etc. Tocqueville planteaba una idea similar al referirse a las libertades cotidianas como la libertad de expresión o de asociación.

Hasta este punto, podemos decir que el Liberalismo en términos generales, pero a la vez puntuales establece el ámbito de la Libertad -a nivel de relaciones de poder entre los sujetos- planteando que ningún sujeto debe ser sometido ilegitimamente a cualquier tipo poder o dominación, lo que se constituye simultáneamente en base de la idea de Igualdad. Más importante aún, se plantea una distribución del poder a todo nivel.

Sin embargo, de lo anterior se desprenden dos dilemas:

1. Qué define la legitimidad de la intervención.


2. Qué tipo de poder somete a los sujetos en un contexto histórico determinado.

A partir de estos dos problemas no resueltos, surgen los argumentos que han convertido y reducido al Liberalismo a lo largo del tiempo, en un "credo económico", cuyo único discurso se centra en la supremacía de la propiedad individual -reducida a maximización de capital monetario- por sobre el bien colectivo y social, envolviendo todo tipo de bienes y valores bajo el concepto de mercancía, bajo un orden totalizante basado en la propiedad privada.

En base a esto, se ha desvirtuado la idea base de la Libertad que planteaba el Liberalismo en sus orígenes, la que ha sido reducida a las nociones económicas del laissez faire, reflejada en la pretensión de establecer una anarquía económica, que se traduce en la praxis, en una creciente falta de Responsabilidad Social de los sujetos con mayor poder, ya sea político o económico; la concentración del poder político y económico; y la consecuente atomización del sujeto como ente activo en lo Político y Social.

Se produce entonces, la negación de la libertad y la igualdad esencialmente política, económica en la Sociedad, estableciendo con ello la falsa incompatibilidad entre Liberalismo y Justicia Social e inclusión económica y política, debido a que en el discurso imperante, el ámbito privado y protegido, sólo se tiende a relacionar con la propiedad de los medios de producción de los más poderosos.

Del despotismo político se pasa irremediablemente al Despotismo económico, que en forma totalizante ha envuelto todos los ámbitos privados de los sujetos, haciendo a los más débiles, menos libres y más sometidos al dominio de los intereses de grupos corporativos, de poder político y económico, cada vez más imbricados.

Entonces, se produce la negación sistemática de diversos derechos como la libertad de asociación (con la prohibición de sindicalizarse), la igualdad ante la ley (el tema Medioambiental es buen ejemplo) o la libertad de expresión (con la concentración de los medios de comunicación y la censura en diversas formas).

Se rompe en definitiva "el derecho de la gente ordinaria de encontrar un espacio para sus aspiraciones y un refugio ante la presuntuosa embestida de los que se sienten sus mayores" (Sowell).

Desarrollaré más las ideas en todo caso. Esto es sólo un paso.

Miguelito: Institucionalidad formal del Estado versus la institucionalidad informal del Hampa

La mayor crudeza en los últimos hechos delictivos y los altos índices de reincidencia, pueden tener relación con la ambigüedad del marco institucional formal -las leyes y políticas- que se debería encargar de las acciones punitivo-preventivas y de reinserción en torno al delito, y la poca atención a los aspectos informales que operan en su constitución como actividad en el medio libre.

Es claro que el marco institucional formal e informal determina las pautas de acción de todo sujeto en un campo de actividad específico.

En el caso de la delincuencia como campo de acción, se produce una dualidad -una pugna- entre un marco formal amplio y totalizante, la legalidad del Estado de Derecho, y un marco informal, "los códigos del hampa" al que los sujetos que delinquen se someten individual y contextualmente.

Frecuentemente, se aplica con fuerza el marco formal del derecho sobre el cuerpo de los sujetos -la prisión, la detención- pero muy poco se hace en torno al marco informal en el que la mayoría de éstos fueron educados, se criaron, desarrollaron y se desempeñan en el medio libre.

Dicho marco informal, es el que prevalece por sobre la aplicación por parte del Estado de su marco formal legal, lo que se ve reflejado en la poca reinserción y los altos índices de reincidencia delictiva.

Ese predominio, se produce incluso en cuanto a las políticas educacionales del Estado, pues debido a los bajos índices de escolaridad, son las prácticas del entorno social delictivo, inserto en el medio libre e internalizadas desde la infancia por los niños en riesgo social, las que terminan por ser aceptadas y muchas veces naturalizadas por los sujetos en su vida adulta.

