Trabajo sin trato ni buen trato

Foto: periodistadigital.

La polémica en torno a Codelco, ha revelado las desventajas del subcontrato a las que se someten miles de chilenos, no sólo en empresas públicas, sino también privadas, donde el trabajo es sin trato ni buen trato.

En cuanto a los últimos acontecimientos en torno al conflicto en Codelco y sus trabajadores, en el discurso imperante parece existir -sobre todo para la prensa, el gobierno y la oposición- dos tipos de trabajadores, los de primera clase -los contratados- y los de segunda, los subcontratados.
A los primeros se los ha utilizado* como el canon de legitimidad que tendrían los trabajadores en cuanto al derecho a tener representación y exigir a sus empleadores, lo que se traduce en que sólo los contratados directamente, tendrían tales derechos.
En cuanto a los segundos, sus demandas, organización y formas de representación han sido deslegitimadas mediante la apelación constante a la protección de los derechos de los primeros y la eventual ilegalidad de su huelga y sindicato, debido a su calidad de subcontratados.

Es decir, los contratados sí tienen derecho a la huelga, a organizarse, a exigir mejoras salariales, además de contratos más justos y adecuados, a sus empleadores.
A los subcontratados en cambio, en el discurso imperante, parecen negárseles todos esos derechos, incluso el de organizarse.

Literalmente, están en un limbo, en un espacio muerto entre la empresa contratista y la empresa a la que venden su trabajo, donde no tienen ningún derecho.
Los subcontratados, no sólo de Codelco, sino de las empresas de Retail, de centros de formación técnica, empresas de telecomunicaciones, son un grupo que no tiene a quién exigir mejores condiciones de trabajo y salario, buen trato, y buenos contratos.

Metafóricamente están en una oficina, donde lo pasean de una secretaria a otra, todas lavándose las manos cuando éste quiere agua, porque ninguna quiere hacer nada, pero ambas le exigen el máximo de paciencia y sudor.

Extrañamente, entre los argumentos - sumados a todo tipo de apelativos desde extremistas, comunistas, insurgentes- esgrimidos para cuestionar la validez de las demandas de los subcontratados y simultáneamente proteger la lógica de subcontrato -con claros ribetes de explotación- está el que la "buena imagen" de Chile, se puede ver afectada por los incidentes y movilizaciones.

La imagen es nada, la dignidad es todo.

Razón práctica y Razón técnica

La razón puede ser tomada en dos aspectos, como razón especulativa y razón operativa, las cuales difieren según el fin.

“La razón especulativa difiere de la operativa por el fin al cual se dirige. La primera se orienta a la verdad, pretende saber para saber, contemplar la verdad por sí misma. La segunda se refiere a la obra, a la operación de una facultad distinta de la razón: pretende saber para obrar” (12).

Sin duda, la última está referida al uso práctico de la razón, a las obras que se deben hacer.

Sin embargo, dentro de la concepción de la razón operativa, entendida como aquella que se dirige a lo que es operable por el hombre y su razón, es decir, usado y moldeado mediante un acto que dicta como hacerlo, las cosas producibles, y no sólo permanecer en la especulación, se establecen dos conceptos:

La razón práctica, que apunta a la rectitud por la acción libre, en la recta voluntad y la obtención de un fin moral, eligiendo medios morales, y la razón técnica, referida al resultado y rendimiento recto con respecto a las obras.
Nos centraremos en la razón práctica, pues en ella radican los fundamentos para ver como la sociología política se torna una ciencia práctica en el paradigma clásico.

Considerando que hay dos formas de acción, las inmanentes y las transitivas, en las acciones humanas inmanentes, que “se ejercen dentro del sujeto mismo y en él permanecen” (13), se encuentra la clave para ver el ejercicio de la política como ciencia práctica.

Las acciones inmanentes, junto a las transitivas, que no consideraremos en la discusión, son sujetas a valoraciones morales.

