En los últimos meses, ha sido habitual escuchar o leer diversas declaraciones de la oposición al gobierno concertacionista, donde el eje central de éstas es la ilegalidad, aunque en realidad sólo sean juicios políticos.
En todo sistema democrático, la oposición debe velar por el buen desempeño de las actividades del gobierno en base al control de su gestión y funcionamiento. Es esa relación entre gobierno y oposición la que determina el buen funcionamiento de todo el sistema político.
En Chile sin embargo, muchos políticos parecen no tener claridad para distinguir entre hacer una oposición política y hacer una oposición judicial cuando asumen ese rol.
Caen en el riesgo entonces, de judicializar cuestiones que son meramente políticas y de poner en peligro todo el régimen político.
Por eso, no ha sido extraño que se acusara al Gobierno de ilegalidad por el modo en que pretende financiar el déficit del Transantiago o que Andrés Allamand acuñara la idea del desalojo, tan similar a otras más antiguas como "barrer la casa o limpiar el cáncer...".
En esa misma línea coincide Lily Pérez, secretaria general de RN, al plantear que la Democracia Cristiana está "al borde de la ilegalidad", porque Adolfo Zaldívar será sometido a Tribunal Supremo o el considerar al gobierno como Pródigo Interdicto.
La falta de distinción entre lo que es un problema político -si un gobierno tiene un buen desempeño o no- y lo que es un problema judicial- si ha incurrido en ilegalidades- ha sido característicos en la política chilena desde sus inicios, y un recurso muy utilizado por los sectores de oposición en algún momento.
Se trata de convertir un juicio político, desfavorable al gobierno de turno, en un proceso judicial, para desestabilizar el juego y la competencia política, que en términos electorales parece no coincidir con la evaluación hecha por la oposición.
Es decir, la oposición desfigura el juego político para obtener dividendos, haciendo ilegitima e ilegal toda acción del gobierno -en muchos casos incluso su triunfo electoral- poniendo en riesgo no sólo el gobierno, sino también todo el régimen político en el que operan. Simultáneamente, existe la posibilidad de que el gobierno mismo, como reacción, entre en dicho juego discursivo.
No será extraño, que lo que escuchemos en los próximos meses, tenga mucha similitud a la verborrea que hubo entre las elites políticas antes de 1973.
5 comentarios:
Ojalá que el debate vuelva a un tono más normal pronto. Me parece que los políticos no son muy capaces de mirar los temas más globales, sino que están preocupados de como recolectar un par de votitos más aprovechando el mal funcionamiento del Transantiago.
Te apuesto que más de la mitad de los que critican no tienen idea a lo que aluden específicamente cuando hablan de ilegalidad. Pero suena bonito y suena polémico... Saludos!
Exageras cuando comparas 1973 con el 2007. En el primero estábamos al borde de un cuasi guerra civil y de un gobierno que era el principal responsable de lo que pasaba.
Tengo entendido que la Ley de Partidos, le confiere a los señores parlamentarios actuar de acuerdo a su conciencia. La Ley que el Partido no puede obligar al parlamentario. Se preocupa bastante por los DD.HH., de los parlamentarios.
Me llama la atención Javier que digas que exagero, cuando frecuentemente comparas la actual situación con el gobierno de la Unidad Popular, para criticar al Gobierno y decir que hay que cambiarlo porque han hecho todo mal según tú.
Ahora, que planteo que la derecha también pone en riesgo la estabilidad, dices que es exagerado, que contradictorio.
Por otro lado, si consideras el desarrollo histórico que tuvo el período entre 1958 y 1973, verás como se fue polarizando la política, sobre todo en términos discursivos.
Con respecto, a Zaldívar, claro que tiene toda la libertad para votar como quiera, yo creo que lo del Tribunal Supremo será un llamado de atención, que no va a lugar, pero decir que es ilegal, es exagerado.
Es como decir, que los partidos que no tienen votaciones internas para elegir sus directivas, son ilegales...
siempre la derecha aprovecha de sacar dividendos políticos de las cituaciones, tambien concidero que se exajera al compararlo con antes del 73, ahí el país estaba ideologisado, ahora no, ahí había juventudes que tenían sueños y se plasmaban esos sueños en la política, ahora no, antes la gente se identificaba más con un partido político, ahora no, por otro lado en pro de la libertad de las personas, pienso que saldibar no debería ser enjuiciado por el tribunal supremo, primero está en lo que se cree y después el gobierno, esa es la mala imagen que dan los políticos que él, refiriendome a saldivar debe apoyar dicho proyecto solo por apoyar al gobierno, independientemente si su conciencia lo autoriza.
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