Es decir, el gobierno físico de los sujetos, su control mediante el marco institucional legal, se vuelve de corto alcance en la reclusión y el medio libre donde el campo delictual es hegemónico, debido a la existencia de un marco informal que gobierna psicológicamente sus prácticas, intereses, acciones y contextos.

No es extraño entonces, que delincuentes encarcelados, sigan delinquiendo a través de diversos medios que les permiten romper las barreras físicas, como celulares, familiares, etc. Como tampoco es infrecuente, que una vez cumplidas sus condenas, retomen sus actividades delictivas y se "reinserten a sus medios delictuales libres". Más frecuente aún, es que ciertas formas de delito sean vistas como formas legítimas de subsistencia o como un trabajo más.

Lo anterior incide, en que el marco informal que se desarrolla en torno a actividades delictivas -que en definitiva lo son por ser contrarias al marco legal imperante- se conviertan en el marco formal que sustenta la instauración de una verdadera la moral delictual.

Se produce entonces una especie de dimensión paralela a los espacios simbólicos donde el Derecho impera.

En este sentido, la cárcel se vuelve un espacio material donde las instituciones informales de la delincuencia se vuelven formales, y se convierten en ley interna de los reclusos e incluso de los agentes del Estado insertos en ella. Impera la ley del hampa, por sobre el Estado de Derecho.

La prisión se vuelve entonces, una especie de isla, donde la pugna entre la institucionalidad del Estado es vencida por la institucionalidad informal del hampa, que encuentra un espacio para expandirse, naturalizarse y fortalecerse. Deja de ser el lugar donde se transformen o eliminen las prácticas que son base del comportamiento delictual.

Con eso se rompen definitivamente los principios básicos de la cárcel, como lugar punitivo y de reinserción.

http://sujetoysociedad.blogspot.com/: Esta semana, los medios han estado monopolizados o han monopolizado, una sola realidad, el Festival de Viña del Mar, demostrando que la Televisión es reduccionista, deforma la realidad y desalienta el ejercicio de pensar. En definitiva es cada vez una caja más idiota.

Primarias en USA: Presidenta mujer o Presidenta de color

En las próximas elecciones en Estados Unidos, se plantea un dilema coyuntural profundo para ese país, donde las elecciones por primera vez colocan en posibilidad de acceder al poder máximo a representantes de dos sectores históricamente marginados en la Política estadounidense, las mujeres y los afro-americanos.

La prensa en USA y el resto del mundo, ha estado totalmente centrada en las últimas semanas en las primarias demócratas entre Hillary Clinton y Barack Obama, dejando en segundo plano las decisiones en el Partido Republicano, por una razón muy simple, porque hay una candidata mujer y un candidato de color.

No se trata en este sentido, de recalcar que Clinton es mujer en sentido misógino, o que Obama es de color en sentido racista, sino de mostrar que las elecciones primarias, por primera vez dan la posibilidad de acceder al poder a miembros de dos sectores históricamente –aunque distintamente- marginados en la Política estadounidense, las mujeres y los afro-americanos.

Sin embargo, la mayoría de los analistas se han centrado en aspectos comunes como la popularidad, el prestigio político o la trayectoria de ambos candidatos, pero pocos han considerado los aspectos de género y raza que cada uno lleva detrás de sí como fuertes cargas simbólicas.

En cuanto a la presencia de las mujeres en la política, al igual que en la mayoría de los países como Chile o Argentina, en Estados Unidos, el campo político ha estado más bien controlado por los hombres, quienes no sólo controlan el habitus de éste, sino que todo el capital social disponible.
Por lo mismo, las mujeres tradicionalmente han sido relegadas a un plano más bien protocolar, pero han sido claramente despojadas de la toma de decisiones –esto no implica que cumplan funciones importantes en algunos casos como el de Condoleezza Rice-.

En este sentido, Hillary Clinton es quizás la primera en romper la lógica de la primera dama, cuya función pasiva se relacionaba con aspectos más bien protocolares. Durante el gobierno de su marido, asumió una posición mucho más activa e influyente, que incluso se vio fortalecida después del caso Lewinsky. Después de eso, dejo de ser la esposa de y se convirtió en Hillary (se apropio de parte del habitus y capital político de su marido).

En el caso racial, el tema es más complejo quizás, puesto las comunidades afro americanas, sufrieron una exclusión más profunda que la sufrida por las mujeres blancas en cuanto al poder, debido a la segregación racial que imperó en Estados Unidos hasta finales de la década de los 70´, bajo la doctrina de "separados pero iguales" que en definitiva legalizaba el racismo.