Obviamente, en el ejercicio político son más importantes las inmanentes, pues un político amoral, que construye buenas carreteras, no es un buen político.
Por lo tanto, la acción práctica implican una adecuación al fin último de nuestros actos, es decir, que el sujeto mediante la acción práctica se hace bueno a si mismo (agere) y a sus obras (facere), a diferencia de la razón técnica, donde importa la virtud de la obra y no la del individuo.

Esto es clave en la composición de la sociología política como una ciencia práctica, pues está directamente relacionada con las posturas aristotélicas con respecto a la virtud del buen gobernante y la visión que se tenía de los políticos.
Si consideramos que “La razón práctica es una actividad regia que domina todos los actos de la vida. Mi existencia adquiere integración perfectiva en la medida en que todas sus energías quedan orientadas hacia el fin que hace -humano- al sujeto, un fin último” (14), debemos racionalizar que toda actividad política o de gobierno debería operar mediante este principio.

Toda la actividad humana se supedita a la acción política, estamos subordinados a la acción ejercida políticamente mediante el Estado, y partir de eso determinamos nuestra vida.

No podemos ir contra nuestra naturaleza política, todos somos animales políticos, por lo tanto operamos en el plano de lo político y esto implica la acción y no la contemplación en la polis o el cuerpo social.

Fragmento de Filosofía Política Clásica de Jorge Gómez A.

Bibliografía:
- La Metafísica, Aristóteles, Madrid, Colección Austral, 2000
- Política y Filosofía práctica, Hennis Wilhelm, Buenos Aires, Editorial Sur
- Reivindicación de la razón práctica, Cruz Cruz, Juan.
- Historia de la Teoría Política, Vallespín, Fernando, Madrid, Alianza Ed., 1993

De nada sirven los pianistas sin piano...

Capital social versus mérito.

Mucho se ha hablado de la "meritocracia" como factor esencial para el surgimiento de una verdadera sociedad de oportunidades, más inclusiva, pero poco se ha considerado que la base de ello, es el desarrollo de capital social equitativo.

El capital social indefectiblemente envuelve la idea más bien vaga de meritocracia -es decir, la competencia en base al mérito- porque es éste el que facilita las redes, herramientas y prácticas que permiten el desarrollo del mérito, su exposición y valoración; y en definitiva permiten competir en igualdad de condiciones a los sujetos.

El concepto de capital social opera en torno a dos dimensiones, interrelacionadas:

1) La posibilidad de movilización de determinados recursos por parte de un grupo social determinado, ya sea un grupo etáreo, racial, cultural, político, productivo, religioso.

2) La estructura de redes de relaciones sociales entre grupos sociales diversos, donde operan los sujetos.

Ambas dimensiones son dependientes una de la otra, puesto que la existencia de mayores redes sociales, permite una mayor movilización de recursos, ya sea para un individuo o un grupo determinado, en base a relación a nivel de grupo -bonding-, a nivel de grupos similares (bridging) o entre grupos de distintos campos (linking)1.

En general, todos los grupos sociales funcionan en base a 3 conceptos fundamentales: confianza, cooperación y reciprocidad. La última se basa en el intercambio, no en la lógica del mercado como explica Raúl Atria, sino más bien en una de favores.

Tengo dedos para el piano pero no capital social

La meritocracia no es posible si existen diferencias extremas en cuanto a capital social, y más aún si es éste último el que prima a la hora de seleccionar a un individuo para un puesto de trabajo o una beca de estudio, ya sea en una entidad privada o estatal.

Cuando esto ocurre, entonces, ya no podemos hablar de competencia, sino más bien de estructuras de favores ineficientes o simplemente clientelismo político. En definitiva, estamos ante una plutocracia.

Lo anterior, porque las asimetrías de información que se generan a partir de los desequilibrios en cuanto al capital social de los grupos, producen entonces accesos diferenciados a los recursos materiales y culturales que existen en cualquier sociedad, que terminan por sedimentar estructuras que inhiben las oportunidades de ciertos grupos y sus sujetos componentes.

Mientras se siga valorando el capital social del individuo -origen, apellidos, redes sociales, etc- por sobre sus propias capacidades individuales, la meritocracia sólo será una palabra sin sentido.

1. Michael Wolcock, 1998.

Responsabilidad Social no caridad...

La Responsabilidad Social es un concepto más bien vago, que aún no tiene una definición consensual clara, ni en su concepción misma ni en su aplicación práctica.

En la mayoría de los casos en Chile, las empresas y las personas, la confunden con la autopublicidad, el respeto de las normas, o la caridad. Muchas veces, por lo tanto, lo que se considera un acto de RS no es más que el respeto de la legalidad o un acto caritativo.

En términos generales, la Responsabilidad Social implica prácticas responsables, constantes en el tiempo, y no sólo en determinadas fechas o períodos, con respecto a todo nivel y campo de acción.

Por lo tanto, la caridad o el respeto de ciertas leyes, no es RS, sino que filantropía o buen marketing en cada caso.

Las prácticas responsables se basan en criterios sustentables y éticos, no sólo en términos medioambientales -con los que generalmente se asocia la RS- sino también sociales, y por ende laborales, culturales, contractuales y legales-.

Sociales, no en el sentido mal entendido y limitado que siempre se da a lo social, sino que entendiendo que la empresa, privada o estatal, como parte de la estructura social, favorece a otros elementos de ésta, pero simultáneamente se beneficia de éstos mismos.

Así por ejemplo, ninguna empresa, por poderosa que sea, puede funcionar sin hacer uso de la infraestructura vial de las ciudades -calles, carreteras- ni del capital humano disponible o de los recursos naturales. Es en éste usufructo donde la Responsabilidad Social debe aplicarse amplia y constantemente.

En Chile, y en toda Latinoamérica, la RS es deficiente, poco difundida y practicada, e incluso mal publicitada o entendida.

No sólo se producen fallas y descriterios a nivel medioambiental o en cuanto al manejo de remuneraciones, pensiones y salarios de los empleados, sino también en cuanto a acuerdos entre las propias empresas.

En base a esto, podríamos decir, que la Responsabilidad Social en cuanto a las empresas -estatales o privadas- tiene 3 niveles de falla o mejor dicho ausencia:

1- En cuanto a la relación de la empresa con la Sociedad en General (los ciudadanos): aquí se incluyen cobros excesivos o bajo amenazas y daños al medioambiente, por ejemplo, donde los ciudadanos en muchos casos, no tienen formas de castigar a las empresas contaminantes o abusivas.

2- En cuanto a la relación entre la empresa y su capital humano propio: aquí entran problemas en cuanto a bajos sueldos, atrasos en los pagos, malas condiciones laborales, sanitarias y de seguridad, fallas en los contratos, ya sean estos bajo subterfugios legales o simplemente la no existencia de éstos, despidos injustificados, etc.

3- En cuanto a la relación entre empresas: en este nivel se incluyen abusos, incumplimientos de contrato o pagos, por parte de empresas más grandes sobre otras menores, medianas o pequeñas. Estos casos, son sumamente frecuentes y las empresas perjudicadas no tienen forma de defenderse, aún cuando puedan llevar a cabo acciones legales. Incluso muchas quiebran por esas acciones de competencia desleal.

La falta de Responsabilidad Social, se da en los tres niveles y frecuentemente, en Chile y en todo el resto del continente. Peor aún, muchas empresas justifican éstas prácticas poco éticas, escudándose en acciones solidarias sumamente publicitadas o en la cantidad de recursos del Estado -en el caso de empresas estatales-. En la mayoría de los casos, el justificativo más usado es que todos los demás lo hacen.

Lo anterior afecta profundamente el capital humano, y de recursos, inhibe la competencia y genera vicios en todo el sistema social.

Así, una sociedad realmente desarrollada y transparente, surge en base a prácticas sociales, económicas y políticas éticas, y no sólo en sus niveles de crecimiento económico.