Bajo este marco institucional formal e informal, era impensado que ciudadanos de estadounidenses de color, accedieran a cargos administrativos y de poder. Menos aún pensar que alguno fuera precandidato de alguno de los partidos hegemónicos.

En este sentido, la pre candidatura de Obama, marca el fin de una hegemonía blanca, no explícita en la política estadounidense, y su elección como presidente implicaría la abolición definitiva del lema “separados pero iguales”.

Desmitificando al campo académico, intelectual, cultural y profesional

La percepción –auto percepción- más bien mítica de algunos campos de actividad como espacios aristocráticos, puros, inmaculados, neutrales, elevados moral e intelectualmente y libres de los vicios mundanos, es apreciable en ciertas áreas y actividades.

Al igual que el campo académico y científico (http://sujetoysociedad.blogspot.com/2008/02/la-oligarqua-de-la-ciencia.html), cuya ley de hierro inhibe el desarrollo de conocimiento nuevo y el aporte e ingreso de agentes fuera del habitus dominante, campos como el jurídico, el médico, el periodístico y el económico, también aplican dicha lógica de diversas maneras, en cuanto al acceso de nuevos sujetos al campo mismo; al control del capital común y en relación a la hegemonía de los paradigmas o discursos dominantes.

Lo común a todos estos ámbitos, radica en que la mayor parte de los miembros de estos campos pretenden concebir toda la realidad social bajo sus paradigmas dominantes, donde ellos se suponen como sujetos centrales de los mismos, además de máximos depositarios y únicos defensores de lo justo, racional, legal y ético a nivel social.

Los dominantes de cada uno de estos campos suponen –en una clara lógica aristocrática y mítica- que todos y cada uno de sus miembros son de la más elevada moral, y que en conjunto conforman una elite superior al resto.

Aunque se pueda considerar esta constatación exagerada, esta percepción es habitualmente aplicada -por los sujetos- a diversos ámbitos de actividad como las religiones, lo militar y policial, donde generalmente se tiende a atribuir a una totalidad simbólica -los miembros en su conjunto- atributos que más bien son individuales.

Lo anterior, aún cuando nadie se pondría discutir que ni todos los religiosos son buenos y de elevada moral, ni todos los policías son incorruptibles, ni tampoco todos los soldados actúan siempre con honor.

Lo mismo ocurre en el campo académico y profesional jurídico, médico, periodístico, económico y técnico, cuyas elites se constituyen y controlan el campo, no a través de aspectos técnicos o científicos, sino a través del despliegue de instrumentos simbólicos y subjetivos de control.
Estos elementos se constituyen a través de 3 formas de acción, como prácticas y a la vez filtro:

- En relación al ingreso de actores a los grupos o áreas dominantes del campo.
- En relación al control del capital simbólico del campo como medio de propaganda y exacerbación del mismo en el exterior.
- En cuanto al dominio de ciertos discursos por sobre otros dentro del campo mismo, con el fin de controlar las disidencias.

En cuanto a los modos de filtro –discriminación/exclusión- la mayoría se constituye a partir de los dominantes del campo, y se definen en base al capital social adquirido por sus miembros, ya sea éste de orden familiar, educacional o económico.
Así, los filtros de ingreso más usados e identificables son, el colegio o la universidad de procedencia, los apellidos y el lugar de residencia, los cuales bajo ningún punto de vista son criterios técnicos o epistemológicamente positivos para determinar quién puede o no puede ingresar al campo, y son más bien instrumentos de exclusión, cuyo único fin es fortalecer la ley de hierro de las elites dominantes.
Basta analizar los avisos de empleo para constatar como éste tipo de prácticas se constituye y naturaliza a base de subjetividades tan grotescas y ambiguas como el concepto de buena presencia.

En cuanto al control del capital simbólico del campo, se refiere a cómo los dominantes del campo, y en general todos sus miembros, utilizan determinados elementos simbólicos propios del habitus del campo, como modo de legitimación y dominio frente a otros sujetos fuera de éste o pertenecientes a otros campos.
El uso de aspectos simbólicos referentes al campo es habitual sobre todo en debates y propagandas políticas, en discusiones académicas y en artículos de prensa, donde éstos son usados como instrumento de apropiación de cualidades atribuidas al campo como una totalidad. Así por ejemplo, candidatos, de profesión médica, salen en sus afiches y spot con delantales blancos y estetoscopio, como si el ser médico garantizara una buena y transparente gestión pública.