Fujimori, candidato Transnacional

Toda la polémica en torno al expresidente peruano, Alberto Fujimori, se ha desarrollado en base a su condición de extraditable o no, pero poco caso se ha hecho a su nueva condición de candidato transnacional.

Fujimori no provenía de las clases dominantes tradicionales peruanas, ni tampoco tenía un historial como hombre de algunos de los partidos históricos del Perú.

Sin embargo, en 1990, al parecer, supo canalizar y capitalizar de mejor forma, las demandas sociales y políticas que existían en un contexto de clara crisis de representación, donde su principal arma fue, no representar a ningún partido.

Esa irrupción en la política, marcó una primera ruptura con una lógica frecuente en ésta -aquella de que los hombres del partido, son los profesionales políticos- y el carácter de sus 3 gobiernos, y el desarrollo de su carrera en general.

Fujimori, no se circunscribía a ninguna lógica partidaria, política y tampoco ideológica, en su actuar político ni en sus decisiones como presidente.

Era en términos estrictos un transfuga político, un presidente sin partido, que podía prescindir de estos, y de hecho lo hizo durante su segundo mandato, o los utilizaba en forma calculada, según las necesidades de su personal gobierno.

Ahora, el expresidente peruano parece aplicar la misma lógica al querer presentarse como candidato a senador por el Nuevo Partido de los Ciudadanos (NPC) en Japón.

Ya no es sólo un tránsfuga político-ideológico partidario, sino también un tránsfuga estatal, más bien un político transnacional.

Su historia política parece no tener raíces de ninguna índole, excepto una relacionada con el discurso cinematográfico del héroe nipón, que hoy usa a su favor. El Kamikaze, el samurai.

Fujimori, al parecer, no tiene partido, ideología y tampoco tiene bandera. Quizás, en unos años más sea alcalde de Santiago.

Gran poder autoritario ¿Desde dónde?

Un artículo de Foreign Affairs titulado The Return of Authoritarian Great Powers, plantea que Rusia y China pueden mostrarse como una alternativa a la modernidad que abandona la democracia liberal.

Se indica que la democracia liberal, actualmente, enfrenta dos problemas esenciales; el fundamentalismo islámico -considerado el problema menor- y el surgimiento de, según el autor, regímenes no democráticos, caracterizados por un capitalismo autoritario.

Lo clave es que dice que ésto último, operó en forma predominante antes de 1945 -en Alemania y Japón- y que actualmente estaría desarrollándose en China y Rusia.

Al parecer, el autor trata de establecer una distinción a la usanza de la Guerra Fría entre el mundo "democrático" y el "autoritario", basándose en criterios este-oeste.

Pero, la tarea se le hace difícil porque en ese proceso, no puede obviar las complejas relaciones de interdependencia económica y política que actualmente existen entre los diversos centros de poder y que son muy distintas a las que existían durante el conflicto bipolar.

Más aún, el autor no logra distinguir el capitalismo autoritario del no autoritario -si es que existe la diferencia-.

En términos políticos, parece que el capitalismo autoritario existente en Japón y Alemania antes de 1945, se caracterizaba por una política exterior unilateral en términos militares y políticos. En cuanto a lo económico, tendría una fuerte impronta proteccionista, no acatando las medidas internacionales, y ejerciendo fuertes restricciones a la competencia externa en su mercado interno.

En términos generales, el capitalismo autoritario tendría la pretensión de desarrollarse como un poder monopólico, claramente imperialista y por ende autoritario.

Considerando todo esto ¿Dónde realmente está ubicado el capitalismo autoritario?

Quizás ya es tiempo de mirar hacia el mismo Occidente.

Lean La ética actual es la de la no-ética

Jueces sin juicio

En el último tiempo, varios fallos judiciales han estado rodeados de polémica, por su carácter irrisorio, contradictorio, injusto o simplemente ridículo.
No es objeto de este artículo, nombrar todos los fallos cuestionables, pero es necesario recalcar que estos no sólo han tenido relación con procesos judiciales de orden penal, sino también civil, como fallos de divorcio efectuados en horas, que rayan en los burlesco y burdo.
Los fallos risibles, además de clara y totalmente faltos de juicio, hace tiempo se han hecho pan de cada día en la prensa. El riesgo es empezar a naturalizarlos.
La justicia está desquiciada
Sí, la justicia está desquiciada en general. Pareciera que los encargados de aplicarla, han perdido lo más importante para ello, el juicio a todo nivel, desde las más altas esferas de éste poder del Estado, hasta los funcionarios más básicos.
Hace tiempo que los criterios "justos y legales", sobre todo en términos penales, parecían haberse esfumado, dejando libres desde borrachos conductores-asesinos de apellidos de elite y autos caros hasta ladrones de poca monta ultra-reincidentes.
Lo raro, es que hasta hace poco, parecía que nadie se espantaba, o por lo menos en las clases políticas no lo hacían. La gente común y corriente, los que ven las noticias a diario, si se dieron cuenta.
Ahora, ante el último y nuevamente polémico fallo, las clases políticas se han mostrado espantadas ante el poco criterio de los jueces, y se muestran como si hubieran descubierto América en este sentido.
Pero todo esto, tiene un uso político en este nivel -de clase política- porque a pesar del estupor y espanto mediático de algunos políticos, el Poder Judicial, tan desquiciado actualmente, funciona con leyes que crean miembros del Congreso, es decir, los mismos políticos.
La relación entre ambos poderes es simbiótica, la locura entonces, se ha traspasado a todo el poder. El poder esta desquiciado.
La frase: "los jueces son un peligro público..." se debería cambiar por "los jueces y los políticos viven en la dimensión desconocida".

La paz ¿En base a dos colombias?

La fractura en Colombia -cuyas raíces se remontan a los inicios del siglo XX- parece estar naturalizada, tanto para el Estado de derecho colombiano, como para las zonas controladas por las Farc.

La división, originada en las pugnas entre las elites políticas y terratenientes colombianas con la Guerra de los Mil días y agudizada posteriormente con el surgimiento de nuevos actores -a partir de los grupos de autodefensa campesina creados durante la llamada Ofensiva- a mediados de los 50´como las Farc y los grupos paramilitares, se ha vuelto casi irreversible.

Todo esto ha tenido un costo invaluable, la vida de miles de personas, colombianos y colombianas en términos genéricos, de ambos "sectores" si se puede decir así.

Ningún tipo de intervención, ya sea militar, política, económica, religiosa, ha logrado soldar la fractura que vive el pueblo colombiano, y que lo divide entre el Estado reconocido como tal en la comunidad internacional y los territorios controlados por las Farc -que han sobrevivido a 11 gobiernos-.

En Colombia al parecer existen dos colombias en guerra, y en medio del fuego cruzado, la sociedad civil, el pueblo.

La solución del conflicto no se reduce al aumento de la violencia estatal contra las Farc, sino a responder a otras causas, políticas y sociales que han mantenido las hostilidades y al país dividido por más de cincuenta años.

Quizás, establecer dos estados colombianos, autónomos uno del otro, sería una solución al largo plazo razonable, una clave para establecer la paz definitiva para un pueblo profundamente fracturado.

Lo más importante es la voluntad de quienes tienen el poder de respetar los acuerdos.

Patrimonialización del delito

La delincuencia es un problema grave, profundo, que afecta en todo nivel y momento a la sociedad. Es un tema que envuelve aspectos legales, sociales, políticos, económicos y culturales.