Con respecto al uso, predominio e imposición de determinados discursos dentro del campo, los dominantes ejercen el control del poder dentro de éste, atomizando a los eventuales disidentes, a través de la aplicación sistemática de dichos discursos al modo de una ideología, que hegemoniza todos los ámbitos de acción dentro del campo, determinando roles, posiciones y legitimidades a cada sujeto.
Los grupos de poder dentro del campo, ejercen su influencia a todo nivel, impidiendo el acceso de sujetos -no acordes al habitus y el discurso dominante- a cargos de influencia, de alta exposición pública, a base de la deslegitimación de su posición dentro de éste, convirtiéndoles en actores no válidos dentro y fuera del campo.

Leer La oligarquía científica en http://sujetoysociedad.blogspot.com/

El riesgo para las elites es su propia ley de hierro

La ley de hierro de la oligarquía (Robert Michels) plantea que una organización eficiente siempre necesitará un liderazgo fuerte, que irremediablemente irá en desmedro de la democracia interna de ésta.
La constitución de ese liderazgo se basará en la creciente concentración de la cúpula dirigente en términos cuantitativos, en base a la competencia entre las mismas elites, que se centra esencialmente en el control de los bienes con que cuenta la organización –ya sean estos patrimoniales, políticos o simbólicos- y que son siempre limitados.
En esa pugna, las elites dirigentes más fuertes se van posicionando sobre otras, las absorben, las cooptan, las reducen, las reposicionan o las disuelven, reduciendo su número dentro del campo de competencia.
La inevitable concentración (reducción) de los cuadros dirigentes en cualquier elite, indefectiblemente generará rupturas internas entre éstas, debido a la profundización de la dicotomía entre eficiencia –en cuanto a mantener el poder, obtener dividendos electorales y bienes políticos que se vuelven cada vez más escasos- y democracia interna –en cuanto a mantener vías de comunicación entre las bases y las distintas cúpulas dirigentes-.
El agotamiento interno de las elites –por el paso del tiempo, por malos cálculos políticos, por deterioro del discurso común o por disminución en los bienes a repartir, y más importante aún, por falta de nuevos cuadros o miembros- no sólo generará paulatinamente falta de cohesión entre sus miembros dirigentes, sino que irremediablemente afectará la legitimidad de la elite en su totalidad, con respecto a las bases.
Este fenómeno es apreciable a nivel de coaliciones de gobierno, partidos políticos, dirigencias deportivas, vecinales, o de cualquier índole.
A nivel político partidario, este fenómeno puede ocurrir simultáneamente en una coalición, cuyos partidos entran en una fase aguda de concentración –agotamiento- de la elite dirigente, que luego se expande a todo el conglomerado y sus suborganizaciones.
Las pugnas internas al interior de algunos partidos en torno a los liderazgos y el control de la organización, con resultados de expulsión, renuncias solidarias o auto impuestas, además de indicios de fraccionamiento, generará rápidamente una especie de efecto en cadena, donde otros actores de otros partidos, entrarán en dicha lógica de poder, que luego se expandirá a nivel de puestos de gobierno –bienes que se vuelven escasos-.

El caso de las renuncias en bloque en la DC luego de la expulsión de Zaldívar y la reciente proclamación de Jorge Arrate como precandidato del PS, son claro reflejo de este fenómeno, que termina por afectar a la Concertación como coalición gobernante proyectable en el tiempo.

El mismo fenómeno, ha impedido a la Derecha acceder al poder, puesto que las pugnas internas en torno a los liderazgos, terminan por debilitar a cualquier posible candidato.

En este sentido, si la Concertación quiere mantener el poder, obtener dividendos electorales y bienes políticos, sin afectar su democracia interna, entonces debe renovar total e inevitablemente sus cuadros dirigentes. Ya no basta con rotarlos.

La indigenización mapuche

Los últimos acontecimientos relacionados con el tema mapuche, han demostrado que la estructura política e institucional chilena en su totalidad, es incapaz de absorber las demandas de dichos sectores y de insertar a los mapuches como actores políticos y sociales, que presentan un claro proceso de indigenización.