Las estadísticas en cuanto al delito, varían sustancialmente, en muchos casos indican que las denuncias aumentan, en otros, que la aplicación de la ley es deficiente, y el número de reincidentes es considerable, por lo que el sistema penal no está cumpliendo su objetivo, castigar y reinsertar.
Ninguna política de "mano dura" por si sola logrará acabar con la delincuencia si no se toma en cuenta otro factor, tan o más importante que el punitivo, la prevención del delito.
Existe la noción errada, de que prevenir consiste solamente en la mayor dotación policial y la constante vigilancia.

Sin embargo, la prevención del delito, considera y debería considerar la potencial población que está en riesgo de caer en éste, los niños en riesgo social.
El problema central de la delincuencia, es la patrimonialización del delito, entendida como la rutinización de éste, y su internalización en la vida de muchas familias.
El habitus delictual se naturaliza y se vuelve un patrimonio simbólico, histórico y familiar transferible.

Es decir, por generaciones el delito se vuelve un acto hereditario en términos de identidad social y como un elemento de cohesión entre padres, hijos y abuelos. El delito ya no es en muchos casos por necesidad, sino por herencia cultural e identitaria.
Para disminuir la delincuencia, no basta crear más cárceles, ni generar penas más duras, se requiere una Política de Estado profunda, que intervenga a nivel transgeneracional en la estructura patrimonial del delito, rompiendo con ella.

Sólo centrar la lucha contra la delincuencia en base a la "mano dura" -que es necesaria- sería como tratar de sacar el agua del mar.

La paz Kantiana es imposible con despotismo

En La paz perpetua, uno de los tratados sobre la guerra y la paz más importantes de la Teoría Política, Kant plantea que sólo se puede asegurar la paz incrementando el imperio de la ley a nivel de las relaciones entre los Estados.

Para ello, debe existir una condición esencial: que sean los ciudadanos -y no un individuo o una élite en particular- los que decidan sobre la guerra o la paz.

Para Kant, la personalización o la elitización de las decisiones en cuanto al conflicto, ponían a la ciudadanía a un paso del despotismo.

"Un líder de la paz, que encarnara en su propia persona la responsabilidad de la administración y el ejercicio internacionales de la justicia, se convertiría rápidamente en un déspota." (Munkler, 2004).

En la Paz Perpetua, la ley y el orden depende de la tendencia hacia un equilibrio de poder entre los Estados, que en definitiva asegura la paz y la seguridad de todos y no de algunos.

Hoy, a nivel internacional existe una especie de no imperio de la ley, ni equilibrios de poder, y menos soberanía ciudadana en las decisiones concernientes a la guerra y la paz.

Así, la legalidad y los procedimientos en que se enmarcan los ejércitos regulares y los Estados, parecen no cumplirse durante las ocupaciones o acciones militares; Los organismos internacionales no han sido considerados instancias de decisión válidos, ni antes ni después de iniciar las operaciones bélicas; y aún cuando el apoyo a la guerra por parte de la gente va en picada, los líderes y las elites de algunos países, parecen no escucharlas en ningún momento.

Hoy, parece que la encarnación del despotismo, al que tanto temía Kant, se ha materializado claramente en una elite política y económica, que ha centrado su interés particular y no el bien común, en una guerra a la que parecen no querer ponerle fin en el corto plazo, y que sin embargo no ha presentado resultados positivos de ninguna índole y sigue teniendo objetivos vagos en el tiempo.

Los últimos hechos acaecidos en Londres pueden indicar dos cosas con respecto a esto:

1) Que la ocupación de Irak, y la llamada Guerra al Terrorismo, ha sido un total fracaso debido su génesis carente de decisiones colectivas y consensuadas, basada en una concepción errada en sí, y a la falta de claridad con respecto a qué o quiénes son los enemigos y los objetivos a cumplir.

2) Que las tropas deben seguir para realmente vencer en ésta Guerra, porque aún existen grupos "terroristas" diseminados por el mundo.

Quizás, antes de responder, sería bueno recordar que Kant consideraba que la Paz Perpetua era posible en sociedades que respetan a otras, y que respetan la ley en todo momento.

La base sería una política multilateral, basada en la cooperación y no en imperativos unilaterales.