Los mapuches, histórica y discursivamente han sido considerados un sector social concebido como minoritario, anacrónico, contrario a los “valores nacionales y el progreso post independentista del Estado Republicano”*, siendo así excluidos y marginados de todos los procesos de cambio posteriores en Chile, ya sean políticos, económicos o sociales.
Como raza, como grupo social, como etnia, parecían confinados a los libros de historia, los museos y sus comunidades rurales.
En la realidad, nunca, desde la Independencia, fueron considerados como parte del escenario de la vida nacional.

La situación actual mapuche, de clara indigenización, rompe con una lógica institucional y discursiva que se sedimento desde los inicios de la nueva república chilena, cuando la educación, el derecho, y la política como bases del Estado, fueron reduciendo la presencia de la cultura indígena –incluida la mapuche- dentro del ideario nacional, bajo el discurso de lo criollo como constitutivo de lo chileno –entre lo español y lo indígena- y las posteriores pretensiones de “mejorar” la raza por parte del Estado chileno, como una forma de desligarse del pasado indígena, a través de “la extinción "natural" del componente indígena, gracias al despliegue de las "contenidas capacidades nacionales inmovilizadas por el lastre" indígena.” (Ballon Aguirre)

Bajo ese discurso, se estructuró entonces una institucionalidad, que eliminó al sujeto indígena como potencial actor político, económico y social, excluyéndolo de la educación y el acceso a bienes y espacios que el Estado y otras esferas generaban, atomizando sus comunidades y reduciéndolas a grupos familiares carentes de capacidad para generar una organización amplia bajo criterios etnográficos. Como grupo social activo, los mapuches parecían haber sido disueltos.

Sin embargo, en los últimos años, y en un fenómeno similar al ocurrido en México por ejemplo, las comunidades mapuches parecen haber tomados conciencia de sí y para sí como sujetos sociales, ampliando sus niveles de organización, sus pretensiones de participación como grupo, y articulando sus demandas frente al Estado chileno de manera creciente.
Al parecer, el mayor acceso a información y bienes, generado por el mayor acceso a la educación de las generaciones más jóvenes de mapuches, ha permitido este proceso de indigenización, entendido como la asunción de un grupo –amplio o pequeño- con su identidad y raíz cultural, como base de su actuar social.

En este sentido, “no debe considerarse la indigenización como una cualidad exclusiva de lo indígena sino como un atributo de cualquier grupo…cuando se reafirma culturalmente.” (Ballon Aguirre)
Paradójicamente, la misma lógica institucional que históricamente los atomizó, parece haber aumentado las expectativas en torno a sus demandas y también su conciencia como grupo en los últimos años, sobre todo cuando bajo los parámetros del derecho, se pretendió establecer una igualdad legal inclusiva, mediante una especie de discriminación positiva, que en definitiva terminaría por absorber en la sociedad chilena a la etnia mapuche.
Contradictoriamente, eso no ocurrió y los sectores mapuches se vieron con mayores incentivos para desarrollar sus organizaciones, revalorar sus aspectos culturales y articular sus demandas, que van desde la propiedad de la tierra hasta la no discriminación en general.

En este sentido, al igual que en México, el mayor problema se presenta a nivel de actores políticos, puesto que los modelos político-partidarios de las principales coaliciones chilenas, “resultarán afectados ante una irrupción que no encajaba en el embalaje tradicional de sus ideologías” (Ballon Aguirre).

La irrupción del mapuche como sujeto activo en cuanto a sus demandas, descoloca a los actores políticos institucionales, que no saben cómo cooptarlos y por lo tanto, no ven más opción que deslegitimar su incursión como actor social y político, penalizando y judicializando sus demandas, y asumiéndolas como totalmente ilegítimas.
Lo anterior, porque las dos principales coaliciones no tienen una postura clara frente a las demandas indígenas, más allá de la apelación ambigua al estado de derecho. Peor aún, no conciben al sujeto indígena como actor político en la institucionalidad imperante.

En este sentido, el llamado conflicto mapuche no sólo se produce entre la etnia y el Estado, sino también a nivel institucional e interno chileno, donde los diversos actores, políticos y no políticos, irán adoptando posiciones que en definitiva irán cambiando el carácter del fenómeno.

El conflicto mapuche es más bien reflejo de un conflicto institucional chileno, entendido como un alerta a los valores de una sociedad muchas veces discriminadora, poco inclusiva, racista, clasista, con pocas oportunidades y muy elitista.

*Los valores nacionales relacionados con lo criollo y post-colonial y el desarrollo de una república de orden liberal.